‘Sí, soy gay, soy humano’.
El Gobierno ya presentó el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para la gestión 2026. La narrativa oficial habla de sostenibilidad fiscal, reorganización financiera y ajuste institucional.
Semanas atrás, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas había anunciado medidas de reducción del gasto estatal: disminución del 30% de la masa salarial y del 10% del gasto corriente, es decir, funcionamiento, operación y mantenimiento diario de las entidades públicas. Paralelamente, distintas denuncias públicas evidenciaron remuneraciones elevadas dentro de algunas dependencias estatales, donde determinados cargos perciben ingresos equivalentes a varios salarios mínimos, reproduciendo desigualdades salariales incluso al interior del propio aparato público.
En esa lógica de reorganización presupuestaria ingresa una institución con mandato constitucional específico: la Defensoría del Pueblo, prevista en los artículos 218 al 224 de la Constitución Política del Estado, encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, además de la defensa de la sociedad frente a actos, omisiones del poder público y en varios casos el maltrato de las y los servidores públicos.
En los últimos años la Defensoría del Pueblo presentó informes relevantes como: Desiguales ante la Ley (2023), primer estudio estatal sobre población LGBTI+ en Bolivia; Sueños Interrumpidos (2024), sobre uniones infantiles, tempranas y forzadas, así como embarazo infantil forzado; 348. Análisis de implementación de la Ley N.° 348 (2013–2024), presentado públicamente el pasado 13 de marzo, con más de 33 recomendaciones.
Estos informes producen evidencia contextual sobre desigualdades en nuestro país, que suelen ser invisibilizadas y lamentablemente naturalizadas.
El informe Desiguales ante la Ley, por ejemplo, marcó un precedente al constituirse en el primer diagnóstico estatal sobre discriminación, exclusión y acceso a derechos de población LGBTI+ en Bolivia. Por su parte, Sueños Interrumpidos visibilizó maternidades forzadas, violencias sexuales y afectaciones a proyectos de vida de niñas y adolescentes, aportando además insumos relevantes al debate público y normativo, en un contexto donde recientemente se aprobó la Ley N.° 1639, que modifica el Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley N.° 603), fortaleciendo medidas para enfrentar matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas.
Asimismo, el análisis de implementación de la Ley 348 constituye una herramienta técnica y política importante para evaluar avances, brechas y desafíos pendientes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia de género.
En un país como Bolivia persisten brechas de desigualdad territoriales entre áreas rurales y urbanas; desigual acceso a salud, justicia y educación; alta informalidad laboral; barreras para mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y población LGBTI+. La desigualdad boliviana, además de económica, es jurídica, institucional y social.
Por ello, reducir y no fortalecer el presupuesto de instituciones encargadas de la defensa de la sociedad y la protección de derechos, sin un esfuerzo equivalente de racionalización en otras estructuras estatales como el Órgano Ejecutivo, las Fuerzas Armadas o los espacios legislativos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, difícilmente puede entenderse como una política genuina de austeridad.
J. Alex Bernabé Colque es defensor de derechos humanos.
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