En la inspección realizada al río Madre de Dios se encontraron balsas dedicadas a la minería ilegal. Foto: cortesía ANA Noticias
Mongabay
En Bolivia, el río Madre de Dios pide auxilio en la Amazonía. Un informe técnico elaborado por el Tribunal Agroambiental de ese país estableció que padece “daños graves y acumulativos” por la “explotación intensiva que supera la capacidad de resiliencia del ecosistema acuático”, ocasionados por la minería ilegal. Esa instancia, además, detectó que la actividad minera está afectando sistemas agroforestales y provocando la deforestación por el desvío del cauce.
En febrero, el Tribunal Agroambiental, que es el máximo tribunal especializado en materia agraria, forestal, pecuaria, ambiental, aguas y biodiversidad, realizó una inspección en el río Madre de Dios, en el departamento amazónico de Pando, al norte de Bolivia. Esta instancia visitó tres comunidades indígenas: Genechiquía, Loreto y Miraflores. En todas, detectó actividad minera operando fuera de la norma.
Mongabay Latam accedió al informe técnico que realizó el tribunal y en el que participó el magistrado Víctor Hugo Claure, asesinado el viernes pasado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por al menos dos sicarios. El caso está en plena investigación y las autoridades lo vinculan a un conflicto de tierras en el que Claure habría tomado decisiones, como informó Mongabay Latam.
En el documento, el tribunal observa una alteración del ciclo hidrodinámico y sedimentológico del río debido a la técnica de succión continua que provoca la minería y se resalta el impacto que tendría en la salud de los habitantes del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), donde habitan los pueblos tacana, ese ejja y cavineño, por la contaminación de mercurio.
También se verificó un sistema agroforestal de 36 hectáreas en fase de producción afectado por la alteración del cauce del río. Sobre la deforestación, se detectó fragmentación de hábitat que revela la pérdida de 8484 hectáreas de bosque producto de la minería ilegal.
El estudio fue elaborado bajo la metodología de recolección de datos en campo que se aplicó a lo largo de 184 kilómetros del río Madre de Dios. El informe afirma que se recolectaron fotografías de balsas que estaban operando para extraer oro del afluente.
“Se advirtió una presión antrópica por la actividad minera, dado que se constató una saturación de la actividad minera aluvial en las riberas del río Madre de Dios, con una concentración crítica de 25 unidades [balsas] solo en el tramo Genechiquia a Loreto. En ese tramo se evidenció una explotación intensiva que supera la capacidad de resiliencia del ecosistema acuático. Además, la falta de distanciamiento técnico entre balsas agrava la acumulación de sedimentos y contaminantes”, afirmó Luis Acosta, miembro del Tribunal Agroambiental y uno de los autores del informe.
Alteraciones “graves”
La minería aluvial en Bolivia no está prohibida siempre y cuando tenga la autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad pública que se encarga de aprobar y fiscalizar las operaciones mineras. Las cooperativas mineras que no tengan esa autorización incurren en diversos delitos.
En el estudio también se destaca una alteración del ciclo hidrodinámico y sedimentológico debido a la técnica de succión continua mediante dragas y balsas, lo que modifica la morfología del lecho del río. “Esta remoción mecánica genera una pluma de turbidez persistente que impide la penetración de luz solar, afectando la fotosíntesis del fitoplancton y, por ende, toda la cadena alimenticia acuática. Además, la redistribución descontrolada de sedimentos está provocando el desvío de cauces hacia parcelas productivas”, remarcó Acosta.
La presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez, explicó a Mongabay Latam que durante la inspección se constató la concentración de al menos 25 balsas mineras detectadas en ambos márgenes del Madre de Dios “evidencia una explotación intensiva que supera la capacidad de resiliencia del ecosistema acuático”.
De las 25 balsas, dijo Chávez, se seleccionaron nueve aleatoriamente para una verificación más específica. Tres de las balsas carecían de documentación de identificación [matrículas de zarpe] y ninguna de las nueve presentó estudios de Evaluación de Impacto Ambiental ni Manifiesto Ambiental exigidos por la norma.
“Un hallazgo crítico fue la identificación de una balsa minera a 100 metros del sistema agroforestal en la comunidad de Miraflores, la cual estaría provocando un desvío del cauce del río hacia la parcela, alterando el estrato arbóreo y los horizontes de suelo”, resaltó Chávez.
Otro dato que expuso Chávez, es que la Cooperativa Minera Aurífera Asobal, la principal que opera en el Madre de Dios, había instruido a sus afiliados parar operaciones y retirar las dragas del río para eludir la inspección ordenada por el Tribunal Agroambiental. Esta revisión se ejecutó debido a la acción judicial que presentaron los pobladores del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II).
Corcino Cerezo, presidente de la cooperativa Asobal, admitió a Mongabay Latam que el día de la revisión se emitió un “instructivo” a sus afiliados para dejar de operar en el Madre de Dios con el argumento de que “la inspección se desarrolle de manera normal”. El dirigente dijo que las balsas no se movieron de las zonas donde operan y que los socios de su cooperativa suman 325. Además, Cerezo afirmó que tienen un proyecto para ya no usar mercurio en la extracción del oro.
“Hay ilegalidad en el río Madre de Dios. Se está trabajando con la Gobernación [de Pando] para cuantificar y tratar de poner un alto a los ilegales. Nosotros tenemos alrededor de 325 afiliados a la cooperativa y también admitimos que algunos de los afiliados salen de sus zonas de operación y eso está mal”, aseguró Cerezo.
El dirigente minero añadió que presentaron al gobierno de Rodrigo Paz el proyecto “Cero Mercurio”, que tiene como base la adquisición de centrifugadoras con el fin de terminar con el uso de este mineral altamente tóxico. Dijo que ellos están dispuestos a cubrir con una contraparte el costo de esta tecnología, que cuesta 50 000 dólares por equipo.
El TIM II se encuentra al norte de Bolivia, en el límite entre los departamentos de Pando y Beni, entre los municipios de San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, Sena, San Pedro (Pando) y Riberalta (Beni). Este territorio cuenta con una superficie titulada de 407 585 hectáreas. Se denomina multiétnico porque en esa zona habitan tres pueblos indígenas: tacana, ese ejja y cavineño.
“También se verificó el uso sistemático de mercurio en la extracción de oro”, advirtió Acosta, quien dijo que el peritaje demuestra que este metal puede transformarse en metilmercurio, una neurotoxina persistente que se bioacumula en peces consumidos por las comunidades indígenas ribereñas, generando un riesgo para la salud humana, especialmente en niñas, niños y mujeres embarazadas. “Por ello, se recomienda una intervención sanitaria urgente con estudios epidemiológicos en las comunidades del TIM II”, acotó el experto.
Estudios anteriores elaborados por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) detectaron niveles superiores de mercurio a los permisibles para población humana en la zona de inspección. Un estudio de 2022, por ejemplo, encontró la concentración de mercurio en cabello más alta del territorio en la comunidad de Miraflores, con un promedio de 3.46 partes por millón (PPM), por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cabello humano.
Además, las muestras de agua del río a su paso por la comunidad de Miraflores registraron los niveles más elevados de sólidos suspendidos totales (370 mg/l), enturbiando el agua y asfixiando la vida acuática.
Informe de biólogos
El Colegio de Biólogos de La Paz, que también fue parte de la inspección, emitió otro informe que coincide con el del Tribunal Agroambiental: “La actividad minera genera condiciones propicias para la liberación y transformación del mercurio elemental en metilmercurio, compuesto altamente tóxico, persistente y bioacumulable”.
Esta entidad advirtió que las poblaciones que consumen pescado como base de su dieta están en riesgo: “La exposición no es circunstancial ni voluntaria, sino estructural e involuntaria, derivada de la dependencia territorial del sistema fluvial”, dice parte del texto.
En el informe del Tribunal Agroambiental también se documenta deforestación y fragmentación de hábitat, no solo por la actividad minera directa, sino por efectos secundarios como la apertura de caminos precarios y asentamientos informales que fragmentan los corredores biológicos de la Amazonía.
Ante la gravedad de los riesgos -calificados como graves, acumulativos y potencialmente irreversibles-, entre las recomendaciones técnicas figuran la suspensión inmediata de actividades mineras ilegales, el cumplimiento del Convenio de Minamata con un plan de Mercurio Cero y acciones coordinadas de fiscalización, restauración ambiental y atención sanitaria.
Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), afirmó a Mongabay Latam que la organización que dirige denunció “hace años” la presencia de balsas en el río Madre de Dios que operan ejecutando minería ilegal. El experto recordó que, en julio de 2025, a pocos metros de la Base Naval de Riberalta, una ciudad amazónica boliviana, se sumaron enormes balsas y dragas a las 180 que estaban operando ilegalmente en busca de oro en aguas amazónicas.
“Lamentablemente todavía existe una ausencia del Estado en el norte de Bolivia. Esta inspección se realizó por la acción que presentaron los pueblos indígenas y en el informe se destaca, entre varios aspectos, que la minería ilegal daña los medios de vida de las comunidades, como el caso de un sistema agroforestal que produce cacao, un cacao premiado a nivel internacional”, afirmó Vargas.
Hasta 2025, según el Cejis, en la zona del TIM II operaban 203 dragas extrayendo oro, de las cuales solo 23 contaban con autorizaciones temporarias otorgadas a la cooperativa Asobal, que es un monopolio de balsas auríferas que operan en el río Madre de Dios y otros afluentes amazónicos de los departamentos de Beni y Pando. En 2023 esta cooperativa reportó que más de 700 balsas auríferas estaban registradas en sus listas de afiliados, de las cuales poco más de 500 estaban operando de manera ilegal.
Lucio Ayala Siripi, presidente del TIM II, explicó que el río Madre de Dios no solo es un curso de agua que atraviesa el mapa, sino que lo calificó como “la columna vertebral” de su territorio. “De él depende la vida diaria de las comunidades: el agua que tomamos y usamos para cocinar, el pescado que alimenta a nuestras familias, la ruta que conecta pueblos y el riego de los cultivos”, dijo a Mongabay Latam.
El dirigente indígena afirmó también: “Cuando fuimos a la inspección las dragas no estaban operando, dijeron por instrucción de Asobal, pero días antes y días después esas dragas operan de forma brutal, sacando oro y contaminando el río”, detalló.
Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer su percepción sobre el informe del Tribunal Agroambiental, pero esta entidad no respondió al requerimiento.
Mientras, José Ruíz, geólogo y experto en minería responsable, advirtió sobre los daños ambientales supuestamente irreversibles en el río Madre de Dios como consecuencia de la explosión ilegal que realizan las balsas auríferas, que botan mercurio y aceites en el afluente.
“La ola más grande todavía no ha llegado, seguramente vamos a tener una ola de mayor contaminación porque a partir de 2006 se han vertido importantes volúmenes de mercurio al cauce del río y los efectos de la contaminación por mercurio en los humanos no se ven de manera inmediata”, dijo Ruíz.
