Operativo en la Casa de la Mujer realizado. Foto: Casa de la Mujer.
Mediante un pronunciamiento público, la Red UNITAS condenó “de manera firme” el operativo realizado el viernes en las instalaciones de la Casa de la Mujer, al considerar que los derechos de una organización defensora de los derechos humanos y de las mujeres sobrevivientes de violencia fueron vulnerados. Por tanto, demanda del Ministerio de Gobierno, la Dirección de Migración y la Policía esclarecer de manera pública y transparente las razones y el fundamento legal de dicha intervención.
En su pronunciamiento, la Red —que reúne a 24 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Casa de la Mujer— denuncia que el ingreso de más de una veintena de uniformados y personal de Migración y el Ministerio de Gobierno se hizo sin respetar las garantías constitucionales ni el debido proceso. En consecuencia, la acción —sostiene— derivó en la vulneración de la inviolabilidad del refugio, la revictimización de las mujeres atendidas y el hostigamiento a defensoras de derechos humanos.
“Esta intervención estatal, ejecutada sin respetar las garantías constitucionales ni los procedimientos legales debidos, constituye un grave atentado contra el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y, de manera particular, evidencia una doble dimensión de violencia estatal: por un lado, la agresión institucional hacia nuestra asociada y sus integrantes en su rol de defensoras de derechos humanos; y por el otro, la flagrante vulneración contra mujeres sobrevivientes de violencia en situación de extrema vulnerabilidad que se encontraban bajo su resguardo”, se lee en el documento.
En el análisis elaborado por UNITAS, la acción llevada a cabo en la ciudad de Santa Cruz quebrantó las siguientes garantías contempladas en la normativa boliviana:
- Vulneración a la inviolabilidad del domicilio y privacidad (Art. 25 de la CPE): Las instalaciones de la Casa de la Mujer y, con mayor gravedad, su refugio temporal, fueron objeto de un allanamiento de hecho que rechazamos rotundamente.
- Atentado a la dignidad humana y revictimización (Arts. 13 y 22 de la CPE; Ley 348): Se obligó a las usuarias a interrumpir sus sesiones de atención psicológica y legal para ser identificadas, filmadas y fotografiadas, lo que ignora el principio de inviolabilidad de la dignidad humana y transgrede la Ley 348, que prohíbe la revictimización y exponer la identidad y seguridad de las mujeres que buscan protección del Estado y de la sociedad civil.
- Hostigamiento sobre las defensoras de derechos humanos y la libertad de asociación: El allanamiento representa un hostigamiento e intimidación a Casa de la Mujer que lleva 36 años precautelando la vida de las mujeres. Esto fractura el ejercicio de la libertad de asociación, amparada por el artículo 21.4 de la CPE y normas internacionales.
- Desconocimiento de la protección a defensores de derechos: El Estado boliviano ignora las directrices de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (ONU, 1998), al usar los mecanismos de coerción y control para intimidar, perseguir o criminalizar la labor legítima de asistencia humanitaria y legal que realizan las instituciones feministas y sociales.
Ante la falta de una explicación transparente y de un informe oficial por parte de las autoridades competentes, la Red UNITAS insta:
• Al Ministerio de Gobierno, a la Dirección de Migración y a la Policía a esclarecer de forma pública, oficial y transparente las causas y el fundamento jurídico que motivó la acción.
• A la Asamblea Legislativa y a los órganos de la justicia ordinaria a fiscalizar y activar los mecanismos correspondientes para sancionar los actos de abuso de autoridad cometidos.
• Al Gobierno, cesar toda acción de hostigamiento a las organizaciones defensoras de derechos y garantizar de forma plena un entorno seguro y habilitante para el desarrollo de sus funciones constitucionales.
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), entidad que articula a 24 organizaciones de la sociedad civil en Bolivia y que desde hace 50 años trabaja en la promoción, defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
El pronunciamiento in extenso está disponible a continuación:
