Luis Fernando Romero Torrejón
En su primer comunicado del 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas dispuso que todas las entidades del sector público deben racionalizar y/o reducir sus gastos sin afectar su funcionamiento; la reducción fiscal se debe enfocar en viáticos, gastos en bienes y servicios, consumo, servicios de imprenta, pasajes y viáticos, adquisición de activos fijos y otros. Además, instruye a las entidades y empresas del nivel central del Estado, el cumplimiento del D.S. N° 27327, el cual habla sobre el uso exclusivo de vehículos oficiales, compra o alquiler de inmuebles y el gasto en el servicio de telefonía celular.
Esta política, entre buenas intenciones y algo de demagogia, no reducirá de manera significativa el gasto público estatal. Una política pública que no establece una meta, carece de espíritu o voluntad; se debió haber determinado un monto o un porcentaje de reducción del mismo para este año. Al carecer de una normativa vinculante, como una meta a cumplir por cada entidad pública, se deja prácticamente al libre albedrío la austeridad a aplicarse; más aun considerando que municipios, gobernaciones y universidades se rigen en el marco de sus autonomías.
Recordemos que el PGE 2024 de Gasto Público, tiene previsto un monto Bs. 265.558.034.072, un 8,9% más que la gestión pasada, donde los Gastos Corrientes representan un 59% del mismo. De estos Bs. 155,64 mil millones para gasto corriente, el 32% será destinado a “Sueldos y Salarios”, y el 43% a “Bienes y Servicios”; es decir, que ¾ partes de este monto presupuestado serán destinados a dos ítems o partidas de gasto. Hay que recordar que la inflación anual del 2023 fue de 2,12%, sin embargo, se estima que el incremento salarial esté cercano al 5% para este 2024, lo que incrementará más aún el gasto público.
Nuestro PGE 2024 está basado en un precio del barril del petróleo de $us 71, cualquier incremento extraordinario hará que nuestro gasto público se eleve más, y sea menos sostenible la ejecución del mismo; el año pasado se gastó $us. 2.682 millones para importar carburantes, y $us. 1.818 millones para subvencionar el consumo de los mismos. El problema estructural es un elevado gasto fiscal que dio lugar a una creciente deuda pública y a la casi liquidación de nuestras RIN, para financiar el mismo. Actualmente la escasez de dólares y la inestable generación de divisas por nuestra economía, hace que cualquier cambio importante en nuestro gasto público, pueda llevarnos a una crisis financiera mayor.
Una austeridad de este tipo, es una caricia con una pluma a un gigante que es el gasto estatal. Nuestra economía tiene un déficit fiscal sostenido desde el 2014, y se espera que este 2024 sea del -7,80% de nuestro PIB. La tendencia es una menor ejecución presupuestaria y de inversión pública para aminorar la brecha fiscal, al costo de un menor crecimiento económico y de empleo en el país. Este problema estructural necesita medidas y políticas estructurales, no coyunturales y cortoplacistas. Como inicio, se valora, pero la austeridad debió aplicarse siempre, inclusive en épocas de bonanza, ahora en época de vacas flacas debe ser profunda, integral y sostenida, si no, será un canto a la bandera y continuaremos con el riesgo de que nuestra economía no pueda asumir sus deudas y el funcionamiento normal del estado boliviano. Sin duda, es un gran reto y tarea a cumplir por parte del gobierno nacional y demás entidades públicas. Se espera que pese más la sensatez y el pragmatismo, antes que lo político e ideológico.
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Luis Fernando Romero Torrejón es presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
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