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Las legisladoras de Creemos María Rene Álvarez y la senadora Centa Rek enviaron siete notas a organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando la crisis ambiental y la vulneración de derechos indígenas que provocaron los incendios en el país.
En los dos últimos meses se registraron fuertes incendios en varias regiones, principalmente en Beni, Santa Cruz, Cochabamba y en el norte de La Paz. Se estima que el fuego arrasó este año con más de 3.3 millones de hectáreas.
Ante poca reacción del Gobierno para evitar el avance del fuego, las legisladoras de Creemos decidieron recurrir a organismos internacionales para denunciar la serie de vulneraciones de derechos ambientales e indígenas.
El viernes, Álvarez y Rek presentaron una solicitud de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas, víctimas de los incendios forestales, ante la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum.
Otra nota fue enviada el 19 de noviembre al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, con la denuncia por los atentados contra el medio ambiente y la inacción del gobierno boliviano ante el incremento de los incendios forestales en el país.
Tras tomar conocimiento de la crisis boliviana, Boyd dijo en sus redes sociales que se siente muy preocupado por el país.
Pero existieron otras dos cartas dirigidas a Boyd, la primera del 7 de noviembre, en la que se denunció atentados contra el medio ambiente, la reserva natural del Choré y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. La segunda fue enviada el 8 de noviembre solicitando que se realice un llamamiento urgente al gobierno de Bolivia para que pueda activar todos los mecanismos de protección en las áreas protegidas de Bolivia, frente al incremento de la actividad aurífera en esas zonas.
El relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palummo, también recibió una carta el 7 de noviembre con la denuncia de los atentados contra el medio ambiente, la reserva natural del Choré y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.
El 29 de agosto de 2022 con nota al relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, se le remitió información relevante y suficiente sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en la Chiquitania con el avasallamiento al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá.
Para el 18 de abril de 2022 se envió carta al relator especial sobre sustancias tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana con la solicitud de audiencia para abordar casos de contaminación que involucran derechos de los pueblos indígenas.
Entre tanto, varias organizaciones de la sociedad civil y la oposición política comenzaron a demandar la abrogación de las «leyes incendiarias» promulgadas durante anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo.
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