Campo de soja en Pergamino, Argentina. Foto de archivo. AP – Sebastian Pani
El Tribunal Oral Nº 2 de Rosario inicia este lunes un juicio considerado histórico contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios públicos de Pergamino, Argentina, acusados de contaminación ambiental por fumigaciones con agrotóxicos cerca de zonas urbanas, en presunta violación de la normativa vigente, así lo informó el medio RFI de Argentina.
La causa, iniciada en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, se originó tras la denuncia de la vecina Sabrina Ortiz, quien desde 2011 alertó sobre fumigaciones a escasos metros de su vivienda. Según su testimonio, la exposición a estos químicos le provocó graves problemas de salud, incluyendo la pérdida de un embarazo y accidentes cerebrovasculares, además de detectar altos niveles de agrotóxicos en su organismo y el de sus hijos.
El proceso judicial, que contempla al menos ocho audiencias y la declaración de cerca de 100 testigos, también incluye el juzgamiento de dos exautoridades municipales por presunto incumplimiento de sus deberes de control. Los imputados habrían permitido o ejecutado fumigaciones en áreas cercanas a viviendas y escuelas rurales.
El caso reúne además testimonios de otras víctimas, como el de Paola Díaz, integrante de Madres de Barrios Fumigados, cuya hija falleció por leucemia, y el de Florencia Morales, quien murió en 2023 tras padecer cáncer. Ambas historias refuerzan las denuncias sobre un posible impacto sanitario del uso de agrotóxicos en la zona.
Especialistas y abogados ambientalistas destacan que se trata del primer juicio penal de esta magnitud en la provincia de Buenos Aires, ya que por primera vez se juzga de manera conjunta a productores, técnicos y funcionarios, poniendo en cuestión no solo responsabilidades individuales, sino el modelo productivo basado en el uso intensivo de agroquímicos.
Desde 2019, una medida cautelar prohíbe fumigaciones a menos de 1.095 metros por vía terrestre y 3.000 metros por vía aérea de las zonas habitadas en Pergamino. Sin embargo, las organizaciones denuncian que estas restricciones enfrentaron resistencias.
Para las víctimas, el juicio representa un paso clave hacia la justicia tras años de denuncias y organización comunitaria. “Es un antes y un después”, sostienen, al considerar que el proceso podría sentar un precedente sobre los impactos ambientales, sanitarios y sociales del modelo agroindustrial.
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