Las organizaciones y representantes territoriales que participaron en el eje temático Minería y Extractivismos acordaron impulsar la formación de guardaterritorios, fortalecer el monitoreo de impactos mineros y promover reformas a la normativa vigente, entre otros, como parte de una estrategia para enfrentar la expansión de la actividad minera en territorios indígenas, comunidades campesinas y áreas protegidas.
Este es uno de los cinco ejes que desarrolla el Pre Foro Social Panamazónico (Fospa), desarrollado en Riberalta, Beni, organizado por el Programa NINA de la Red UNITAS, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y la Fundación Solón. También participan el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).
Las propuestas forman parte de la hoja de ruta estratégica definida en ese eje, donde los participantes analizaron los efectos de la minería y las acciones necesarias para fortalecer la defensa territorial en Bolivia y la región amazónica.
Entre las principales medidas acordadas se encuentra el fortalecimiento de la gobernanza territorial mediante la consolidación y formación de guardaterritorios, monitores territoriales y otras instancias de control y vigilancia. Asimismo, se planteó fortalecer las capacidades locales para generar evidencia y documentar los impactos ambientales, sociales y económicos provocados por la actividad minera.
Las organizaciones también coincidieron en la necesidad de impulsar modificaciones a la normativa minera para garantizar una mayor protección de los territorios indígenas, campesinos y de las áreas protegidas, además de exigir el cumplimiento efectivo de la consulta previa, libre e informada y de las resoluciones judiciales favorables obtenidas por comunidades y organizaciones.
Las conclusiones señalan que la minería continúa avanzando sobre ríos, bosques y ecosistemas estratégicos, provocando contaminación de fuentes de agua, deforestación, afectaciones a la salud y perjuicios a actividades como la pesca, la agricultura y el turismo comunitario.
Los participantes advirtieron que, pese a la existencia de acciones judiciales, medidas administrativas y declaratorias de territorios libres de minería, persisten dificultades para hacer cumplir las decisiones favorables debido a la falta de voluntad política de las instituciones responsables.
La hoja de ruta también contempla fortalecer la justicia indígena originaria, promover alianzas con gobiernos municipales y departamentales, incorporar recursos para el control territorial en los presupuestos públicos y consolidar redes de comunicación que contribuyan a visibilizar los impactos de la minería.
Las organizaciones concluyeron que la defensa de los territorios requiere fortalecer las estructuras comunitarias, mejorar los mecanismos de vigilancia y control, y avanzar en reformas legales que permitan enfrentar de manera más efectiva el avance del extractivismo minero.
