Portada del estudio
La investigación “Cuerpos, pantallas y algoritmos”, desarrollada por ChildFund Bolivia y la Colectiva Ciberwarmis, advierte que el 51,5% de los adolescentes y jóvenes en Bolivia no conoce rutas de denuncia ni mecanismos de protección efectivos ante situaciones de violencia sexual digital (VSD). A pesar de que el 93% de los adolescentes accede a internet a través de teléfonos móviles, esta conectividad masiva no se traduce en seguridad digital, dejando a una gran parte de la población joven en un estado de indefensión frente a delitos como la sextorsión y el grooming.
El estudio, que abarcó los nueve departamentos del país bajo un enfoque participativo, destaca que la violencia sexual digital se ha convertido en un fenómeno «híbrido» que mezcla plataformas globales con estructuras culturales locales de control social. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentra la normalización de la culpabilización de las víctimas: el 63,1% de los participantes está de acuerdo con que, si alguien envía una foto íntima, debe asumir las consecuencias de lo que ocurra después. Esta percepción refuerza el silencio y dificulta la búsqueda de ayuda, ya que el miedo al juicio familiar y escolar suele ser superior al temor hacia el agresor.
En el ecosistema digital boliviano, plataformas como WhatsApp (20,4%), TikTok (18,9%) y los juegos en línea (18,7%) son los espacios principales de socialización y, simultáneamente, de riesgo. El informe identifica prácticas preocupantes como la mercantilización de la intimidad en Oruro, donde se reportaron apuestas económicas entre pares para difundir «packs», y el uso de Inteligencia Artificial en Cochabamba para crear deepfakes eróticos con el fin de aniquilar la reputación de las víctimas. Ante la falta de referentes adultos confiables, muchos jóvenes recurren a la IA no solo para informarse sobre sexualidad, sino como un «sustituto afectivo» que ofrece respuestas sin juzgarlos.
Respecto al marco legal, el estudio señala una desconexión entre la normativa y su aplicación. Aunque la Ley N.º 1636 reconoce delitos como el contenido sexual simulado por IA, solo el 31,4% de los jóvenes comprende realmente su alcance. Además, persiste una profunda desconfianza institucional; en departamentos como La Paz y Cochabamba, las juventudes denuncian que la policía suele tener un enfoque machista o incluso solicita pagos por adelantado para investigar casos, lo que privatiza el acceso a la justicia.
Para transformar esta realidad, las juventudes proponen una Educación Sexual Integral (ESI) robusta y laica que aborde el consentimiento reversible y la ciudadanía digital. Entre las recomendaciones del estudio destaca el fortalecimiento de redes de apoyo horizontal como el «Efecto Hermandad» —identificado en Beni—, donde las hermanas mayores y pares funcionan como puentes de confianza más eficaces que las estructuras jerárquicas tradicionales. El informe concluye que la seguridad digital no se garantiza prohibiendo el acceso, sino desmantelando la cultura del estigma que sostiene la «muerte social digital» de las víctimas.
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