Jorge Quispe, Sumando Voces
Han pasado 86 días desde la noche del viernes 19 de junio, cuando el presidente Rodrigo Paz y el dirigente cobista Mario Argollo firmaron un acuerdo que puso fin a 51 días de manifestaciones y más de 45 de bloqueos de carreteras. Esa misma noche, el mandatario firmó el decreto que puso en vigencia el estado de excepción. Ahora, mientras se acerca el final de esa medida y persisten las tensiones políticas y sociales, juristas y analistas plantean que el país necesita dar un paso más: sentar a los distintos actores en una mesa para construir acuerdos que permitan prevenir una nueva crisis.
El llamado a una concertación nacional ya comenzó a tomar forma desde el Gobierno. En las últimas horas, el presidente Paz convocó a las fuerzas políticas con mayor representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y les planteó “ponerse de acuerdo” para trabajar en cuatro temas indispensables.
“Les pido la unidad necesaria para debatir abiertamente estas transformaciones fundamentales: el paquete de leyes, la reforma constitucional, el 50-50 y la subvención a futuro; cuatro temas de urgencia”, sostuvo el jueves en Santa Cruz.
Los líderes de las principales alianzas opositoras —Jorge Quiroga, de Libre; Samuel Doria Medina, de Unidad; y Manfred Reyes Villa, de Súmate— todavía no se pronunciaron formalmente sobre la convocatoria.
Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, sin embargo, el desafío va más allá de alcanzar acuerdos entre fuerzas políticas. Después de las jornadas de mayo y junio, considera que la prioridad debe ser recuperar la capacidad de las instituciones democráticas para procesar las diferencias antes de que estas vuelvan a trasladarse a las calles.
“Por lo tanto, el Gobierno debió trabajar y tiene que trabajar en construir consensos no solo políticos, sino sociales. Creo que es momento de que el Presidente convoque a una cumbre política. En democracia hay que dialogar con todos y construir consensos sobre la base de una agenda”, afirma Rivera desde Cochabamba.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional considera que un diálogo amplio y sincero es una condición para avanzar hacia acuerdos duraderos y evitar que las diferencias terminen nuevamente en escenarios de confrontación.
“Es importante apostar por el diálogo, por el consenso, por el reencuentro de los bolivianos para avanzar”, sostiene.
El pedido de una cumbre cobra fuerza
La idea de una mesa amplia también encuentra respaldo fuera del ámbito político partidario. Desde el movimiento sindical, Sósimo Paniagua, ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, considera necesario convocar a un encuentro nacional que permita poner a los distintos sectores frente a una misma agenda.
“Creemos que lo primero que hay que hacer es un gran encuentro nacional de la clase política partidaria. La solución está realmente en que los bolivianos nos pongamos de acuerdo, que llevemos este carro todos para el mismo lado. Creemos que es el momento de que la clase política se siente a la mesa”, afirma el dirigente fabril, que esta semana estuvo en La Paz.
Paniagua conoce de cerca el escenario que se busca evitar. En junio, dirigentes de la COD estuvieron en la sede de Gobierno para acompañar la firma del acuerdo entre Paz y Argollo, que permitió desactivar las movilizaciones que habían paralizado buena parte del país.
Ahora, considera que el desafío es evitar que un nuevo conflicto vuelva a encontrar a los actores enfrentados y sin canales suficientes para procesar sus diferencias.
Un diálogo que incluya a gobernadores y alcaldes
Para el analista político Daniel Moreno, una eventual cumbre tampoco debería quedar restringida solo a los partidos con representación en la Asamblea. Las demandas que atraviesan al país tienen una dimensión económica, social y territorial que requiere incorporar a otros niveles de decisión.
“El Gobierno debería ser más capaz de establecer diálogos. Lo que necesita el país es un gran acuerdo nacional, es sentar a los distintos líderes políticos, a los gobernadores, a los alcaldes… hacerlo desde un punto de vista de construcción de acuerdos políticos que nos permitan superar las cosas”, plantea.
Moreno considera que la ciudadanía no espera soluciones inmediatas a problemas que se acumularon durante años, pero sí mecanismos capaces de encauzar las diferencias.
“La mayoría de los bolivianos saben que las cosas no se van a resolver mágicamente”, señala.
¿Y una cumbre nacional debería incluir también a quienes exigen la dimisión del presidente? Para Moreno, sí.
“Por supuesto que tiene que sentar a todos, y aquellos que no se quieran sentar a construir un acuerdo de país podrán ser señalados por el Gobierno y por el resto de la sociedad como quienes buscan profundizar la crisis que vive el país”, sostiene.
La amplitud de la convocatoria adquiere especial relevancia después de los 51 días de protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio. Según los datos manejados en esta crisis, el conflicto generó pérdidas económicas de al menos 3.000 millones de dólares y, de acuerdo con el Ministerio de Economía, unas 150.000 personas perdieron sus empleos.
Pero el costo no se mide solamente en dinero.
Al menos 22 personas murieron durante las jornadas de conflicto, según el recuento de la Defensoría del Pueblo. Detrás de esa cifra hay familias que quedaron con una pérdida que ningún acuerdo posterior puede reparar.
Aprender antes de que vuelva a ocurrir
El analista político Marcelo Silva pone el foco en uno de los momentos que, a su juicio, resultaron determinantes durante la crisis: la demora en activar mecanismos de prevención y diálogo.
“El Gobierno apostó al desgaste, no teniendo en consideración el hecho de que a los conflictos hay que prevenirlos y hay que promover rápida y oportunamente el diálogo”, sostiene.
Para Silva, una eventual cumbre nacional no debería ser solamente una fotografía de los principales actores políticos, sino un espacio capaz de traducir las demandas sectoriales en acuerdos concretos. Considera que el Gobierno necesita construir entendimientos tanto en la Asamblea como con los sectores sociales.
“(Una cumbre) es imprescindible. No hay otra posibilidad de sobrevivir políticamente a un proceso como el que vive el Gobierno. Ahí sí el Ejecutivo tendrá que hacer esfuerzos muy grandes para establecer acuerdos que además tienen que satisfacer demandas sectoriales”, afirma.
A su juicio, el oficialismo sí podría alcanzar acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa, incluso para reunir los dos tercios cuando sean necesarios. El mayor desafío, advierte, estaría en la relación con los sectores sociales y en la recuperación de la credibilidad del Ejecutivo, golpeada por las últimas denuncias de corrupción.
Una señal de que el diálogo todavía puede desactivar conflictos se produjo esta semana, cuando autoridades nacionales lograron desactivar las movilizaciones registradas en Beni por la escasez de diésel.
Sin embargo, los antecedentes de mayo y junio muestran también los límites de los acuerdos cuando estos no incluyen a todos los actores. La noche del 19 de junio, mientras Paz y Argollo suscribían el acuerdo que permitió levantar las medidas de presión, la organización Tupac Katari, que representa al movimiento campesino del departamento de La Paz, rechazó el documento.
La escena resume uno de los principales desafíos de la etapa que viene: un acuerdo puede cerrar un conflicto, pero no necesariamente resuelve las diferencias que lo provocaron ni garantiza que todos los sectores se sientan representados.
A medida que se acerca el final del estado de excepción, el país vuelve a enfrentarse a una pregunta que va más allá de una medida gubernamental: ¿qué harán sus actores políticos y sociales antes de que una nueva demanda vuelva a convertirse en una crisis?
Después de 51 días de bloqueos, escasez, pérdidas económicas y 22 muertes, la respuesta no parece estar en esperar el próximo conflicto para volver a sentarse a negociar. La apuesta que plantean las voces consultadas es otra: abrir ahora los espacios de diálogo, ampliar la mesa y convertir las diferencias en acuerdos antes de que vuelvan a llegar a las carreteras.
Porque si algo dejaron aquellos 51 días es una certeza difícil de ignorar: cuando el diálogo llega después del conflicto, puede ayudar a detenerlo; cuando llega antes, puede evitar su costo.
«Bolivianos por el diálogo y la paz social»
