Actividad minera en áreas protegidas. Foto referencial Encontrados
El Gobierno y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), el 14 de mayo, acordaron restituir reglamentos para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, una medida que generó cuestionamientos de legisladores y ambientalistas por el posible impacto sobre parques nacionales, fuentes de agua y territorios indígenas.
La disposición forma parte del punto 8 del acta firmada el 14 de mayo, tras las movilizaciones de cooperativistas mineros en la ciudad de La Paz. El documento establece: «Políticas en medio ambiente: La AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta».
Asimismo, señala que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería.
El acuerdo fue suscrito después de los enfrentamientos registrados del jueves 14 de mayo entre cooperativistas mineros y efectivos policiales en la ciudad de La Paz, en medio de las movilizaciones impulsadas por Fencomin para exigir atención a su pliego petitorio. Tras la firma del acta, el sector levantó las medidas de presión que mantenía contra el gobierno de Rodrigo Paz.
La diputada Patricia Patiño cuestionó el acuerdo y advirtió que las medidas podrían facilitar actividades extractivas en territorios protegidos por la Constitución Política del Estado y la normativa ambiental vigente. “Nos parece una aberración total el que se tenga que disponer de nuestras áreas protegidas, toda vez que estamos hablando de nuestros parques y reserva ambiental”, afirmó la legisladora, de acuerdo con La Patria.
Patiño anunció que solicitará respeto a la normativa ambiental, además de exigir participación pública y consulta previa a pueblos indígenas y comunidades afectadas antes de cualquier autorización minera.
Las críticas también fueron respaldadas por la diputada ambientalista Cecilia Requena, quien acusó al Gobierno de “sacrificar bienes comunes vitales” como áreas protegidas, fuentes de agua y la salud pública en favor del sector cooperativista.
La legisladora señaló que el acuerdo ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación con mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Nadie defendió nuestras áreas protegidas ni el agua de glaciares, ríos, lagos y vertientes vitales para el país”, manifestó en un pronunciamiento público.
El acuerdo entre el Ejecutivo y Fencomin también incluye la liberación de nuevas áreas mineras, la agilización de contratos en la Asamblea Legislativa, el incremento de volúmenes de explosivos y la incorporación de representantes cooperativistas en entidades estatales como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Caja Nacional de Salud.
Aquí puede leer el acuerdo:
Este es el pronunciamiento de la diputada Cecilia Requena:
