El acto de ir a votar es fundamental, pero no es el único que determina la democracia. Foto: Sumando Voces
CIVICUS
La democracia es mucho más que ir a votar cada cierto número de años. No se limita a un procedimiento electoral, sino que es un conjunto de reglas y prácticas diseñadas para que todas las personas podamos participar en la toma de decisiones que afectan nuestra vida en común. Este sistema de derechos y obligaciones ha sido conquistado con esfuerzo en América Latina a lo largo de décadas, pero hoy, aunque muchas veces resulta invisible, está en riesgo.
No hay mejor espejo que Venezuela. Allí, los procesos electorales se han degradado a un simple teatro, un ejercicio desprovisto de legitimidad que organismos internacionales y expertos han desenmascarado por sus innumerables irregularidades. Este asalto a la voluntad popular no hace más que dinamitar la fe en las instituciones democráticas.
Aun así, la erosión de las instituciones democráticas no siempre se manifiesta de la misma forma. En El Salvador, por ejemplo, la represión es la herramienta principal, amparada bajo un estado de excepción que ha sido renovado cuarenta veces desde marzo de 2022. Las represalias contra los detractores del poder son la consecuencia directa de este deterioro. Y el país centroamericano no es la excepción, sino la representación más fuerte de una corriente que amenaza con tomar fuerza en toda la región.
Esto no es una exageración. Al menos tres de cada diez personas en América Latina viven en países donde el espacio cívico está restringido o permanece limitado, según datos del CIVICUS Monitor. Solo el 5% de la población vive en países que aseguran al máximo sus libertades esenciales.
Los ejemplos se multiplican a lo largo de la enorme geografía regional. Un caso paradigmático es la ‘ley APCI’ en Perú, que restringe y criminaliza la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Este es solo una nueva emergencia de una tendencia regional ya presente en países como Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Paraguay. Si bien esta amenaza toma distintas formas en cada marco legal, el efecto es siempre el mismo: restringir la protesta social, debilitar la libertad de expresión y controlar finalmente a la sociedad civil.
Los efectos de esta erosión democrática no son solo teóricos, sino son evidentes en los territorios. Datos del observatorio de UNITAS en Bolivia resalta que en 2024 el número de violaciones a las instituciones democráticas y derechos humanos se disparó un 19% en un año.
Esta deriva autoritaria no surge de la nada. Está alimentada por un descontento social profundo: el desencanto con partidos políticos tradicionales, la persistencia de la desigualdad, la falta de servicios públicos de calidad y la corrupción estructural. A esto se suma una creciente desafección ciudadana, que lleva a muchos a ver a líderes fuertes y centralizadores como una “solución rápida” frente a la ineficiencia del Estado.
Lo que está en juego no solo es la forma en la que operan las organizaciones no gubernamentales, sino que limita los derechos civiles de todos los ciudadanos. Como suele suceder con este tipo de medidas, los afectados siempre son los mismos: los más vulnerables. Con menos mecanismos de defensa y sin posibilidades de buscar aliados para potenciar su voz, los gobiernos neoautoritarios logran con mayor facilidad avasallar sus derechos.
El momento de actuar es ahora
Al menos ocho países de la región irán a las urnas en los próximos meses. Este es el paso más básico en la defensa del vigor democrático, y debería marcar un punto de partida para los actores que participan en esta conversación.
Ese mismo acto se ve desafiado por una corriente de frustración, tras años de escaso crecimiento económico y escasas mejoras de las condiciones sociales. Sin embargo, la salida es una mirada de futuro, no de retroceso hacia prácticas perversas que marcaron buena parte de la historia reciente. La crisis económica y el descontento social generado no pueden ser el caldo de cultivo para más medidas autoritarias.
Defender los derechos humanos es una tarea diaria que no entiende de fronteras. Esto es un compromiso que requiere tanto de alcance como de fortaleza global. La expansión del extractivismo minero, petrolero y pesquero, en una relación simbiótica con la erosión de la democracia, pone en jaque las enormes riquezas naturales de los países. Frente a un Estado que no ofrece soluciones, los primeros perjudicados serán las comunidades campesinas e indígenas que viven en los territorios cercanos, pero la comunidad a nivel global también se perjudicará de un medio ambiente cada vez más dañado.
Los recientes cuestionamientos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el Perú, con el intento oficial por retirarse del pacto de San José, no son más que otro motivo de peso para alzar la voz a nivel regional.
La democracia no se mide por la capacidad del Estado de controlar a la sociedad, sino por la posibilidad de que las personas puedan organizarse, expresarse y exigir justicia sin temor a represalias. En la región, defender el derecho a la protesta y la libertad de expresión es hoy más urgente que nunca. Conformarnos con una fachada democrática, únicamente con centros de votación abiertos pero sin el resto de condiciones, no es una opción real. No podemos dar un paso atrás.
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CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo.
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