Contaminación minera en Potosí. Foto El Potosí
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El jefe de Medioambiente del municipio de Potosí, Raúl Pinto, informó que comercializadoras mineras cerraron sus puertas y no permitieron el ingreso de los funcionarios, que pretendían hacer la entrega de una notificación para que presenten sus licencias ambientales vigentes y otra documentación, como el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) y el Número de Identificación Tributaria (NIT).
El funcionario dijo que la Jefatura de Medioambiente del municipio de Potosí realizó un arduo trabajo la pasada semana, entre el lunes y el jueves, haciendo la notificación a todos los operadores mineros que se encuentran dentro de esa jurisdicción.
“Este trabajo se ha realizado el lunes, martes, miércoles y jueves. Ha sido muy arduo, hemos tenido también muchos percances con operadores mineros, más que todo con las comercializadoras de minerales, donde nos han cerrado las puertas, no nos han permitido el ingreso”, manifestó.
Ante esta denuncia, la Sociedad Potosina de Ecología (SOPE) se pronunció para manifestar su preocupación ante las denuncias realizadas por la Jefatura de Medioambiente del municipio potosino sobre el incumplimiento de la normativa ambiental por parte de algunos operadores mineros, ingenios y comercializadores de minerales que desarrollan sus actividades en el municipio de Potosí.
La preocupación se agrava porque en distintos sectores de la ciudad se observa la carga, descarga y manipulación de minerales a cielo abierto, aparentemente sin medidas suficientes para evitar la dispersión de polvo y residuos. Estas actividades pueden afectar la calidad del aire, contaminar el suelo y generar riesgos para las aguas superficiales y subterráneas, sostiene el pronunciamiento.
Según Pinto, los funcionarios de esa dependencia municipal fueron a realizar la notificación, pero “se han portado de manera agresiva con el personal. Lastimosamente, hemos tropezado con muchos de ellos y muchos también que nos han atendido muy bien”, dijo a Radio Continental Potosí.
Precisó que el trabajo fue realizado junto con la Unidad de Recaudaciones para que los operadores mineros presenten sus licencias ambientales vigentes a la Jefatura de Medioambiente.
“Se les está pidiendo su licencia ambiental, su informe de monitoreo ambiental, su licencia para sustancias peligrosas, Seprec, NIT y otros documentos que son necesarios”, dijo.
Informó que, además, se les invitó a participar de una reunión para aclarar algunas dudas que podrían tener y otorgar plazos para que cumplan con lo que dispone la norma, debido a que se ha podido detectar que muchos no cuentan con esa documentación.
“En muchos lugares los operadores mineros no cuentan con la licencia ambiental; por ello, se está solicitando que regularicen su situación legal. Se les está pidiendo que legalicen su situación, que hagan sus informes de monitoreo”, afirmó.
Pinto sostuvo que el objetivo del municipio es que cada operador minero tenga su licencia y no esté trabajando de manera ilegal. “En este caso, que pueda tramitar su documento ambiental, poder contar con su equipo de monitoreo y pueda ir a hacer el control correspondiente, porque al tener su licencia ellos ponen como declaración jurada el tema de control a la contaminación ambiental, en este caso, aire, suelo, agua, ruido y otras que tienen que cumplir en beneficio del medioambiente”, afirmó.
Los informes de monitoreo ambiental minero (IMA) son documentos de carácter obligatorio y de declaración jurada, exigidos en Bolivia para evaluar y mitigar los impactos operativos sobre el agua, el suelo y el aire, de acuerdo con la norma.
Advirtió que, al trabajar de manera ilegal, ellos no estarían cumpliendo estas obligaciones y eso es negativo para el municipio, negativo para el sector donde están ubicados los operadores mineros. “Ese es nuestro objetivo, no queremos molestar al operador, tenemos derecho a trabajar también”, dijo.
Mientras tanto, la SOPE sostiene que la autoridad municipal viene exigiendo la presentación de licencias ambientales, informes de monitoreo, autorizaciones para el uso y manejo de sustancias peligrosas, declaraciones juradas de control ambiental y otros documentos destinados a prevenir la contaminación del aire, el agua y el suelo.
Sin embargo, se ha denunciado que varios establecimientos no contarían con esta documentación y que algunos habrían impedido el ingreso de los funcionarios municipales encargados de realizar las inspecciones, afirma.
“Resulta inaceptable que quienes tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la normativa sean recibidos con malos tratos o se vean impedidos de cumplir sus funciones”, sostiene.
Ninguna actividad económica, por importante que sea para Potosí, puede encontrarse por encima de la ley ni obstaculizar el trabajo de las autoridades encargadas de proteger la salud de la población y el medioambiente.
También corresponde verificar las condiciones en las que operan los ingenios ubicados en las carreteras hacia el sur y el oeste de la ciudad, especialmente en lo referido a sus licencias ambientales, diques de colas, geomembranas, fuentes de abastecimiento de agua y procedimientos para el almacenamiento y manejo de sustancias químicas peligrosas.
La SOPE respalda las acciones de fiscalización emprendidas por la Jefatura de Medioambiente y exige que todos los operadores mineros, ingenios y comercializadores de minerales cumplan estrictamente la normativa, permitan las inspecciones y regularicen inmediatamente sus actividades.
Asimismo, exige que el tratamiento de minerales sea trasladado progresivamente fuera del casco urbano y que se reactive el proyecto del Parque de Ingenios, con infraestructura adecuada, control permanente y medidas efectivas de protección ambiental.
