Pre Fospa: Eje Mujeres plantea incluir la violencia dirigencial y digital en la Ley 348 y rechazan la nueva Ley de Minería

Desarrollo

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Yenny Escalante

Mujeres indígenas en el Pre Fospa. Foto: Sumando Voces

Las mujeres indígenas y campesinas que participaron en el Pre Foro Social Panamazónico, rumbo al XIIpropusieron incorporar la violencia dirigencial y la violencia digital en la Ley 348 y en la Ley 243 de acoso y violencia política, además de expresar su rechazo a la nueva Ley de Minería por considerar que vulnera derechos colectivos y facilita el avance de actividades extractivas sobre sus territorios. Las demandas forman parte de la Agenda Nacional de las Mujeres Indígenas construida durante el proceso preparatorio hacia el encuentro amazónico.

Este es uno de los cinco ejes que desarrolla el Pre Foro Social Panamazónico (Fospa), desarrollado en Riberalta, Beni, organizado por el Programa NINA de la Red UNITAS, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y la Fundación Solón. También participan el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).

El documento reúne propuestas y demandas elaboradas por mujeres indígenas y campesinas de distintos pueblos y territorios de Bolivia, quienes identificaron como prioridades la participación política, una vida libre de violencia, la salud, la protección de los saberes ancestrales y la gobernanza ambiental y territorial.

En el eje referido a una vida libre de violencias, las participantes señalaron que la normativa boliviana debe reconocer nuevas formas de agresión que enfrentan las mujeres que ocupan cargos de representación. Por ello, plantearon que la Ley 348 para garantizar una vida libre de violencia y la Ley 243 contra el acoso y la violencia política incorporen la violencia dirigencial y la violencia digital.

Asimismo, propusieron fortalecer redes interinstitucionales de lucha contra la violencia con participación de organizaciones de mujeres y promotoras comunitarias indígenas y campesinas, con el objetivo de impulsar políticas públicas y ejercer control social sobre los recursos destinados a la igualdad de género.

La agenda también plantea abordar las desigualdades de género mediante procesos de trabajo con hombres y masculinidades, fortalecer el autocuidado, la salud mental y la contención emocional comunitaria, así como promover mecanismos de autonomía económica para reducir situaciones de dependencia vinculadas a la violencia.

En materia territorial y ambiental, las mujeres demandaron fortalecer la formación de monitoras ambientales, mejorar las capacidades para documentar afectaciones ecológicas y presentar denuncias ante las instancias competentes. También propusieron actualizar la Ley Forestal incorporando el enfoque de cambio climático y la participación de las mujeres indígenas y campesinas.

Uno de los planteamientos centrales de la agenda es el rechazo a cualquier normativa que, a juicio de las organizaciones, vulnere los derechos colectivos o facilite el avance de actividades extractivas. En ese marco, las participantes expresaron su oposición a la nueva Ley de Minería.

Las organizaciones también demandaron el cumplimiento efectivo de la consulta libre, previa e informada, mayor acceso a información sobre bonos de carbono y otras iniciativas climáticas, y el fortalecimiento de alianzas entre organizaciones indígenas y campesinas para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

La Agenda Nacional de las Mujeres Indígenas será presentada como una posición colectiva rumbo al XII FOSPA que se desarrollará en Ecuador, y busca orientar la participación e incidencia de mujeres indígenas y campesinas en los debates sobre derechos, territorios y Amazonía.

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