Minería en Tipuani. Foto: Sergio Mendoza.
Entre 2000 y 2025, Bolivia extrajo oro por un valor estimado de $us 25.600 millones, mientras las gobernaciones y municipios percibieron apenas $us 617 millones en regalías, de acuerdo con datos presentados por el experto en minería Héctor Córdova durante un taller preparatorio del Simposio Nacional del Oro, de acuerdo con una nota de ANF.
La diferencia entre el valor generado por la actividad aurífera y los recursos que llegan al Estado fue uno de los principales cuestionamientos planteados durante el encuentro convocado por el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (Gi-Tor).
Córdova señaló que menos del 2% del valor del oro producido termina como ingreso estatal, en un contexto en el que cerca del 99% de la producción está registrada bajo cooperativas mineras, que operan con un régimen tributario diferenciado.
A esta situación se suman, según la exposición, pérdidas vinculadas con evasión, elusión tributaria y subvenciones. Solo en 2022, estos factores habrían representado alrededor de $us 1.433 millones. El experto también alertó sobre posibles niveles de subregistro en la comercialización, debido a que algunas empresas compradoras adquirirían oro sin declarar hasta dos tercios de la producción efectiva.
Otro punto observado es el sistema de regalías mineras. Córdova recordó que la escala vigente fue establecida en 1996, cuando la onza troy de oro tenía un precio inferior a $us 300. El esquema establece un límite de 7% para valores superiores a $us 700, un parámetro que, a su juicio, ya no responde al comportamiento actual del mercado internacional.
Frente a este escenario, el experto propuso modificar de manera integral el modelo de explotación y comercialización del oro. Entre sus planteamientos están la incorporación de tecnologías que permitan eliminar el uso de mercurio, una mayor intervención estatal en la comercialización y la retención de divisas, además de un nuevo régimen fiscal para las cooperativas que contemple su transformación hacia estructuras empresariales.
También planteó fortalecer la protección de las áreas protegidas y establecer mecanismos efectivos de consulta previa para las comunidades y pueblos afectados por las actividades mineras.
Para Córdova, cualquier modificación del régimen aurífero debe construirse mediante un proceso de diálogo con las cooperativas, acompañado de controles efectivos, reformas legales elaboradas con respaldo técnico y una política estatal de largo plazo para el sector.
