Javier Fernández, dirigente de la CIPOAP. Foto: captura video ANF.
La Defensoría del Pueblo demandó, de manera inmediata, medidas de protección y el inicio de investigaciones de oficio ante las denuncias de amenazas de muerte e intimidaciones dirigidas contra Javier Fernández Tuno, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), y su entorno familiar.
Fernández es blanco de amedrentamientos a raíz de las acciones legales e institucionales que los pueblos indígenas del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) llevan adelante frente al grave impacto ambiental y social que genera la minera aurífera en el rio Madre de Dios, donde cientos de balsas y dragas operan para extraer oro de manera ilegal incorporando mercurio en el proceso.
Mediante un pronunciamiento, la Defensoría remarcó que este tipo de amenazas contra los líderes originarios dañan el tejido social y vulneran los derechos colectivos de las comunidades amazónicas.
«En el marco del ejercicio de la fiscalización comunitaria y la defensa ambiental frente al avance de la minería y sus impactos por mercurio, se recuerda que, conforme al Acuerdo de Escazú, ratificado mediante Ley N.º 1182 de 4 de junio de 2019, el Estado boliviano tiene la obligación ineludible de garantizar un entorno seguro y propicio, adoptando medidas adecuadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar todo ataque, amenaza o intimidación contra las personas que denuncien o hagan conocer vulneraciones a los derechos humanos en asuntos ambientales», se lee en el documento.
La labor que desempeñan las autoridades y dirigentes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos —como la ejercida por el dirigente Javier Fernández Tuno— constituye una expresión fundamental del ejercicio de los derechos colectivos, la libre determinación, la gobernanza territorial y la salvaguarda de la vida, la salud, el agua y la seguridad alimentaria de sus comunidades, dice la entidad Defensorial.
Requerimientos a la Policía y Fiscalía en Pando
Por otra parte, a través de dos notas oficiales (remitidas este 29 de octubre desde Cobija), la Delegada Defensorial Departamental de Pando, Cinthya Alejandra Jordán Ramos, hizo llegar requerimientos formales tanto al Comando Departamental de la Policía de Pando como a la Fiscalía Departamental, tanto para resguardar la integridad de Fernández como para dar con las personas que atentan contra su seguridad.
En la nota enviada al Comando Departamental, la Defensoría solicitó una evaluación del nivel de riesgo que corren Fernández y su familia. Y demandó que se activen todos los mecanismos que garanticen una respuesta oportuna, resguardo de su integridad y la debida reserva de su información para no exponerlo a un mayor peligro.
En la nota remitida al Ministerio Público, dirigida a la fiscal departamental Adriana Rodríguez Melena, se solicitó iniciar las las investigativas correspondientes para identificar y sancionar a los autores de las amenazas, gestionando paralelamente las medidas del sistema de protección a víctimas y testigos.
La entidad anunció que realizará un monitoreo y seguimiento estrictos a las labores de la Fiscalía y la Policía, así como a las acciones de las autoridades Agroambientales y los ministerios correspondientes «para que el dirigente consiga garantías reales y se cumpla con el debido proceso, la no vulneración de los derechos colectivos y la protección integral de quienes defienden la Amazonía y los derechos de la Madre Tierra».
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