Camacho, Añez y Pumari, a un paso de obtener su libertad: Fotos: Gentileza APG
Luego de la derrota electoral del MAS, la suerte de los detenidos por los hechos de 2019 ha cambiado radicalmente.
El gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, obtuvo detención domiciliaria con derecho a retomar sus funciones oficiales en los dos casos en los que está acusado: Golpe 1 y paro de 36 días por el censo.
El exdirigente cívico de Potosí, Marco Pumari, ya tiene mandamiento de libertad por el caso Golpe 1 y va camino a Potosí, donde comparecerá en una audiencia por el caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental de ese departamento. Se prevé que también obtendrá libertad en esa causa.
La expresidenta Jeanine Añez, que está acusada en nueve casos, se mantiene detenida únicamente porque tiene una sentencia de 10 años de prisión en el denominado caso Golpe II, a la espera de que un tribunal anule el fallo para derivarla a un juicio de responsabilidades.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un instructivo exigiendo a los jueces que se revise si los ciudadanos Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Jeanine Añez cumplieron los plazos de sus detenciones preventivas. En caso de que así fuera, se instruyó aplicar el procedimiento establecido en la ley; es decir, su liberación para que asuman defensa en libertad.
Entre tanto, las víctimas de Sacaba y Senkata denuncian impunidad e indefensión, pero también instrumentalización política por parte del gobierno del MAS.
Camacho de vuelta a casa
Este miércoles, Camacho fue beneficiado con detención domiciliaria luego de constatarse que los plazos de su detención preventiva, por el caso 36 días de paro, excedieron los límites permitidos.
“Disponiendo que Luis Fernando Camacho Vaca, asuma su defensa en detención domiciliaria, debiendo cumplir las siguientes condiciones dentro del plazo de 5to día hábil”, dictó el juez esta tarde.
Además de la detención domiciliaria, la autoridad también ordenó arraigo para Camacho y obligatoriedad de presentarse a la Fiscalía una vez al mes. Como parte de las medidas sustitutivas, también deberá depositar una fianza de Bs 50.000 que será usado únicamente en caso de fuga.
La jornada pasada, Camacho y Pumari asistieron a su audiencia por el caso Golpe 1, en el que la justicia decidió levantar la detención preventiva para ambos. Pumari recibió libertad pura y simple, pero el gobernador electo de Santa Cruz cambió su medida preventiva por una cautelar: detención domiciliaria.
Con la resolución en ambos casos que lo mantenían preso en La Paz, la autoridad departamental podrá retornar a Santa Cruz en los próximos días.
Marco Pumari en Potosí
Si bien el excívico Marco Pumari ya tiene su mandamiento de libertad por el caso Golpe de Estado 1, aún tiene pendiente otra detención preventiva, la cual espera que se levante el viernes en Potosí donde será la audiencia respectiva.
En el segundo proceso, Pumari está siendo sometido a juicio por la quema y destrozos del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí en el conflicto poselectoral de 2019.
Su abogado, Diego Gutiérrez, informó que este viernes es la audiencia de cesación de la detención en la ciudad de Potosí, donde considera que el excívico también debe recibir su libertad.
La mañana de este miércoles, la Policía sacó a Pumari de la cárcel de San Pedro para llevarlo al penal de Cantumarca en Potosí, donde esperará su nueva audiencia.
Si bien ambos procesos continúan su rumbo, el abogado espera que terminen con una declaratoria de inocencia a favor de Pumari.
Anunció que, con la declaratoria de inocencia, activarían los procesos para tener el resarcimiento de los daños.
Jeanine Añez a la espera de una anulación
La defensa de Jeanine Añez informó este miércoles que, de nueve procesos ordinarios contra la exmandataria, sólo impide su libertad por ahora la sentencia de 10 años de cárcel que recibió en el caso denominado Golpe de Estado II. De todas maneras, espera que esta condena se anule en cuestión de días en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Estos son los casos contra Jeanine Añez y su estado, según su abogado Luis Guillén.
Caso Golpe de Estado I: Añez fue detenida por este proceso en 2021. Se abrió el caso debido a los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, el tribunal del caso apartó a la expresidenta de este juicio en 2024.
Caso Golpe de Estado II: La expresidenta fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada por asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019. El abogado Guillén informó que está en curso un recurso de revisión extraordinaria contra la condena y se espera la decisión del TSJ.
“Esperamos que en los próximos días el Tribunal Supremo de Justicia pueda estarse pronunciando. Se reúnen los elementos, vulneraciones a los Derechos Humanos, fallos y precedentes contradictorios a efectos de invalidar esta sentencia”, explicó el jurista.
Caso Senkata: Añez está acusada de genocidio por las muertes en El Alto en noviembre de 2019, durante un operativo policial y militar. El pasado lunes, el tribunal del caso decidió anular el juicio ordinario y determinó que le corresponde juicio de responsabilidades como expresidenta, ordenando su libertad.
Caso Sacaba: Similar al caso Senkata, Añez enfrenta cargos por las muertes de noviembre de 2019 en el puente Huayllani. El viernes habrá una audiencia donde el juzgado de Sacaba podría declararse incompetente y derivar a la expresidenta a juicio de responsabilidades. En este caso, Añez tiene detención domiciliaria, pero de todas maneras la defensa espera que se levanten las medidas cautelares.
Caso EBA: En este proceso se acusa a Añez por la designación presuntamente ilegal de una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). En abril de este año, el tribunal del caso anuló el juicio ordinario y lo remitió a juicio de responsabilidades.
Caso Jet-Fuel: Añez fue acusada porque en 2020 dispuso vender Jet-Fuel a precio subvencionado para vuelos internacionales, en el contexto de la pandemia. Guillén explicó que en este caso no hubo medidas cautelares, dado que hubo una paralización en la tramitación.
Caso FMI: Añez fue denunciada por el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional en 2020, debido a un presunto daño económico. El caso también está congelado como el anterior, indicó el abogado.
Caso Fundempresa: Se denunció a Añez por ampliar a favor de Fundempresa la concesión del servicio de registro de comercio. Este caso está paralizado por las tramitaciones judiciales.
Guillén indicó que, de todas maneras, los casos Jet-Fuel, FMI y Fundempresa, deben pasar a juicio de responsabilidades, tomando en cuenta los precedentes que ya existen en otros procesos contra la exmandataria.
Caso libertad de prensa: Añez fue denunciada por un decreto emitido durante la pandemia y que fue criticado por supuestamente perseguir a quienes se expresaban contra la política sanitaria del Gobierno transitorio. Si bien existe una resolución de rechazo de esta denuncia, la defensa la toma en cuenta porque considera que debió revisarse la competencia y no tramitarlo como proceso ordinario.
Actualmente Añez se encuentra encarcelada en el penal de Miraflores de La Paz.
Víctimas de Sacaba y Senkata
Familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba denunciaron que la justicia se parcializó con la expresidenta Jeanine Añez y los uniformados que realizaron la intervención militar.
La representante de las víctimas de Senkata, Gloria Quisbert, en declaraciones a la ANF, consideró que los dejaron en indefensión y que el juicio de responsabilidades contra la exmandataria no prosperará en la Asamblea Legislativa, ya que los futuros parlamentarios responden a la oposición.
“El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto, en una decisión que huele a complicidad e impunidad, dispuso a remitir las actuaciones del juicio ordinario que se vaya a la Fiscalía de General del Estado parcializando el proceso y dejándonos una vez más en total indefensión. Sabemos muy bien que la derecha estará sentada en la Asamblea Legislativa, no va a haber dos tercios ni nada para que este juicio de responsabilidades prospere”, afirmó.
En ese sentido, el abogado de las víctimas de Sacaba, Rodrigo Quinteros, afirmó que esa decisión judicial no es casual y que hubo una presión por parte del gobierno de Luis Arce, porque desde el comienzo de mandato se puso en debate si correspondía o no un juicio de responsabilidades contra Añez.
“Se ve claramente que hay una maniobra política, hay una ausencia completa de otorgarle justicia a estas víctimas, en ese entendido, se ve un fuerte componente político. Se ha dado línea desde el Gobierno para que no se busque justicia ni se sentencien a los responsables, esta es una decisión política más en una etapa electoral”, manifestó.
En ese contexto, Nelson Cox, otro de los abogados, dijo que ese caso no ingresó a la etapa de juicio oral ya que la Procuraduría General del Estado no tramitó la notificación por edicto al exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien se encuentra en Estados Unidos.
“En el caso de las víctimas de Huayllani o Sacaba no se ha instalado el juicio oral ¿Por qué no se ha instalado? Desde la pasada gestión, la Procuraduría General del Estado ha dilatado a propósito la notificación a Arturo Murillo en Estados Unidos. Eso demuestra la complicidad de este gobierno y quieren hacer creer que hay justicia para las víctimas”, afirmó.
Protestas y acciones legales
Quisbert dijo que están analizando las acciones legales que asumirán para que las muertes de sus familiares no queden en la impunidad, recordó que el Informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que hubo una grave violación de los derechos humanos.
“Vamos a buscar alternativas, no estamos de brazos cruzados, la muerte de nuestros parientes no puede quedar en la impunidad, no nos vamos a cansar porque a nosotros nos han matado. No descartamos acudir a organismos internacionales para denunciar estas irregularidades”, señaló.
Al respecto, la dirigente del ala evista María Yucra dijo que los familiares de las víctimas de Sacaba se declararon en emergencia y no descartan asumir medidas de presión en contra de las autoridades del Órgano Judicial.
“Estos años hemos peregrinado por justicia y no se ha podido lograr instalar el juicio contra estas personas, nos estamos declarando en estado de emergencia y no descartamos realizar movilizaciones en contra del Tribunal de Justicia”, indicó.
Uso político
Por otra parte, Quisbert consideró que fueron usados políticamente por el gobierno de turno porque no agilizaron el proceso contra la exmandataria, incluso no cumplieron con las recomendaciones que hizo el GIEI para la reparación integral de las víctimas. Además, señaló que estuvieron en medio de las pugnas internas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Lamentablemente nos han metido en medio de su pelea política, ninguna de las víctimas pertenecemos ni apoyamos a ningún partido político, lo único que hemos pedido es que haya justicia ya sea con un gobierno indígena o de k’aras. Nos han metido en su bandera como pañuelo, han bailado con nosotros, nos han pisado porque no han hecho nada para que los responsables paguen por estas muertes”, protestó.
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