La carta de solicitud de acreditación fue recibida este jueves en la Asamblea Legislativa. Foto: Fundación Jubileo
La Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), integrada por 24 organizaciones de la sociedad civil y por carreras y facultades de derecho y ciencias políticas de 12 universidades del sistema público y privado, ha solicitado su acreditación ante la Asamblea Legislativa para observar el proceso de selección de candidatos a magistrados de los altos tribunales del país.
El pedido fue formulado mediante cartas dirigidas al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas; y al presidente de la comisión mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, y está suscrita por la directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds Brun, en representación de la OCD que, a su vez, está integrada por la Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia, la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos y la Red UNITAS
“Tenemos a bien dirigirnos a su autoridad para solicitar, en el marco de lo señalado en el Art. 7 del Capítulo II de la LEY TRANSITORIA PARA LAS ELECCIONES JUDICIALES 2024 N°1549, la acreditación de la Alianza OCD Bolivia para constituirse en veedor ciudadano en las distintas etapas del Proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos a Magistrados de Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, iniciado el 20 de febrero de la presente gestión, con la publicación de la convocatoria correspondiente”, indica la carta para la Comisión de Constitución que fue entregada en ventanilla de la Asamblea Legislativa este jueves.
La misiva dirigida a la comisión mixta de Justicia Plural pide acreditación para observar el proceso de preselección para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
La solicitud de acreditación coincide con una situación de alta tensión en la Asamblea Legislativa, donde se han registrado peleas entre oficialistas y opositores por el futuro de los magistrados autoprorrogados, lo que, según el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, aumenta el riesgo de manipulación del proceso de selección de candidatos, aunque también le queda claro que es el único camino para que el proceso se apegue a la Constitución y se resuelva el futuro de los magistrados autoprorrogados.
“El acuerdo logrado para la promulgación de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales y la convocatoria que de ella deriva, luego de varios enfrentamientos y situaciones bochornosas para lograr consensos en la ALP, aumenta el riesgo de que el actual proceso de preselección designe a candidatos que respondan a los intereses del partido en función de gobierno -profundizando así la crisis del sistema judicial- pero a la vez se convierte en el único camino que en este momento puede lograr de manera democrática y en apego a la CPE la elección de nuevas autoridades judiciales y resolver así la “autoprórroga” de las actuales”, indicó Núñez.
En ese contexto, la Veeduría ciudadana busca ejercer su derecho de acceso a la información pública y de control social a las diferentes etapas para precautelar la legalidad y transparencia de la preselección, y contribuir de esta forma a mejorar la confianza ciudadana en sus instituciones.
Los magistrados de las altas cortes del país debieron ser elegidos por voto popular el año pasado porque los actuales concluyeron su gestión el 31 de diciembre. Sin embargo, al no haber acuerdo para la preselección de candidatos, el Tribunal Constitucional prorrogó los mandatos de los magistrados, incluidos los de sus integrantes, hasta que se realicen las elecciones.
Finalmente, este año fue aprobada la Ley de convocatoria a elecciones judiciales y por eso ahora la Asamblea inició el proceso de selección de candidatos. Este domingo concluye la recepción de postulaciones.
Núñez alertó que la crisis de institucionalidad afecta la calidad de la democracia. “En este momento, el exacerbado presidencialismo que se evidencia en la concentración del poder político en el Órgano Ejecutivo y su peligrosa influencia en el Órgano Legislativo, así como la falta de ética y responsabilidad de los representantes nacionales que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional, constituyen el escenario en el que se lleva adelante el proceso de preselección de magistrados judiciales, con el consecuente riesgo de que éste sea manipulado para conseguir autoridades judiciales que respondan a intereses político partidarios”, dijo.
Agrega que la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial, además de dos acciones constitucionales previas que paralizaron el proceso de selección de candidatos, se constituyen “en un claro abuso de sus funciones y en un grave atentado a la Constitución Política del Estado y a instrumentos internacionales”.
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