La Asamblea Nacional retomó el proyecto contra las ONGs en Venezuela. Foto: PL
La libertad de asociación está en riesgo en Venezuela, advirtieron 240 instituciones, que firmaron un pronunciamiento exigiendo que la Asamblea Nacional deje sin efecto un proyecto de ley que arrincona a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de Venezuela incurriendo en la violación de los derechos humanos.
“Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a no insistir en el avance y discusión de un texto que viola a todas luces múltiples derechos humanos, incumple e irrespeta la Constitución Nacional y no contribuye de ninguna manera a mejorar el ambiente país en un contexto de Emergencia Humanitaria compleja y período electoral”, indica el documento que fue emitido en días pasados.
Se trata de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines” que la Asamblea ha reactivado “a través de un aparente proceso de consulta pública con el fin de llegar a su posible aprobación, a pesar que durante el 2023 el Estado recibió fundamentadas y numerosas objeciones de la comunidad internacional”, indican los firmantes.
Argumentan que el proyecto tiene un carácter “abiertamente violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos ya que ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de la sociedad venezolana”.
El citado proyecto fue aprobado en primera instancia hace un año y este 12 de enero se inició la denominada consulta en la Asamblea “en la que fue pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil venezolana, ya que se volvió a exponer una lista preexistente de 62 organizaciones acusadas de delitos sancionables con esta ley, y se llevó a cabo en presencia mayoritaria de cuerpos militares de inteligencia policial”.
Las instituciones que elevan el pronunciamiento indican que la citada ley no es un instrumento de regulación, no está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones, y tampoco promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación.
Por el contrario, “persigue propósitos inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no admite consulta ni mejora posible”, por lo que la sociedad civil exige que el proyecto se deje sin efecto.
Agregan que “la supresión del espacio cívico y del derecho a la asociación, tal como está planteado en el proyecto de ley y la virtual anulación de las actividades de las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, impacta profundamente las condiciones del próximo proceso electoral”.
En ese contexto, indican que “no puede haber auténticas elecciones en Venezuela sin la sociedad civil o esta no puede ser controlada por entes militares”.
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