Roger Cortez Hurtado
En esta época, en la que explotan las evidencias del arrollador avance de casi todos los tráficos criminales (de cocaína, tierras, personas, animales, minerales, etc.) afloran, causados o relacionados con estos turbios negocios, serios riesgos sobre el abastecimiento de agua potable en al menos dos de nuestras ciudades más importantes, Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Se trata de una más de las señales que indican la necesidad de atender con rapidez y eficiencia los problemas socioambientales que se están acumulando incontroladamente en nuestro país.
La situación de la urbe cruceña es más conocida (aunque temo que lo se básicamente a escala local) por la difusión sobre el proyecto de construcción de la carretera Cruces- Buena Vista, al afectar los acuíferos de Güenda-Urubó, si mantiene su trazo actual. Un impacto más inmediato lo tiene la sistemática invasión y avasallamiento de terrenos sobre los acuíferos de las Lomas de Arena, pese a la pausa administrativa decidida por la gobernación.
Los peligros en La Paz, principalmente por contaminación minera, se encuentra más enmascarados y, pese a todo, dejan huella en 2019 en un informe de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en el que se detectan metales en el agua de consumo. Antes y después de las pericias, la alarma pública crece ante la ocupación de las laderas por la extracción ilegal de oro y otros minerales.
El obstinado asentamiento de ocupantes sobre el área de las Lomas de Arena en Santa Cruz, o la múltiple violación de su Cordón Ecológico, es consecuencia directa de la poderosa e impune presencia de traficantes de “desarrollo urbano” (los loteadores de siempre, empoderados al máximo) que pueden llegar a controlar y digitar los más grandes municipios del país de una manera excesivamente parecida a la forma en que los traficantes de cocaína despliegan ante jueces, fiscales, policías y autoridades de todos los poderes.
Lo mismo pasa en la pugna del gobierno central con la gobernación, donde cada uno se acusa de proteger a “urbanizadores” y “desarrolladores”, cuyos negocios de captura y venta de lotes y urbanizaciones favorece una intensa y caótica ocupación de áreas que favorece la infiltración de residuos tóxicos, siguiendo los canales por los que se rellenan los depósitos de aguas subterráneas, de los cuales depende, prácticamente en su integridad, el abastecimientos de la población urbana cruceña.
La cuidadosa investigación publicada en septiembre de 2023 (Guardiana, La Brava) refleja la considerable merma de estas reservas de agua, vinculándola al brutal ritmo de deforestación del departamento oriental desde las 68.000 Has. en 2001 a las más de 300.00 en 2021. Los desbosques, talas y quemas son las rutas por las que transcurre la expansión del tráfico ilegal de tierras que merece el título de madre de todos los tráficos ilegales en Bolivia, por su gigantesco volumen, su internacionalización y por su enorme costo socioambiental que compromete no ya el futuro, sino nuestro presente,
Está bastante claro que el estado, en sus distintos planos y niveles, alberga a interesados directos y cómplices de los traficantes ilegales de tierras, sean reservas naturales, territorios indígenas o tierras fiscales, por lo que su decisión de enfrentarlo, igual que a las milicias armadas que protegen a los traficantes, es demasiado tímida, cuando no sencillamente nula.
Al igual que ocurre con la defensa de libertades, garantías y derechos civiles, es necesario que la mayor cantidad y variedad de expresiones y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo universidades, fundaciones, asociaciones y cualquier otra forma y canal de expresión colectiva, se abran a la información, reflexión, deliberación y debate que confluya en la reivindicación de una pausa ecológica, inmediata y efectiva para detener los procesos de devastación tolerados y alentados desde el poder.
En teoría, la canalización de esta demanda está en la esfera de acción de organizaciones políticas, pero, como prácticamente en su conjunto, sin importar que se llamen o piensen opositoras u oficialistas, resultan ajenas al tratamiento de estas cuestiones, la responsabilidad resbala hacia el campo de la movilización y reclamo social.
La pausa ecológica para detener la tala y quema de bosques, y cualquier forma de deforestación, parar las concesiones mineras y las actividades que generan altos impactos socioambientales es el camino para enfrentar el desborde de la codicia individual y corporativista, que nutren y alienta el arrasador avance de los tráficos ilegales que sustentan el modelo económico de la potenciación de la deuda pública, la dependencia nacional y la devastación natural.
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Roger Cortez es investigador social y docente.
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