CEDLA
El sobredimensionamiento de las plantas de Vinto y Huanuni es una muestra de la ausencia de políticas y planificación por parte de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) para reactivar la minería estatal en Bolivia, lo que deja el futuro del sector en manos privadas, según estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
El restablecimiento del rol protagónica del Estado en la minería ha estado desde 2006 en el plan de gobierno del MAS que, a lo largo de sus últimas gestiones, ha asegurado que ese objetivo ha sido cumplido. Sin embargo, esa meta está lejos de ser alcanzada, aseguró el 30 de noviembre el investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, durante el ciclo de Diálogos “Políticas Públicas y Desigualdades: Un balance necesario”, organizado por ese centro de estudios en Potosí.
“El discurso del Gobierno es que el Estado ha recobrado su rol en el sector minero, pero los datos y la información oficial muestran lo contrario”, sostuvo el experto.
Un ejemplo es la participación del sector estatal en la producción minera del país, que entre 2006 y 2021 apenas aumentó de 0,8% a 6%, siendo que incluye a importantes empresas como Huanuni, Colquiri y Coro Coro, a las metalúrgicas de Karachipampa y Vinto, a la siderúrgica del Mutún y a Yacimientos del Litio Bolivianos, entre otras. El sector cooperativo, por su lado, aumentó su participación de 44,9% a 57% y el sector privado la redujo de 54,3% a 36%.
Este resultado no está en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, que sostiene que en ese período ya se tendrá “empresas mineras estatales que han logrado maximizar la producción”.
La tendencia va en dirección contraria. En 2021, la producción de Colquiri (zinc) se desplomó de 17.510 a 9.973 toneladas, la de Huanuni (estaño) de 8.928 a 6.378 toneladas y la de Vinto (estaño metálico) de 12.043 a 10.274 toneladas. Lo mismo sucede en el empleo minero, ya que el estatal se incrementó de 4.726 a 5.786, la mediana creció de 3.850 a 4.780 y la chica bajó de 2.550 a 2.086, mientras que el número de cooperativistas se expandió de 54.200 a 129.410, una muestra de que el Gobierno “es incapaz” de generar fuentes de trabajo en este sector.
“El gran problema que tenemos los bolivianos es que estas políticas que tienen que dirigirnos hacia otro desarrollo no funcionan”, lamentó Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), organización que fue parte del diálogo en Potosí.
“Siendo el primer productor de minerales a nivel nacional, Potosí se encuentra muy desprotegido por las leyes del sector. La corrupción está en su máxima expresión, las regalías son muy bajas y nuestros metales raros salen sin control ni beneficio para el país. Todo esto va en desmedro de que este departamento tenga mejores ingresos”, indicó.
Y con la menor producción estatal, además, no se justifican las millonarias inversiones que se realizaron en los últimos años para ampliar la capacidad de procesamiento de diversas plantas estatales, como el horno Ausmelt ($us 39,4 millones) en Vinto y el Ingenio Lucianita ($us 50,3 millones) en Huanuni, que aún no funciona pese a que se entregó en 2015.
El horno Ausmelt, por ejemplo, puede procesar 18.000 toneladas métricas finas, pero desde su entrega en febrero de 2015 no ha llegado a trabajar al 100%. Esto porque la producción total de estaño en el país no supera las 19.000 toneladas, mientras que la fundidora estatal tiene una capacidad total próxima a las 30.000 toneladas. Eso sin contar la demanda de la fundidora privada OMSA, que demanda 3.000 toneladas de ese mineral.
A esta situación, se suma la deuda de más de $us 120 millones que arrastra Vinto y los $us 253,5 millones que la fundidora y el Estado deben pagar como indemnización a Glencore, elementos que profundizan la crisis financiera de esa empresa.
Una explicación para tener toda esta capacidad de producción ociosa es que los yacimientos de estas empresas están en declinación y que “no hay nuevos proyectos de prospección y exploración para el desarrollo de nuevos proyectos mineros de estaño en el sector estatal”, dijo Zaconeta.
Y el horizonte no se ve diferente, ya que los proyectos que pueden aumentar la producción minera y propiciar el descubrimiento de nuevas reservas están en manos privadas, ya sea transnacionales o cooperativas que operan en alianza con inversiones extranjeras. “El futuro de la minería boliviana está en manos privadas. En este sector están los yacimientos más importantes, como San Vicente, San Cristóbal y San Bartolomé, así como 17 proyectos de prospección y exploración con inversión canadiense. La minería estatal sigue relegada”, apuntó Zaconeta.
“Son necesarios muchos cambios (…). Necesitamos la presencia del Estado en todos los ámbitos, pero éste sigue con una idea retrógrada: no impulsa, no proyecta, no fortalece y, por lo tanto, tenemos un país en déficit, sin crecimiento ni desarrollo. El Estado es el primero que tiene que realizar un cambio de 180 grados para que nosotros nos fortalezcamos en estas áreas importantes”, aseveró Graz.
Los Diálogos “Políticas Públicas y Desigualdades” incluyen un balance social de la pobreza, las desigualdades y el empleo; abordan el fin del ciclo del gas; y evalúan los impactos económicos y sociales de la política minera y de la política agraria. Contemplan, igualmente, exposiciones sobre la situación y perspectivas en el país de la política de industrialización con sustitución de importaciones; sobre la seguridad alimentaria; sobre los proyectos de zinc, mutún y litio; y sobre la macroeconomía y las economías ilícitas.
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