Luego de tres intensas jornadas de debate, autocrítica y articulación territorial, el encuentro Pre FOSPA Bolivia concluyó con un mandato urgente y unánime: la Amazonía boliviana se encuentra al borde de un punto de no retorno y requiere acciones defensivas y jurídicas inmediatas. Delegaciones de pueblos indígenas, comunidades campesinas y colectivos de mujeres de todo el norte amazónico coincidieron en que el modelo de desarrollo actual amenaza de muerte la subsistencia de sus territorios.
La cita se llevó a cabo en la ciudad beniana de Riberalta entre el 10 y el 12 de julio, con participación de cerca de 200 representantes de organizaciones indígenas y campesinas, colectivos, redes e instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza. El evento contó con el impulso del Programa NINA de la Red Unitas.
En el encuentro, las y los asistentes realizaron un diagnóstico pormenorizado del estado de situación en cinco ejes (minería; tierra y territorio; crisis climática, deforestación e incendios; seguridad, soberanía alimentaria y agroecología; y mujeres) y propusieron acciones concretas para superar las problemáticas detectadas, planteamientos que serán llevados al XII Foro Social Panamazónico (FOSPA 2026), a realizarse en Ecuador, el próximo mes.
Las estrategias diseñadas en los cinco ejes, están detalladas a continuación:
Minería de oro y la crisis del mercurio
El diagnóstico del eje extractivista evidenció una profunda preocupación por la expansión descontrolada de la minería aurífera en áreas protegidas, territorios indígenas y cuencas hídricas vitales. Los delegados denunciaron que la contaminación por mercurio está destruyendo de manera irreversible la pesca y la agricultura de subsistencia, impactando de forma directa en la salud de las familias comunarias.
A pesar de haber obtenido fallos judiciales y medidas constitucionales favorables, las organizaciones lamentaron la absoluta falta de voluntad política del Estado para hacer cumplir estas sentencias. Frente a esto, se acordó consolidar y dotar de mayor legitimidad a los «guardaterritorios» y monitores locales independientes, incorporando penalizaciones internas al extractivismo dentro de las normas orgánicas de cada comunidad. La criminalización de líderes y la fragmentación organizativa provocada por la injerencia político-partidaria fueron identificadas como las principales amenazas para la cohesión territorial en esta compleja coyuntura.
Tierra, territorio y el fantasma del mercado de carbono
En el plano legal y agrario, los participantes manifestaron un contundente rechazo a las tentativas de reconversión de la pequeña propiedad y exigieron celeridad en el saneamiento de tierras para evitar avasallamientos. Entre las demandas estratégicas destaca el impulso prioritario a la aprobación de la Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentable del Norte Amazónico de Bolivia «Bruno Racua».
Asimismo, el debate sobre la crisis climática generó una posición monolítica e inflexible: el rechazo absoluto al Proyecto de Ley 060/25 de mercados de carbono. Las comunidades catalogaron estas iniciativas como mecanismos de mercantilización de las funciones ambientales que eluden la responsabilidad de los verdaderos emisores globales de gases de efecto invernadero, trasladando la carga y la restricción del uso de los recursos a las poblaciones locales que históricamente han resguardado los bosques.
Emergencia forestal y soberanía agroecológica
Frente a la devastación recurrente provocada por los incendios, el Pre FOSPA determinó exigir la abrogación inmediata del denominado «paquete de leyes incendiarias» y la reestructuración completa de la Ley Forestal 1700. Para contrarrestar las quemas descontroladas impulsadas por la ganadería de exportación y el agronegocio, se demandó la obligatoriedad de asignar fondos específicos en los Planes Operativos Anuales (POAs) municipales para equipar y financiar de forma sostenible a las cuadrillas comunitarias y bomberos voluntarios.
Además demandan tipificar el ecocidio en el Código Penal y exigir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agroambiental (por ejemplo, en el caso de la resolución de medidas cautelares para la protección del jaguar).
Seguridad, soberanía alimentaria y agroecología
Existe una fractura entre el modelo extractivista industrial (transgénicos, monocultivos, minería ilegal que contamina ríos y peces con mercurio) y la agricultura familiar/agroforestal tradicional. Los incendios forestales destruyen las zonas de recolección silvestre e incrementan el riesgo de enfermedades por consumo de agua y alimentos contaminados por cenizas.
Por tanto, proponen apoyar proyectos de crianza de peces nativos (pacú, tambaquí) y ganadería sostenible. Crear ferias locales agroecológicas y exigir que los gobiernos municipales compren productos locales para el desayuno escolar y subsidios de lactancia. Declarar las semillas nativas como patrimonio comunitario. Además, proteger a los municipios agroecológicos establecidos. Crear un Consejo Panamazónico de Agroecología y demandar una Ley Productiva Agroecológica que garantice recursos económicos.
La primera línea de las mujeres amazónicas
El protagonismo del encuentro recayó con fuerza en el eje de las mujeres, quienes estructuraron demandas transversales de despatriarcalización comunitaria, defensa intelectual colectiva de sus saberes medicinales y resistencia contra las falsas soluciones climáticas.
Las participantes propusieron reformas de fondo a la legislación nacional contra la violencia hacia las mujeres (leyes 348 y 243) para tipificar formalmente la «violencia dirigencial y digital», modalidades utilizadas recurrentemente para neutralizar la participación política femenina en los sindicatos y capitanías. En el ámbito ambiental, exigieron que se las capacite y certifique como monitoras ambientales y bomberas forestales en igualdad de condiciones, reconociendo su rol histórico como las principales cuidadoras de la biodiversidad y la vida comunitaria en la Amazonía.
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