Foto referencial de la sequía. Autor: Opinión
Organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, de mujeres, jóvenes y otros sectores que integran la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) plantearon una agenda de acción para enfrentar las crisis económica, social, ambiental y climática del país, estructurada en nueve ejes que incluyen agua, minería, incendios y deforestación, seguridad alimentaria, crisis climática, extractivismo, defensa de derechos, transición energética y gestión de residuos sólidos.
La propuesta fue construida durante un encuentro realizado el 3 y 4 de septiembre en Cochabamba, donde las organizaciones analizaron la situación nacional y emitieron un pronunciamiento. En ese documento también rechazaron cualquier reforma de la Constitución Política del Estado que, según la Plataforma, debilite derechos o ponga en riesgo los bienes comunes y la Madre Tierra. “No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro lo que se ha logrado con sangre y lucha”, señala el pronunciamiento.
Las organizaciones señalaron que la crisis económica, expresada en la recesión, el incremento de precios y la escasez de dólares y combustibles, se suma a problemas ambientales como sequías, inundaciones, incendios, pérdida de bosques, escasez y contaminación del agua y degradación de los territorios.
Frente a este escenario, la PBFCC cuestionó que la minería, los hidrocarburos, la agroindustria, el litio y otros recursos naturales sean planteados como una salida a la crisis. Las organizaciones advirtieron que la expansión del modelo extractivista puede generar impactos ambientales, conflictos territoriales y dependencia económica.
Como alternativa, la Plataforma propone avanzar hacia un modelo basado en la justicia climática, la economía territorial, la defensa de los bienes comunes, los derechos y el fortalecimiento de las economías locales. También plantea impulsar las economías del bosque, sistemas agroforestales, agroecología y la producción familiar campesina indígena originaria.
Los nueve ejes
El primer eje está dedicado al agua, con propuestas para defenderla como bien común y derecho humano y colectivo, además de impulsar la aprobación de una Ley del Agua y generar información sobre los impactos del cambio climático.
El segundo corresponde a la minería, donde se plantea cuestionar el modelo minero extractivista, fortalecer el control social y territorial y documentar casos de contaminación y afectaciones a la salud.
El tercer eje aborda los incendios y la deforestación, con acciones orientadas a fortalecer la protección comunitaria y promover la aprobación y seguimiento de proyectos de ley relacionados con los bosques.
El cuarto eje propone fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria mediante sistemas alimentarios territoriales y agroecológicos, recuperación de semillas y conocimientos tradicionales y promoción del consumo biodiverso.
El quinto está enfocado en la crisis climática y plantea pasar de la atención de sus impactos a la transformación de sus causas estructurales, además de construir propuestas territoriales de adaptación y generar evidencia con universidades y centros de investigación.
El sexto plantea avanzar hacia un modelo post-extractivista, ante la expansión de actividades extractivas y los riesgos asociados al litio, los minerales críticos y los mercados de carbono.
El séptimo eje está relacionado con las defensoras y defensores de derechos, para fortalecer la defensa territorial y promover la implementación del Acuerdo de Escazú. El octavo propone una transición energética justa, popular e informada, mientras que el noveno plantea mejorar la gestión de residuos sólidos mediante reducción, reutilización, reciclaje y compostaje.
La agenda incorpora además como ejes transversales el fortalecimiento organizativo territorial y comunitario y la justicia climática y de género, con énfasis en el reconocimiento del liderazgo de las mujeres en la defensa de los territorios y los bienes comunes.
Entre sus demandas, la PBFCC pide la aprobación de los anteproyectos de Ley de Bosques y Otros Sistemas de Vida, Ley de Desarrollo Integral del Norte Amazónico “Bruno Racua”, Ley para Preservar y Cuidar el Ciclo del Agua, Ley de Emergencia Climática y Ley de Gestión Pública para las Autonomías Indígenas. También exige participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas, especialmente en la gestión de recursos estratégicos como la minería.
Finalmente, la Plataforma plantea elaborar un plan de trabajo para implementar la Agenda Climática y Ambiental, fortalecer la información y concientización ciudadana y ampliar la articulación con otras organizaciones. También convoca a reconstruir la unidad de los sectores que defienden la vida, los territorios y los bienes comunes.
Aquí puede ver el documento:
