Proyecto petrolero en Tariquía. Foto archivo CEDIB
La posible exploración y explotación hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía no implicaría un impacto puntual ni aislado, sino una cadena de al menos diez efectos ambientales, sociales e institucionales que podrían extenderse a lo largo de todo el sistema hídrico y ecológico del sur del país. Así lo advierte un análisis técnico del especialista en Ciencias Ambientales y docente universitario Marco Antonio Guerrero, quien identifica deficiencias en el proceso de evaluación ambiental y cuestiona el alcance del estudio presentado para el proyecto.
Según el experto, uno de los principales problemas radica en que el estudio de impacto ambiental —de más de 4.000 páginas— se concentró casi exclusivamente en la apertura de caminos, evaluando apenas una franja de 10 metros a cada lado, sin considerar la dinámica real de los ecosistemas ni la interconexión de las cuencas hidrográficas. “No se puede analizar un proyecto de esta magnitud como si fuera una línea aislada en el mapa”, advierte.
En ese marco, el análisis identifica una serie de impactos que, lejos de ser independientes, se potencian entre sí:
1. Contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas:
La perforación del pozo —de más de 3.000 metros de profundidad— requerirá el uso de millones de litros de agua y decenas de sustancias químicas para procesos como la perforación, el enfriamiento y el tratamiento. Según el análisis, estos compuestos, considerados peligrosos, podrían filtrarse hacia acuíferos o escurrir hacia ríos cercanos.
El riesgo no es menor si se considera que se trata de una zona de nacientes de agua. “Todo ello, de alguna manera, va a ir a parar a los cuerpos de agua”, advierte Guerrero, al cuestionar la capacidad real de contención y tratamiento de estos residuos.
2. Efecto en cadena en cuencas hidrográficas:
El área de intervención no es un espacio aislado, sino parte de un sistema hídrico interconectado. El pozo se ubica en la microcuenca del Oso, que conecta con el río Soledad, luego con el Chiquiacá, el río Tarija y finalmente el Bermejo.
Desde una perspectiva técnica, esto implica que cualquier alteración en la parte alta tendrá repercusiones en todo el sistema. “Cuando hablamos de cuencas hidrográficas, estamos hablando de todo el espacio geográfico donde vierten estas aguas”, explica el especialista, subrayando que no es posible delimitar el impacto a un área reducida.
3. Alteración del ciclo hidrológico regional:
Más allá de los ríos visibles, Tariquía cumple un rol clave en procesos atmosféricos que regulan el clima regional. La cobertura boscosa contribuye a la evapotranspiración, generando humedad que luego se convierte en lluvias en otras zonas, incluido el valle central de Tarija.
La intervención del bosque podría alterar estos flujos invisibles. Guerrero lo explica con una imagen clara: la humedad que se genera en la reserva “se detiene en la cordillera de Sama y ocasiona las lluvias orográficas que sirven a la ciudad de Tarija”. Modificar ese equilibrio podría traducirse en cambios en la disponibilidad de agua a escala regional.
4. Daño a nacientes y zonas de recarga hídrica:
Tariquía no solo forma parte de un sistema hídrico: es uno de sus puntos de origen. La reserva alberga nacientes de agua dulce fundamentales para el abastecimiento del departamento.
Intervenir estas áreas implica afectar directamente la capacidad de regeneración del recurso hídrico. Según el análisis, el proyecto no dimensiona adecuadamente este rol estratégico del territorio, pese a que la protección de fuentes de agua es uno de los objetivos centrales de la reserva.
5. Pérdida y desplazamiento de biodiversidad:
El ecosistema de Tariquía, caracterizado por la selva tucumano-boliviana y bosques de yungas, alberga una alta diversidad de fauna, incluyendo especies en riesgo como el jaguar y el oso andino (jukumari).
La presencia de maquinaria, ruido, apertura de caminos y actividad humana alterará estos hábitats. “Toda la fauna que hay en el lugar va a intentar irse a otro lugar”, señala Guerrero. Este desplazamiento no solo reduce poblaciones locales, sino que puede romper equilibrios ecológicos más amplios.
6. Fragmentación del ecosistema y efecto de borde:
Aunque el proyecto plantea intervenciones puntuales —como caminos de entre 4 y 7 metros de ancho—, el impacto real es mucho mayor. La apertura de estas vías genera fragmentación del bosque y activa el llamado “efecto de borde”, donde las alteraciones en los límites afectan también el interior del ecosistema.
Cambios en la temperatura, la humedad, la exposición a la luz y la presencia humana modifican las condiciones naturales, reduciendo la capacidad del bosque para sostener su biodiversidad y funciones ecológicas.
7. Impactos acumulativos y expansión de actividades humanas:
Uno de los efectos más subestimados, según el análisis, es el que ocurre después de la intervención inicial. La apertura de caminos no solo sirve al proyecto hidrocarburífero, sino que habilita el ingreso de terceros.
“Van a entrar empresas madereras, agricultores, ganaderos, cazadores…”, advierte el especialista, describiendo un proceso progresivo de ocupación del territorio. Estos impactos, conocidos como sinérgicos, multiplican los efectos iniciales y generan transformaciones irreversibles en el uso del suelo.
8. Contaminación acústica y perturbación de fauna:
El proyecto contempla el uso de aproximadamente 7.000 kilos de explosivos, además de maquinaria pesada y tránsito constante de vehículos. En un entorno caracterizado por su baja intervención humana, el ruido puede tener efectos significativos.
“Un explosivo se escucha hasta 10 kilómetros de distancia”, explica Guerrero. Este nivel de perturbación altera los patrones de comportamiento de la fauna, afectando su reproducción, alimentación y desplazamiento, incluso en zonas alejadas del punto de intervención.
9. Irregularidades en la categorización ambiental:
El análisis advierte que el proyecto fue clasificado como de categoría 2, pese a que, por su naturaleza —exploración y eventual explotación hidrocarburífera—, debería ser considerado de categoría 1, que corresponde a actividades de alto impacto ambiental y exige evaluaciones más rigurosas.
En Bolivia, la categorización de proyectos forma parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley 1333. Las categorías van de la 1 a la 4: la categoría 1 incluye proyectos de gran magnitud que pueden afectar múltiples factores ambientales —como agua, suelo, aire, biodiversidad y aspectos socioeconómicos—, mientras que la categoría 2 se asigna a iniciativas con impactos más limitados. La diferencia no es menor: define el nivel de profundidad del estudio ambiental, los controles y las condiciones para su aprobación.
La licencia ambiental y la categorización son otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de sus instancias técnicas. Sin embargo, el proceso debería incluir una “triangulación” de actores: por un lado, la entidad que promueve el proyecto (en este caso, empresas como YPFB o sus socias), por otro, la autoridad ambiental que evalúa y aprueba, y además organismos sectoriales —como el Sernap, al tratarse de un área protegida— que deben emitir criterios técnicos.
Según el análisis de Guerrero, en este caso esa triangulación fue débil o insuficiente, ya que las instancias involucradas pertenecen al mismo aparato estatal, lo que limita la independencia en la evaluación. “En el caso de Tariquía, YPFB y Petrobras, que son también del Estado, son las que hacen la solicitud, o sea, el Estado le solicita al Estado”, afirma el especialista, al cuestionar la falta de control cruzado. A esto se suma que el proyecto actual se ubica a aproximadamente un kilómetro de iniciativas previas que sí fueron clasificadas como categoría 1, pese a compartir el mismo ecosistema y condiciones ambientales.
10. Falta de consulta pública y participación social:
Guerrero criticó la ausencia consulta previa, pese a que la Constitución establece la participación de comunidades y pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad y legitimidad del proceso.
Además, cuestiona que el proceso haya sido gestionado principalmente por instancias estatales, sin una verdadera “triangulación” de control.
La “triangulación” en la evaluación ambiental se refiere a la participación de tres actores que deberían equilibrar el proceso: primero, la entidad que impulsa el proyecto, generalmente una empresa o, en este caso, YPFB y sus socias; segundo, la autoridad ambiental del Estado, que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, encargado de evaluar el estudio y otorgar o rechazar la licencia; y tercero, los organismos sectoriales competentes, como el SERNAP cuando se trata de áreas protegidas, que deben emitir criterios técnicos independientes. A esto, según la normativa y la Constitución, se suma un cuarto actor clave que muchas veces se deja de lado: la sociedad civil y las comunidades afectadas, cuya participación —a través de la consulta previa— es fundamental para garantizar transparencia y legitimidad en la decisión.
A estos impactos se suma una dimensión social poco abordada. Comunidades ubicadas aguas abajo —como Saicán, Chiquiacá o Los Lapachos— dependen directamente de estas fuentes de agua para consumo y producción. Sin embargo, el estudio de las entidades petroleras no detalla cómo se verían afectadas ni qué beneficios concretos recibirían.
En el plano económico, el análisis de Guerrero también pone en duda la narrativa del desarrollo. El especialista agrega que la distribución de los ingresos por hidrocarburos no necesariamente favorecería a las zonas directamente impactadas. En contraste, menciona estudios que estiman que la conservación del bosque podría generar ingresos millonarios a través de mecanismos como la captura de carbono, con beneficios más sostenibles y equitativos.
Además, advierte que la fase actual de exploración es solo el inicio. De confirmarse la existencia de hidrocarburos, el proyecto escalaría hacia etapas de explotación que implican mayor infraestructura, más caminos, transporte, almacenamiento y una presión creciente sobre el territorio.
Así, el caso de Tariquía no se limita a una discusión técnica sobre un proyecto específico, sino que plantea un dilema estructural: optar por un modelo extractivo con impactos potencialmente irreversibles o apostar por la conservación de un ecosistema estratégico para el agua, el clima y la biodiversidad del país.
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