Camión cisterna de transporte de combustibles. Foto: YPFB.
ANF
El analista de temas energéticos Francesco Zaratti afirmó que la eliminación de la subvención del diésel finalmente desata un «nudo gordiano» de este problema que afecta al país y empieza el periodo en que «deberá ajustarse a la realidad del fin del ciclo del gas», mientras no haya más inversiones en el desarrollo del sector.
«La economía de Bolivia deberá ajustarse a la realidad del fin del ciclo del gas, por lo menos mientras no se logre atraer inversiones de riesgo en el sector de los hidrocarburos e incentivar más la generación eléctrica con base en fuentes renovables», afirmó Zaratti.
El Decreto Supremo 5716, promulgado por el presidente Rodrigo Paz la noche del viernes, elimina el subsidio para todos los consumidores del diésel y establece un precio inicial regulado de 17,95 bolivianos por litro, aunque variará en función de las fluctuaciones del mercado internacional.
La medida pone a fin a la existencia de dos tipos de precios de diésel, uno de Bs 9,80 para los transportistas y otros sectores sociales, y uno mayor de Bs 18 para grandes consumidores.
Según Zaratti, «en la medida en que YPFB y los privados abastezcan al mercado, terminarán las filas, las reventas y el contrabando».
Destacó que la población más vulnerable recibirá una «compensación» mediante bonos frente al incremento de los precios que afectará la medida, fundamentalmente por el transporte.
Zaratti consideró que los siguientes pasos apuntan a la eliminación o reducción de otras subvenciones, como las de la gasolina, prevista para enero de 2027, el gas destinado a la generación eléctrica y el gas licuado de petróleo (GLP). A su juicio, el ajuste del precio de la garrafa será inevitable si se pretende evitar el contrabando.
Impacto inflacionario
De su parte, el economista Fernando Romero advirtió que la eliminación de la subvención al diésel puede provocar un incremento de los costos de producción, una mayor inflación y una contracción de la actividad económica, por lo que planteó que el ahorro fiscal se destine a fortalecer las reservas internacionales, la inversión productiva y la protección social.
Señaló que el aumento del precio del diésel afectará principalmente al transporte, la agricultura, la minería, la construcción y la distribución, con repercusiones en los precios de los alimentos y otros bienes.
El economista destacó que la eliminación del subsidio puede generar un alivio fiscal significativo y reducir los incentivos al contrabando, aunque aclaró que el ahorro efectivo será inferior a las estimaciones generales, debido a que el costo de la subvención incluye tanto diésel como gasolina y depende de factores como el precio internacional, el volumen importado y el tipo de cambio.
Romero advirtió que las gobernaciones y alcaldías también enfrentarán un impacto financiero por el encarecimiento del combustible que utilizan en sus vehículos y maquinaria, en un contexto de crisis estructural de las finanzas subnacionales.
Respecto al abastecimiento, explicó que la eliminación de la subvención no garantiza por sí sola la provisión de diésel las 24 horas del día, porque Bolivia mantiene una alta dependencia de las importaciones y enfrenta restricciones de divisas.
Afirmó que se requiere combinar la disponibilidad de dólares, importaciones regulares, almacenamiento estratégico, refinerías operativas y una logística eficiente.
Como medidas para atenuar los efectos sociales, Romero propuso transferencias temporales y focalizadas para los hogares de menores ingresos, mecanismos de protección para sectores críticos y el uso del ahorro en reservas, infraestructura energética, reducción de deuda e inversión, con el objetivo de evitar que el costo del ajuste recaiga principalmente en las familias más pobres.
“No se debe sustituir un subsidio general por otro subsidio general: debe utilizarse un registro social único y focalización por ingreso/vulnerabilidad”, propuso, entre otras medidas para atenuar el impacto en los sectores vulnerables.
