Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 2015 por las Naciones Unidas, está referida al hambre cero en todos los países del mundo, a través de diferentes acciones y metas que deben cumplir los Estados.
El texto “Políticas agrarias, campesinos y obreros agrícolas: balance y perspectivas” escrito por Enrique Ormachea y publicado por la red UNITAS, hace un análisis sobre el camino que recorre Bolivia en el cumplimiento específico del ODS 2, justamente referido al hambre cero.
Una de las metas planteadas por el ODS 2 es “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas”.
De acuerdo con Ormachea, en los últimos años, los incrementos en la producción agrícola en Bolivia han sido “modestos”. Según su desglose, en la gestión agrícola 2005-2006 la producción fue de 12.1 millones de toneladas métricas (TM), las cuales se incrementaron en la gestión 2015-2016 a 16.3 millones de TM.
“Este comportamiento implica un incremento de escasas 450 mil toneladas métricas promedio año, el mismo obedece a una expansión de la superficie cultivada y no a incrementos en los rendimientos”, destaca el autor. Pero a esto se suma que sólo tres cultivos explican el 72% del total del incremento neto de la producción agrícola 2005-2006 y 2015-2016: la soya (35.4%), la caña de azúcar (25%) y el sorgo en grano (11.6%).
“Cultivos importantes” para la dieta de los hogares como el trigo, la papa, el maíz, la cebolla, la arveja, el tomate entre otras verduras y frutas, “presentan en estos diez años bajos incrementos en sus volúmenes de producción, lo que, en varios casos, obliga a su importación”, precisa Ormachea.
Frente al “modesto” incremento de los cultivos se presenta también los decrementos de otros, como es el caso del arroz con cáscara que redujo su producción entre 2005-2006 y 2015-2016 en 34,6%; la yuca cayó en 22,9%, el café 13,2%, entre otros. A esto se suma que la producción se concentra en Santa Cruz, donde se produjo el 74,2% del total de la producción agrícola en el país.
Otra de las metas del ODS 2 es el de “asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra”.
Ormachea destaca que los planes de los gobiernos autónomos departamentales y los municipales reconocen la necesidad de fortalecer la sostenibilidad de la producción agrícola a través de prácticas resilientes al cambio climático. No obstante, en la práctica, se priorizan proyectos y programas que “intensifican el uso de la tierra a extremos, la producción agropecuaria basada en la ampliación de la frontera agrícola, la contaminación de ríos como consecuencia de la expansión minera y que afecta a productores”, entre otras prácticas adversas.
Otra meta del ODS 2 es “mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente”.
Ormachea da cuenta del riesgo latente de que empresarios del agro solicitan la introducción de semillas transgénicas en diferentes cultivos, lo cual, de ser aprobado por el gobierno, afectará “seriamente la diversidad genética de las semillas nativas”.