De izq. a der: Sandra Carvajal, Virginia Velasco, Paola Vásquez y Carlos Zárate.
El matrimonio infantil es legal en Bolivia partir de los 16 años con autorización de los padres, mientras que el trabajo infantil es legal desde los 14 años. Diversos organismos internacionales hicieron reiteradas recomendaciones al Estado para que suprima estas prácticas, pero siguen vigentes.
La excepción para el matrimonio entre menores de edad se encuentra en el Código de las Familias y se traduce en miles de niñas y adolescentes casadas o en unión libre. Si bien es cierto que un proyecto de ley modificatorio se encuentra en la Cámara de Senadores, éste no ha encontrado consenso para su tratamientos desde mayo del año pasado.
Durante el programa Sumando Voces en Directo, representantes de la sociedad civil, del Estado y de la cooperación internacional coincidieron que estas prácticas truncan el proyecto de vida de la niñez, derivan en ciclos de violencia estructural y perpetúan la pobreza. Estuvieron presentes en el abordaje de este tema Paola Vásquez, oficial de Protección de la Niñez y Adolescencia de UNICEF Bolivia; Carlos Zárate, responsable de Incidencia de la Comunidad de DDHH; Virginia Velasco, senadora del MAS; y Sandra Carvajal, presidenta de Defensa de Niños Internacional (DNI).
Zárate explicó que varios comités de las Naciones Unidas, entre ellos, el de derechos sexuales,, de derechos del niño e incluso el comité contra la tortura recomendaron a Bolivia erradicar el matrimonio precoz, un aspecto que volvió a salir en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), celebrado en enero de este año.
“También hay recomendaciones desde el primer ciclo prácticamente del EPU, vinculadas a la erradicación del trabajo infantil y más aún cuando se habla de las peores formas de trabajo infantil que tiene efectos nocivos”, señala Zárate.
La senadora Virginia Velasco (MAS), dice que el año pasado se aprobó el proyecto para su erradicación del matrimonio infantil, pero que luego “no hubo la voluntad política en pleno camaral”, donde debía tratarse la semana pasada, pero quedó fuera de agenda. “Imagínese, de mayo a mayo”, comenta.
Sandra Carvajal, del DNI, indica que la ausencia de esta ley deja a los niños más vulnerables, pero al mismo tiempo cree que “pueden haber muchas leyes, pero las leyes sin acción quedan en nada lamentablemente”.
Añade que “el matrimonio y el embarazo infantil son formas de violencia estructural porque vulneramos el desarrollo integral de esta población, de las niñas, de los adolescentes”.
Los números
Paola Vásquez (Unicef) rememora un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH que indica que “las uniones infantiles y matrimonios forzados de las niñas y adolescentes entran en la definición de trabajo forzado y formas modernas de esclavitud», por lo que ambos temas se abordan de manera conjunta.
Recuerda que un informe de la Defensoría del Pueblo estableció que entre 2014 y 2023 se habían casado más de 4 mil adolescentes, de las cuales, más de 400 eran niñas entre 12 y los 15 años. “O sea, se han casado oficialmente niñas de 12 años con adultos que les duplican, les triplican la edad”, señala.
Los datos sobre el trabajo infantil tampoco son alentadores. Vásquez indica que 724.000 niñas, niños y adolescentes están en actividades laborales, de los cuales, más 200.000 están en las peores formas de trabajo.
Consecuencias
Las consecuencias del matrimonio infantil van desde la deserción escolar, hasta la violencia estructural.
Del total de niñas que han declarado que están unidas o casadas, solamente el 25% han dicho que siguen yendo a la escuela. Zárate complementa que una adolescente embarazada termina por ser expulsada del colegio, no en lo formal, sino en el trato discriminatorio que se le da por parte de sus propio compañeros.
El matrimonio infantil está asociado a los embarazos adolescentes y éstos a la violencia sexual, tanto que “el propio comité contra la tortura ha establecido que el matrimonio infantil constituye tratos crueles y humanos y degradantes e inclusive tortura cuando se obliga a un adolescente a sostener un embarazo que para el cual no está preparada”, dice Zárate.
Paola Vásquez repara en que el 2024 aproximadamente 2.600 niñas y adolescentes han entrado a los servicios de salud para recibir controles prenatales, de las cuales, 86 eran menores de 10 años. “O sea, estamos hablando de violencia sexual campante. Eso es eso es violencia, violación directamente”, señala.
En muchos casos, esas agresiones sexuales terminan en uniones o matrimonios porque el agresor llega a un acuerdo con la familia de la niña, alerta Zárate.
Carvajal, por su parque, explica que estas vulneraciones repercuten en ciclos de pobreza, a ciclos de exclusión y dependencia hacia otras personas. “Ahí se truncan también lo que se llama un proyecto de vida”, añade Zárate.
El impacto es tal que, datos del Banco Mundial indican que los ingresos del país van a reducir entre el 9 y 17% en el futuro porque esas niñas no van a ser productivas y “van a reproducir la pobreza”. “Y si se erradica el matrimonio infantil, los ingresos nacionales inmediatamente pueden incrementar entre 1 y 1.5%”, resume Vásquez.
Carvajal exige que estas temáticas sean parte de la agenda electoral de los candidatos porque «las niñas no son esposas, no son concubinas y no tienen por qué ser madres. Son niños, son niñas.»
Zarate considera que es importante erradicar el matrimonio infantil de la ley, pero considera que la sociedad civil debe trabajar para generar conciencia em la población contra esta práctica.
Puedes ver el programa completo aquí:
También te puede interesar:
