Evento de socialización de la propuesta de política del oro. Foto: CEDLA
En el marco del Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se realiza en Rurrenabaque y San Buenaventura, el CEDLA presentó una propuesta de política integral del oro, que incluye el cobro de más regalías, beneficios para las comunidades y supresión del mercurio como método de extracción.
La propuesta fue socializada la noche de este jueves en Rurrenabaque en presencia de representantes de la sociedad civil. Si impulsor, el investigador Alfredo Zaconeta, en diálogo con Sumado Voces, parte del criterio de que “la realidad es innegable porque este crecimiento (de la extracción del oro) la hemos visto en los últimos 10 años y, pese a los cuestionamientos, se ha quintuplicado en beneficio de los cooperativistas, con daños ambientales, efectos sociales y tributos ínfimos para el Estado”.
Frente a eso, el CEDLA plantea una política integral que considere el aspecto tributario, ambiental, territorial y el rol del Estado.
Y, el rasgo diferenciador es que involucra a las comunidades como beneficiarias de los ingresos y como operadoras de la minería, pues en la actualidad sólo son considerados como tales el estado, las empresas privadas y las cooperativas.
Lo tributario: más ingresos con una nueva distribución
La propuesta incluye una alícuota única de regalías mineras para el oro sobre la base del 14% y no aplicar los porcentajes diferenciados que están en la actual ley minera, donde unos pagan 7%, otros 5% y otros 2,5%.
Al respecto, Zaconeta señala que: “La ley dice que se paga un 7% de alícuota si la cotización es igual o mayor a $US 700 y la cotización actual ya ha sobrepasado los $US 2.400. Además, las cooperativas pagan el porcentaje mínimo (2,5%) alegando que extraen oro marginal”.
También debería establecer un nuevo sistema de distribución de la regalía minera que considere un porcentaje para las comunidades donde se explota el oro. Actualmente, las regalías se distribuyen entre las gobernaciones (85%) y los municipios (15%). Asimismo, tendría que definir los criterios de uso y la forma de fiscalización de esos recursos.
“Las comunidades demandan un porcentaje de la regalía minera, porque ahora no se ven beneficiadas. Además, piden que se establezca cómo tendría que utilizarse dado que, muchas veces, no se reinvierte en factores medioambientales ni sociales de las comunidades sometidas a la explotación minera”, dice Zaconeta.
Finalmente, debería establecer el pago del impuesto a las utilidades de las empresas para las cooperativas mineras auríferas, como pagan otros operadores mineros (estatal o privado) de acuerdo a la ley tributaria. Por ejemplo, por concepto de impuesto a las utilidades pagan un 25% y si las cotizaciones son altas se aplica una alícuota adicional del 12,5%, es decir, que estos operadores llegan a pagar un 37,5% de sus utilidades, hecho que no sucede con las cooperativas auríferas porque están exentas del pago de impuestos.
“También se debería eliminar la subvención al combustible destinado a la actividad minera, porque gran parte de esta explotación se está dando de manera ilegal en la Amazonía”, apunta el investigador.
En lo ambiental: tecnología amigable y mitigación
En este punto, el CEDLA plantea tres lineamientos. El primero, que una política integral debería establecer métodos metalúrgicos para la explotación y el tratamiento en la obtención de oro con tecnología amigable con el medioambiente que permita sustituir el uso del mercurio.
El segundo, profundizar la aplicación del Decreto Supremo 4959, del Registro Único de Mercurio (RUME), para que no solamente se controle el ingreso y la salida, sino también la comercialización del mercurio destinado a la minería.
El tercero, que el Estado, a través del Gobierno, las gobernaciones, los municipios y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), establezca un dominio sobre las colas y los desmontes que están generando las operaciones mineras auríferas en la Amazonía, para un tratamiento de mitigación en estas zonas, pero, a la vez, que también permita recuperar el oro que contienen estas colas.
“Las colas que dejan las operaciones mineras apenas llegan a aprovechar el 60% del oro, y en el pasivo ambiental que dejan quedaría un 40%. Entonces, con la recuperación de ese oro se podría financiar la mitigación”, señala Zaconeta.
¿Qué aspectos territoriales y sociales se deben considerar?
Una política integral del oro debería delimitar las áreas destinadas a la explotación minera aurífera, es decir, establecer qué áreas están prohibidas y cuáles habilitadas, indica la propuesta. Si bien la Ley 535 establece restricciones al respecto, en la realidad no se aplican.
La política también debe plantear una nueva caracterización de los operadores involucrados en la actividad minera. Hay que establecer quiénes son empresas, quiénes cooperativas, pero, además, se debe reconocer a otros actores que están invisibilizados y, por lo mismo, no son considerados legales, como los barranquilleros y poceros.
Barranquillero en Teoponte, en el departamento de La Paz. Foto: CEDLA.
Según Zaconeta, “para ellos se debería establecer algún tipo de áreas o superficies que puedan trabajar libremente. En este momento, la actividad minera de las cooperativas hace que estos actores sean desplazados o subcontratados sin ningún derecho laboral, ni beneficio, al margen de las horas que se les cede para explotar un área específica”.
La propuesta indica que se debería reconocer al actor comunitario como operador minero. Si bien la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce, bajo el modelo de economía mixta, al operador estatal, privado, cooperativo y comunitario, en la parte referida a la minería sólo reconoce a tres: estatal, privado y cooperativo. Esto ocasionó que comunidades que quieren trabajar la minería se organicen en cooperativa para hacerlo de forma legal.
“Se debería plantear un reconocimiento o hacer una enmienda en la CPE, y luego perfilar el rol de este operador para disputar el dominio que tienen las cooperativas mineras en la explotación de oro”, comenta el investigador.
¿Y el rol del Estado?
Zaconeta sostiene que se debería buscar que la Comibol, a través de la empresa productiva y comercialización del oro (EPCORO) COFADENA, exploten oro en sus áreas para que ellos también tengan un rol productivo y desplacen el dominio que tienen las cooperativas.
En esa línea, agregó, el Estado debería crear una refinería para tratar el oro y después pasarlo al Banco Central de Bolivia para su atesoramiento con las reservas internacionales. Además, el Estado tendría que ejercer el dominio pleno y centralizar toda la comercialización y exportación de oro. A nivel subnacional, una política integral del oro tendría que otorgar facultades para la fiscalización a los gobiernos departamentales y municipales para que coadyuven en el control de esta actividad. La minería se ha diseminado tanto que es muy difícil que el Estado central llegue a fiscalizar a cabalidad esta actividad en todo el país
Mira el programa con voces por la Amazonía, en el que el investigador del CEDLA explica esta propuesta:
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