Foto y autor: Cámara de Diputados.
La abrogación de dos leyes cuestionadas por facilitar los desmontes y las quemas continúa paralizada en la Cámara de Diputados, pese a que ambas iniciativas fueron aprobadas por el Senado en la anterior legislatura. Mientras el proyecto para abrogar la Ley 1171 («Uso y Manejo Racional de Quemas») espera una votación en la Comisión de Medio Ambiente, la propuesta para dejar sin efecto la Ley 741 (de «Ampliación de la Superficie de Desmonte para Pequeñas Propiedades y Propiedades Comunitarias») continúa en una etapa previa del trámite legislativo.
Así, el tratamiento de las denominadas «leyes incendiarias» avanzan a distinto ritmo y todavía deben superar varias etapas antes de llegar al pleno.
La diputada ambientalista Cecilia Requena explicó a Sumando Voces que la iniciativa más avanzada corresponde a la Ley 1171, cuyo proyecto de abrogación ya cuenta con un informe aprobatorio elaborado por un comité de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja. El siguiente paso será que dicho informe sea sometido a votación dentro de la comisión y, solo si obtiene la mayoría necesaria, podrá pasar al pleno de Diputados.
«Nosotros hemos avanzado con la 1171 generando un informe aprobatorio que ratifica lo que hizo el Senado. Ahora corresponde la votación en la comisión», indicó. Sin embargo, advirtió que el resultado aún es incierto debido a que durante el tratamiento surgieron posiciones divergentes entre los legisladores y los sectores productivos.
La senadora Marcela Guerrero coincidió en que los proyectos permanecen pendientes en la Cámara Baja. Recordó que la Cámara de Senadores aprobó la abrogación de ambas normas durante la anterior legislatura y sostuvo que, desde entonces, no existe información clara sobre su tratamiento. «No tenemos respuesta de la Cámara de Diputados, no entendemos cuál es la razón», afirmó en contacto con Sumando Voces.
En Bolivia, el debate sobre las “leyes incendiarias” resurge en medio de una crisis recurrente de incendios forestales y focos de calor, especialmente en la Chiquitanía, la Amazonía y regiones como Santa Cruz y Tarija, lo que ha puesto bajo escrutinio el paquete de normas que entre 2006 y 2019 permitió ampliar la frontera agrícola mediante desmontes y quemas bajo el argumento de la producción de alimentos.
La diputada Cecilia Requena explicó que la Comisión de Medio Ambiente tenía previsto votar el informe antes del receso legislativo; sin embargo, decidió convocar previamente a una audiencia pública para escuchar a los diferentes actores involucrados. Durante esa audiencia, realizada antes del receso parlamentario, representantes de sectores productivos reiteraron su rechazo a la abrogación de la Ley 1171, especialmente por las implicaciones que tendría sobre las quemas controladas y el régimen de sanciones.
Concluido el receso, la comisión deberá retomar el tratamiento del proyecto. «Ahora deberíamos votar en cualquier momento en la comisión. No le puedo decir cuál será el resultado, pero todavía hay posiciones diferentes», señaló Requena. Asimismo, recordó que, si el informe no consigue el respaldo suficiente dentro de la comisión, el proyecto no podrá llegar al pleno de la Cámara de Diputados y su tratamiento quedará pendiente.
La abrogación de la Ley 741 se halla en etapa inicial
El proyecto para abrogar la Ley 741 de «Ampliación de la Superficie de Desmonte para Pequeñas Propiedades y Propiedades Comunitarias» continúa en una fase anterior del procedimiento legislativo. La parlamentaria Cecilia explicó que esta iniciativa todavía debe ser remitida a la comisión correspondiente para iniciar su análisis técnico, donde posteriormente deberá elaborarse un informe antes de ser sometida a votación.
«Estamos en dos momentos distintos. La 1171 ya tiene informe y está cerca de la votación en comisión; la 741 todavía debe pasar a comisión para la elaboración del informe», precisó.
La Ley 741 es una de las normas más cuestionadas por organizaciones ambientales porque permite desmontes de hasta 20 hectáreas por familia mediante el uso de quemas, incluso sin que exista un derecho propietario plenamente consolidado.
La diputada recordó que las normas consideradas «leyes incendiarias» fueron aprobadas durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que el Senado ya dio luz verde, en la anterior legislatura, a la abrogación individual de algunas de ellas.
Entre las normas derogadas por la Cámara Alta en primera instancia se encuentran la Ley 741, relacionada con desmontes y quemas; la Ley 1171, que regula las quemas controladas y establece su régimen de sanciones; y la Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, y sus subsecuentes leyes 502, 739 y 952. Estas normas fueron cuestionadas por dar un “perdonazo” a los desmontes y quemas. Todos estos proyectos fueron remitidos posteriormente a la Cámara de Diputados para completar el procedimiento legislativo, pero hasta ahora no concluyeron su tratamiento.
La diputada sostuvo que, si bien la derogación de las leyes incendiarias constituye un paso importante, la solución de fondo pasa por modificar las políticas relacionadas con el uso del suelo y las prácticas agropecuarias. En ese contexto, informó que ella y un grupo de legisladores impulsa un proyecto de Ley de Bosques, orientado a establecer mecanismos para fortalecer la protección de los ecosistemas, evitar incentivos para los desmontes ilegales y promover un manejo sostenible del territorio.
Entre las propuestas mencionó que la iniciativa busca reconocer la función ecológico-social de la tierra, impedir que predios afectados por incendios ilegales puedan ser destinados posteriormente a otras actividades productivas y garantizar que el uso del suelo responda a la vocación natural de cada ecosistema. Según explicó, el proyecto también pretende cerrar vacíos legales que podrían quedar si finalmente se concretan las abrogaciones de las normas actualmente cuestionadas.
Procedimiento legislativo
La legisladora explicó que todo proyecto de ley debe cumplir varias etapas antes de convertirse en norma. Una vez presentada la iniciativa, esta debe ser remitida a la comisión competente, donde se elabora un informe técnico que puede recomendar su aprobación, su aprobación con modificaciones o su rechazo.
Posteriormente, ese informe debe ser votado por los miembros de la comisión y, únicamente si obtiene el respaldo suficiente, pasa al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración final.
Para la senadora Marcela Guerrero, la demora en la aprobación de las abrogaciones cobra mayor relevancia debido a la recurrencia de incendios forestales registrados en distintas regiones del país. La legisladora sostuvo que el tratamiento de las denominadas «leyes incendiarias» debería acelerarse para acompañar otras medidas destinadas a prevenir este tipo de emergencias.
