Bolivia necesita reformas. La crisis económica, la escasez de divisas, las dificultades energéticas y la necesidad de generar empleo e inversión hacen evidente que el país no puede seguir postergando decisiones estructurales. Pero tan importante como saber qué cambiar es definir cómo hacerlo. Las reformas que marcarán el rumbo del país no pueden construirse a espaldas de quienes deberán vivir con sus consecuencias.
En su mensaje por los 201 años de la independencia, el presidente Rodrigo Paz anunció una hoja de ruta que incluye el envío a la Asamblea Legislativa de los proyectos de Ley de Inversiones, Hidrocarburos, Minería y Alianzas Público-Privadas, además de un nuevo modelo de gobernanza para el sector hidrocarburífero y energético. También convocó a construir un Gran Acuerdo Nacional basado en las instituciones y el diálogo.
La convocatoria es pertinente. Pero un gran acuerdo no puede ser solamente una declaración política ni reducirse a reunir a los actores con mayor capacidad de presión. Si el propósito es construir políticas públicas duraderas, la concertación debe ser amplia, transparente y representativa.
La experiencia reciente ofrece una advertencia. La Cumbre Nacional de Minería, convocada para discutir propuestas que servirían de base para una futura ley, fue cuestionada no solo porque la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se hizo a un lado, sino porque no fueron convocadas naciones indígenas y comunidades directamente afectadas por la actividad minera.
¿Puede llamarse consenso a un proceso en el que quienes serán afectados por las decisiones no tienen la posibilidad de participar?
La pregunta es válida para este caso, pero también para cada una de las reformas anunciadas. Una nueva Ley de Hidrocarburos debe escuchar a los trabajadores, las empresas, las comunidades y los territorios donde se desarrolla la actividad. Una Ley de Minería debe considerar a los productores, pero también a quienes viven junto a las operaciones mineras, a las organizaciones que trabajan en temas ambientales y a los pueblos cuyos territorios y recursos pueden verse afectados. Las alianzas público-privadas requieren escuchar tanto al sector empresarial como a los trabajadores y a la ciudadanía que, finalmente, asumirá los efectos de las decisiones públicas.
Lo mismo vale para la Ley de Inversiones. Atraer capital es importante, pero también lo es establecer reglas que protejan derechos, aseguren transparencia, respeten el medio ambiente y generen beneficios para el conjunto del país. El desarrollo no puede medirse únicamente por cuánto se invierte, sino también por cuánto mejora la vida de las personas.
Concertar tampoco significa que todos tengan que estar de acuerdo. Significa escuchar antes de decidir, transparentar las posiciones, identificar coincidencias y diferencias y explicar por qué determinadas propuestas son aceptadas o descartadas. El desacuerdo no invalida el diálogo; al contrario, forma parte de él.
En ese proceso, el debate informado en la Asamblea Legislativa es esencial; su responsabilidad va mucho más allá de aprobar o rechazar leyes. Los legisladores son representantes de la ciudadanía y, particularmente en el caso de quienes fueron elegidos en circunscripciones uninominales, tienen una obligación política con los territorios que los eligieron: escuchar, informar, socializar y recoger propuestas. Una ley debatida únicamente dentro del Palacio Legislativo difícilmente podrá ser asumida como propia por la sociedad.
Asimismo, en el marco de la institucionalidad democrática, de sus responsabilidades y competencias, los gobiernos departamentales y municipales también deben ser parte del análisis y de los aportes, porque muchas de las reformas tendrán efectos concretos en sus territorios y en la vida cotidiana de sus habitantes.
Bolivia atraviesa una profunda crisis de confianza. Más de 50 días de protestas y más de 45 de bloqueos demostraron el costo de una sociedad que encuentra cada vez más dificultades para procesar sus diferencias mediante sus instituciones. Sería contradictorio intentar superar esa crisis reproduciendo formas de decisión cerradas o excluyentes.
Las leyes estructurales necesitan más que votos para sobrevivir. Necesitan legitimidad. Y la legitimidad se construye cuando las personas y los sectores sienten que fueron parte del proceso y que fueron escuchados, incluso si sus planteamientos no son incorporados.
La socialización de las propuestas normativas en espacios de participación plural, con acceso a información integral y transparente para la toma de decisiones y el uso de los mecanismos institucionales existentes para generar diálogos y consensos son la vía. El Gran Acuerdo Nacional convocado por el Presidente puede ser una oportunidad para seguir ese camino y reconstruir la confianza.
