No es la primera vez que somos testigos de la salida de oro ilegal boliviano, sin importar quién esté en el gobierno, esta práctica tiene una organización altamente especializada que se superpone al Estado. Sin embargo, en esta ocasión quiero proponerle pensar más allá de las capacidades estatales que además de carecer de una infraestructura mínima no ha encontrado la voluntad política suficiente para hacer prevalecer los intereses del país por encima de los intereses del crimen organizado.
Desde la psicología política, podemos preguntarnos cuál es la función que cumple esta actividad y por qué considerar la norma resulta a estas alturas ingenuo. Pensemos entonces en las élites y sus propias estrategias de reproducción, que parten básicamente de la acumulación de capitales sean políticos, sociales, económicos o simbólicos.
Esa acumulación no sirve de nada si es que no se introduce en un circuito, si no se dinamiza, para eso sirven las redes que pueden o no encontrar una base en el círculo familiar. Estas se extienden hacia actores estratégicos y agentes clave en espacios críticos de decisión, en todo aquello vinculado a la logística, el intercambio, las finanzas y la seguridad. Estas redes no tienen límites nacionales ni institucionales, perforan la administración gubernamental local y nacional sin mayor problema y también saben cómo encontrar aliados en espacios de economía privada, hasta incluso lograr diversificar su alcance y lavar su dinero en negocios aparentemente limpios con sedes en metrópolis mundiales o paraísos fiscales.
Nos interesa conocer cuál es la trama discursiva que termina instalándose en la colectividad y que le permite a estas élites distorsionar y justificar sus prácticas. Veamos un ejemplo: su derecho a producir privilegio mediante la infracción de la norma, dejando en claro de que la ley no es igual para todos, como tampoco lo son las sanciones, ni los requisitos, ni los tiempos, ni la vigilancia, ni las multas ni las penas.
Pensemos por ejemplo en la referencia que indica que “los recursos naturales son del pueblo” y su consecuente lectura distorsionada: “el pueblo es racializado, constituye a la élite sindical y no a la otra ‘Bolivia colonial’” cuando tras bambalinas esas mismas élites son las que encuentran pactos y prestes con sus supuestos antagonistas sea en espacios públicos o privados, quienes contentos bailan con ellos porque también les conviene. Entonces los “acuerdos” transnacionales mineros al margen y en contra de la ley son una oportunidad, el tráfico de información gubernamental sensible se convierte en estrategia para el funcionario público, lo mismo que las cartografías de los territorios que adquieren un estilo Prêt-à-porter.
En esos espacios, el racismo y la discriminación tanto a escala nacional e internacional son temas que se resuelven en dos farras; ahí las etnias y nacionalidades diversas son fraternas, tienen un solo lenguaje, da lo mismo ser chino, aymara, ruso, gringo, español o cualquiera. Esos discursos de odio se guardan para el show, para el pueblo, para el resto de la gente, para administrar y movilizar cuerpos vulnerables y usarlos de carne de cañón, sirven para la extorsión y la presión cuando ven amenazados sus intereses.
Esas élites diversas no están dispuestas a redistribuir su capital o pagar impuestos, y se valen de lo que les sea útil: si vestir sus prácticas de “usos y costumbres” les sirve de distractor para sobornar con oro a la autoridad de turno, es una estrategia bienvenida.
Mientras no construyamos narrativas capaces de sostener una subjetividad progobierno abierto o el valor y la urgencia de la independencia del poder judicial, entre otras necesidades, ese oro seguirá comprando algo más que impunidad: seguirá pagando la banda, los trajes y el territorio de baile. Porque en estas morenadas no baila el que quiere, baila el que puede, el que tiene orito, mientras el resto, la gran mayoría, solo mira mientras cuenta las monedas que le permitan medianamente vivir mañana.
Daniela Leytón Michovich es psicóloga política y cientista social.
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