Cátedra Bolivia realizada en Sucre. Foto portada: Walter Limache
La construcción del Estado Plurinacional no fue una concesión política ni una decisión surgida de un momento coyuntural, sino el resultado de casi dos décadas de movilización, propuestas y resistencia de los pueblos indígenas que buscaron transformar un país que durante décadas ignoró su diversidad cultural, territorial y política. Esa fue una de las principales conclusiones del segundo módulo de la Cátedra Bolivia, organizada por la Red UNITAS, donde líderes indígenas, académicos y exautoridades reflexionaron sobre el proceso constituyente y los desafíos de una eventual reforma constitucional.
Durante el encuentro, realizado el 30 de junio en Sucre, los expositores coincidieron en que la Constitución Política del Estado de 2009 representó un cambio histórico al reconocer que Bolivia no está conformada únicamente por las ciudades y las estructuras tradicionales de poder, sino también por decenas de pueblos indígenas con identidades, idiomas, formas de organización, sistemas de justicia y modelos de gobierno propios.
La dirigente guaraní Marisol Solano recordó que las demandas indígenas no nacieron con la Asamblea Constituyente, sino mucho antes. Explicó que desde finales de la década de 1970 los pueblos indígenas de tierras bajas comenzaron a organizarse para exigir el reconocimiento de sus territorios y de sus derechos colectivos.
Uno de los hitos más importantes fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, cuando cientos de indígenas caminaron desde la Amazonía hasta La Paz para exigir que el Estado reconociera su existencia y sus territorios. Aquella movilización abrió un proceso que continuó con nuevas marchas y demandas durante más de una década.
Solano señaló que comprendieron que el problema no era solamente la falta de reconocimiento de sus territorios, sino que el propio Estado estaba construido sobre bases que negaban la existencia de múltiples pueblos y naciones. «Era necesario construir un pacto político que reconociera que Bolivia estaba conformada por diversos pueblos y naciones con identidad, historia, instituciones y derechos propios», dijo.
Walter Limache, coordinador del Programa Nina de la Red UNITAS y actor del proceso constituyente, sostuvo que la demanda de una nueva Constitución surgió como respuesta a un modelo estatal que excluía a los pueblos indígenas y profundizaba las desigualdades. Explicó que las organizaciones indígenas y campesinas decidieron que ya no bastaba con frenar leyes que afectaban sus derechos, sino que era necesario cambiar las reglas fundamentales del país.
«Los pueblos indígenas demandaban al Estado el reconocimiento de sus derechos. La marcha de 2002, durante el gobierno de Tuto Quiroga, fue clave porque se logra incluir la necesidad de modificaciones a la CPE», sostuvo.
Según Limache, el Estado Plurinacional nació del reconocimiento de que Bolivia es una sociedad diversa, integrada por distintas naciones y pueblos con derecho a la autodeterminación, al autogobierno y al control de sus territorios. Entre los principales avances identificó la incorporación de las autonomías indígenas, la democracia comunitaria, los derechos colectivos y el reconocimiento de la justicia indígena originaria campesina.
Sin embargo, advirtió que varios de esos logros aún no se han concretado plenamente y enfrentan obstáculos institucionales. Citó como ejemplo las dificultades para consolidar las autonomías indígenas y las limitaciones que persisten para el ejercicio efectivo de la justicia comunitaria.
Por su parte, el politólogo José Luis Exeni afirmó que el pacto constituyente de 2009 intentó resolver dos problemas históricos del país: la exclusión de los pueblos indígenas y el excesivo centralismo estatal. El resultado fue la creación de un modelo que reconoce la coexistencia de múltiples culturas, sistemas jurídicos y formas de democracia dentro de un mismo Estado.
“Cuando hablamos de Estado Plurinacional hablamos de un Estado que reconoce la diversidad. Un Estado con muchas culturas, muchas formas de democracia y distintos sistemas de justicia”, explicó.
No obstante, Exeni señaló que existe una brecha significativa entre lo que establece la Constitución y su aplicación real. Mencionó que varias normas posteriores limitaron el alcance de derechos reconocidos en la Carta Magna, entre ellos la justicia indígena y las autonomías.
Frente al debate actual sobre posibles reformas constitucionales, los participantes coincidieron en que cualquier modificación debe partir de una amplia deliberación ciudadana y no de intereses políticos coyunturales.
La coincidencia central fue que existen aspectos del funcionamiento estatal que pueden ser revisados y mejorados, especialmente en la distribución del poder y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, también remarcaron que los pilares que dieron origen al Estado Plurinacional —el reconocimiento de la diversidad cultural, los derechos colectivos, las autonomías indígenas, la democracia intercultural y el pluralismo jurídico— constituyen conquistas históricas que no deberían ser eliminadas.
A casi dos décadas de la promulgación de la nueva Constitución, los panelistas enfatizaron en que el debate ya no gira únicamente en torno a qué debe cambiar, sino también sobre qué principios deben preservarse para evitar que Bolivia retroceda en el reconocimiento de los pueblos que durante años lucharon para ser parte plena de la historia nacional.
