Carmen Torrez en un banner alusivos al día del periodista.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Oruro (APO) expresaron su rechazo al proceso judicial ordinario iniciado contra la periodista Carmen Torrez Zambrana, a instancia del secretario de Finanzas de la Gobernación de Oruro, Henrry Heredia Montero.
“En cumplimiento de la normativa vigente y de la Constitución Política del Estado (CPE), el juez Fernando Claros está obligado a declinar competencia y remitir este caso al Tribunal de Imprenta, tal como lo establece el marco jurídico aplicable, indica el comunicado de ambas entidades.
El juez que conoció la causa, en el marco de la Ley de Imprenta y en aplicación del artículo 122 de la CPE, asumió el caso a pesar de no tener competencia para juzgar a periodistas, señalan.
El artículo 107, parágrafo II, de la CPE señala: “Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.”
Agregan que la acción emprendida no solo vulnera el derecho a la libertad de expresión y comunicación de Carmen Torrez, sino que representa una amenaza directa para el periodismo en Bolivia. “Este acto podría sentar un precedente nefasto, incentivando a los funcionarios públicos a utilizar la justicia ordinaria como mecanismo de intimidación contra periodistas”, indican las asociaciones.
“Nos sorprende profundamente que el abogado acusador, Zenobio Calizaya, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Oruro y actual miembro del Tribunal de Imprenta de Oruro, desconozca ahora la competencia jurisdiccional de este tribunal, al cual él mismo se postuló y pertenece”.
Aseguran que recurrirán a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar a quienes, al margen de la ley, interpretan arbitrariamente las normas, incluso desconociendo la CPE.
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