ANF
Este domingo 2 de junio se cumplió un año de la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Por fuera, las instalaciones ubicadas en la avenida 6 de Agosto de La Paz lucen desgastadas y hasta la carpa amarilla, que acogió a la activista Amparo Carvajal por 12 días en una vigilia desde la terraza, está semi destrozada y descolorida. El revestimiento de las paredes se nota deteriorado y se asemeja al “debilitamiento dramático” — como advierten los especialistas— que sufrió la institucionalidad de la defensa de los derechos humanos en el país.
Desde aquel 2 de junio de 2023, la Policía en ningún momento frenó el “resguardo” de los predios. En el punto más álgido del conflicto, se desplegaron al menos 60 efectivos. Con el tiempo, el número de uniformados se redujo a 10 y se distribuyen en la puerta principal, en la parte lateral y trasera de la infraestructura atentos a los movimientos de Carvajal, quien a sus 85 años cada mañana junto a sus dos colaboradores abre una sombrilla y acomoda una mesa con cuatro sillas plásticas de color blanco para recibir denuncias de la población mientras hace una vigilia en señal de que no abandonó su lucha por recuperar la casa de derechos humanos que cofundó en 1976.
“Ver a los policías ahí es la máxima expresión de la acción del Estado sobre las organizaciones defensoras derechos humanos, es el control por la fuerza de una manera absolutamente abusiva porque el Estado no tiene tuición para meterse en la vida interna de las organizaciones. La crisis interna de la APDHB la promovió el propio Movimiento Al Socialismo (MAS) al fomentar y crear una paralela”, cuestionó Miguel Miranda, coordinador del Área de Incidencia de Derechos Humanos del CEDIB.
La directiva de la APDHB atiende en la calle. Foto: ANF/Karem Mendoza
Por su parte, la senadora Cecilia Requena recordó que en 2023 hubo dos hechos que debilitaron la defensa de derechos humanos en el país. Por un lado, en enero de ese año, el Gobierno “invitó a retirarse” a la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y luego, en junio, “fue cómplice del avasallamiento” a las instalaciones de la APDHB.
“Con eso, obviamente la institucionalidad independiente civil y de las Naciones Unidas de Derechos Humanos han sido debilitadas sistemática y dramáticamente en Bolivia con lo que, por supuesto, hay una indefensión adicional ante la violación de derechos humanos que es una práctica sistemática del gobierno o que el gobierno permite”, afirmó Requena quien también es activista por la defensa del medio ambiente.
La toma de la APDHB se propició de forma sorpresiva la mañana del viernes 2 de junio de 2023. Un grupo respaldado por el vicepresidente de la institució, Edgar Salazar, ingresó al predio y puso carteles que decían: “Queremos justicia para las víctimas de las masacres”, sacó al personal y cerró las puertas empujando a las personas que intentaron impedir el hecho violento. Luego llegó la Policía supuestamente para impedir el enfrentamiento entre las dos facciones que reclaman por el control de la Asamblea. Aunque el conflicto fue llevado a la vía penal y constitucional, sigue irresuelto.
El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, considera que lo ocurrido con la Asamblea “es el resultado de una estrategia, no solo del gobierno actual, sino desde el régimen de Evo Morales, de crear paralelismo, debilitar a estas entidades que no solo cumplen un rol de defensa de los derechos humanos”.
A decir del activista alteño David Inca, desde 1976, todos los gobiernos han querido cooptar a la APDHB y dejar de lado a los activistas “porque los perjudican en sus acciones ‘normales’ que hacen de uso y abuso de poder”. Sin embargo, remarcó que desde 2006 algunos defensores fueron cooptados por el MAS e incluso llegaron a ocupar cargos en el Gobierno.
“La institución tendió a dividirse y activistas de derechos humanos se incorporaron al gobierno del MAS y desde ahí promovieron la desaparición de la institución. Esto se resistió, pero creo que el 2019 fue la gota que derramó el vaso”, dijo Inca y agregó que tanto Carvajal y Salazar lamentablemente asumieron posturas ideológico políticas provocando la invisibilización de la Asamblea al dejar de pronunciarse sobre temas actuales como las elecciones judiciales, los feminicidios, los niños huérfanos producto de los feminicidios y otros temas como la situación económica.
Para Miranda del CEDIB, con la llegada del MAS se pensaba que iba a haber un fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de derechos humanos, pero “resultó todo lo contrario”.
“Empezaron a perseguir a todos lo que discrepaban con el lenguaje de derechos humanos (que ellos impusieron) y empezaron a hostigar y amenazar a las organizaciones cuyo punto máximo ha sido la promulgación en 2013 de la Ley 351 de Otorgación de la Personería Jurídica, que es un mecanismo legal vigente de control y disciplinamiento de las organizaciones sociales civiles en general”, apuntó.
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