Llevamos 10 días del juramento de Rodrigo Paz y Edman Lara, después de 20 años de negación, bloqueo mental y físico, y pensamiento único al que estuvimos sometidos, la ciudadanía radical y la gente decente; estamos recuperando todavía con sospecha si de verdad es cierto, nuestro derecho a la crítica, al disenso y al equilibrio del Centro Democrático para construir una sociedad civilizada sin el temor de las consecuencias políticas.
Los nuevos gobernantes están teniendo que inventar institucionalidad democrática para fortalecer la gobernabilidad en un momento de tensiones múltiples. Y aunque el gobierno aún no ha adoptado ninguna de las medidas consideradas por todos los candidatos en el periodo electoral, sin embargo, ya estamos viendo que Bolivia cambió en confianza y también en el retorno a anuncios de algunos sectores que plantean conflictos, con plazos y condiciones.
Lo que no podemos perder de vista es que se encuentra intacta la burocracia, disciplina y obediencia partidaria en la función pública que impuso el MAS en estos 20 años. Suponer lo contrario es ingenuo e irresponsable y se necesitará mucho más que el cambio de cargos jerárquicos para que el «país tranca y corrupto» contra el que nos hemos rebelado, modifique su conducta en márgenes razonables. Los primeros que deben comprender esta nueva realidad son los mismos funcionarios partidarios que deben convertirse en servidores públicos responsables para recuperar la calidad de ciudadanos, respetando el cambio y actuando profesionalmente.
Resultan obvias las dificultades de la transición, la gravedad de la crisis económica y social, la corrupción, y la pérdida de institucionalidad que dejan los gobiernos masistas de Evo Morales y Luís Arce; tampoco podemos ignorar un estilo de relacionamiento actual entre el Presidente y el Vicepresidente que debe superarse discretamente para convertirse en anécdota, resultando imprescindible establecer prioridades; tenemos que conceder un tiempo a los gobernantes para que terminen de posesionar a los nuevos gestores de la esperanza y hagan funcionar esta máquina en favor de la gente.
En ese escenario, el Gobierno deberá administrar un malestar acumulado y creciente, ofreciendo información fidedigna y oportuna. No necesitamos propaganda oficialista y con paciencia, buen genio y de ser posible sin ceño fruncido, necesitamos que nos digan la verdad.
Como los ciudadanos debemos ser los defensores de nuestra democracia, las campañas de mentiras, que propongan violencia y generen incertidumbre, herencia de un proceso electoral desagradable, deben merecer responsablemente, verificación, evaluación, censura y repudio social colectivo cuando las noticias tengan esa calidad.
Tenemos un largo camino por delante y nos hemos ganado que sea mejor.
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Carlos Hugo Molina es director de innovación del CEPAD
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