La abogada Kathia Saucedo en el Foro Político Multiactor. Foto: UNITAS.
“¿Cuántos funcionarios públicos de carrera hay en la Defensoría del Pueblo?”, fue la pregunta que lanzó la abogada Kathia Saucedo, miembro del grupo de juristas independientes que propuso la reforma judicial, durante el Foro Político Multiactor para abrir una reflexión en torno a las debilidades que tiene actualmente la institucionalidad democrática en Bolivia.
Saucedo, que fue parte de la gestión de Ana María Romero de Campero al frente de la Defensoría del Pueblo (1998-2003), mencionó que, en ese entonces, en la Defensoría casi la totalidad del personal estaba conformado por funcionarios de carrera, es decir contratados en procesos de convocatoria pública y a través de una revisión de méritos y conocimientos.
Hoy en día, a juicio de la abogada, esa situación no se refleja en la generalidad de las instituciones públicas, donde el servicio público está supeditado a la militancia a un partido político. Sus palabras se dieron en su intervención en el panel 3 del foro, denominado “Institucionalidad democrática y libertades fundamentales”.
“El colmo de esta situación se da cuando el MAS en un reglamento interno establece que los servidores públicos deben ser del partido de gobierno. Aquí tienes una intervención directa del partido de gobierno en el escenario del servicio público, esa es la fragilidad de la institucionalidad, tenemos instituciones frágiles que no cumplen sus funciones”, analizó.
Si esta situación es traspasada al Órgano Judicial, la situación no cambia mucho, mencionó Saucedo. Por ejemplo, citó, la considerable cantidad de fiscales provisorios que conforman el Ministerio Público, y similar situación se atraviesa en el Órgano Judicial. “El sistema judicial tiene cerca del 60% de jueces provisorios no inscritos en carrera judicial, entonces la fragilidad institucional nos está llevando a situaciones desbordantes”, sintetizó.
Como parte del panel 3 también participó Edgar Cayujra, director de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, quien respondió que a un año de la gestión de Pedro Callisaya al frente de esta institución, se ha reducido el número de consultores en línea que integraban a la institución. Precisó que el número actual se eleva a 40 consultores. “Este es un logro para fortalecer a la Defensoría del Pueblo desde el personal, para reconstruir y darle credibilidad”, aseguró.
Además, puso énfasis en que la Defensoría tiene previsto incorporar personal con “ciertos estándares de idoneidad, experiencia, valores y compromisos con los derechos humanos” para otros ítems.
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