Caso Adepcoca: ANPB y APLP califican de «hostigamiento» los requerimientos fiscales contra periodistas

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Rodolfo Huallpa

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron un comunicado conjunto para rechazar los requerimientos fiscales expedidos contra varios periodistas, entre ellos Galo Hubner, director de radio FM Bolivia, y Eliana Ayavri, directora de radio Yungas, por sus coberturas al conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca).

“La ANPB y la APLP rechazan el hostigamiento del Ministerio Público a la directora de radio Yungas y al director de radio FM Bolivia y periodistas de estos medios de comunicación”, se lee en el comunicado que desacredita estos requerimientos por su “flagrante contravención” a las normas que regulan la actividad periodística en el país, entre ellas la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística.

La fiscal Odalis Peñaranda expidió en pasados días requerimientos para que los periodistas de estos medios entreguen listas de entrevistados, fotografías y copias de reportes periodísticos de lo ocurrido en Coripata entre el 3 y 6 de julio, cuando se produjo un enfrentamiento entre productores de coca y policías por una asamblea de Adepcoca y en el que falleció un efectivo de la institución del orden.

“Los gremios periodísticos de mayor vida institucional en el país hacen notar a la fiscal Peñaranda que proteger la identidad de las fuentes informativas es un derecho de los periodistas, que se ejerce cuando la información así obtenida garantiza el derecho a la información de sus titulares, que son las personas y fortalece el debate público en el Estado Constitucional de Derecho”, menciona el comunicado conjunto.

Por último, la ANPB y la APLP califican como una “clara actitud de amedrentamiento y presión” estos requerimientos y cuestionan que la fiscal se exceda en sus funciones “sin la reflexión necesaria”. Ayer se conoció que la fiscal dejó sin efecto los requerimientos y citaciones en contra de los periodistas.

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