La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que arrincona a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) imponiéndoles un impuesto del 30% a todos sus ingresos y fijando multas de hasta 250 mil dólares por incumplir aspectos mencionados en la ley.
Además, Bukele queda facultado para aprobar los reglamentos que crea necesarios para la aplicación de la Ley, lo que deja a discreción del Mandatario el futuro de las organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta de ley fue anunciada un día después de que un grupo de campesinos hiciera una protesta en las cercanías de la residencia presidencial, donde fueron detenidos el presidente de la cooperativa El Bosque y pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez; y del abogado y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez.
Bukele argumentó que, como las ONGs y organismos internacionales salieron en defensa de los manifestantes, ahora les impondría un impuesto para cubrir las necesidades reclamadas, aunque ya en 2021 había intentado hacer aprobar esta ley, pero entonces el impuesto era de 40% y no de 30% como ahora.
La aprobación se produjo este martes por 57 votos a favor y tres en contra con apenas una hora y 24 minutos de debate. Es decir, Bukele tiene una mayoría aplastante.
La aprobación de la ley se produce en medio de la embestida más fuerte contra las voces disidentes que el Gobierno de Bukele ha dado en sus seis años en el poder, según un recuento del diario El País.
“En las últimas tres semanas, al menos 15 personas, entre empresarios, líderes comunales y activistas, han sido detenidos por razones políticas y sin derecho a defensa. La última de ellas fue Ruth López, una prominente abogada de derechos humanos y miembro de la ONG Cristosal. A principios de este mes, al menos siete periodistas han huido del país por temor a ser detenidos luego de revelar información sobre presuntos pactos secretos del Gobierno con las pandillas”, señala la publicación.
La polémica norma
El primer artículo de la norma establece que su fin es “promover la transparencia sobre el funcionamiento de estas y su influencia dentro del territorio nacional, garantizando que los ciudadanos conozcan a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública, así como el resguardo a la seguridad, soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país”.
Sin embargo, la diputada Claudia Ortiz (Vamos), una de los tres que se opuso a su aprobación, señaló que “es una ley incompatible con la democracia, con el Estado de derecho y con la libertad de expresión y de asociación. Es contraria porque le pone límites a las diferentes expresiones de la sociedad civil a todo nivel”.
Agregó que la norma «somete a vigilancia las actividades de la cooperación internacional” y que “Los criterios para excluir a una organización como agente extranjero son ambiguos. Es el Gobierno el que va a decidir qué organización va a estar expuesta al impuesto del 30 %».
La ley, según La Prensa Gráfica, también otorga poderes al presidente del registro para “solicitar la suspensión o cancelación, según sea el caso, de la personería jurídica o de la inscripción que autorizó su funcionamiento en el país, de los entes obligados que incumplan la presente Ley”.
La medida establece multas para quienes incumplan con su presentación de impuestos de hasta el 100% del monto a tributar, es decir, que si alguien no declara su 30%, la multa podría significar el 60% de sus ingresos.
Entre tanto, los incumplimientos a las obligaciones establecidas por la ley, como a los plazos establecidos para presentar la información requerida, subsanar prevenciones u otros señalados por el Registro podrán ser sancionadas con multa desde los 100.000 hasta los 250.000 dólares.
Rechazo internacional
Amnistía Internacional junto a la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),y otras instituciones internacionales señalaron como un “grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos”, el anuncio de la ley.
En la misma línea, la relatora especial para la Libertad de Asociación y Asamblea de la ONU, Gina Romero, escribió en su cuenta X que «esta ley pretende etiquetar como ‘agentes extranjeros’ a organizaciones y personas que reciban fondos internacionales. Impondría registros obligatorios, restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, incluyendo multas, cárcel y cierre».
En otros países
La ley aprobada es parecida a una que rige en Nicaragua desde 2020, que ha derivado en la cancelación de la personería jurídica de más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil.
Hace poco, Perú también promulgó una ley conocida como «ley anti-ONG» o «ley mordaza», que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que permite al gobierno fiscalizar y sancionar a las ONG si intervienen en asuntos de política interna.
En 2024 Venezuela puso en vigencia una ley para fiscalizar a las ONG, una de las primeras medidas del gobierno de Maduro tras las elecciones. Esta norma exige autorización estatal para operar y permite denegarla con base en criterios políticos o financieros.
Entre tanto, en Bolivia rige desde 2013 la Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas, que complejiza el trámite a tal punto que muchas ONGs llevan años sin lograr autorización para operar.
De hecho, entre 2015 y 2025, el número de ONGs en Bolivia sufrió una drástica reducción, de 1.980 organizaciones registradas en 2015 a 206 en 2025, lo que representa una disminución del 89,6%, según el Informe sobre Libertades e Institucionalidad en Bolivia 2024, del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
El informe se respalda en datos del registro de ONG que realiza el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que también refleja la disminución de ONG internacionales, de 185 en 2015 a 44 en 2025, que equivale a una caída del 76,2%.
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