La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley N° 243/2025-2026, propuesta que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas en investigaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas.
El proyecto, que ahora fue enviado al Senado para su análisis, modifica específicamente los artículos 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal. Hasta ahora, estas «técnicas especiales de investigación» (TEI) estaban limitadas casi exclusivamente a delitos de narcotráfico y trata de personas. Con esta aprobación, el Estado busca dotar al Ministerio Público y a la Policía Boliviana de herramientas para infiltrarse en estructuras financieras criminales.
Según la exposición de motivos del proyecto, estas técnicas permitirán obtener pruebas sólidas y desarticular organizaciones desde su interior, simulando interés en formar parte de ellas para identificar a los cabecillas y el origen de los fondos.
Hace algunas semanas, el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, diputado Edgar Manolo Rojas (PDC) explicó que “este proyecto de ley es muy importante”, porque “actualmente en Bolivia solamente podemos utilizar agentes encubiertos y la entrega controlada en delitos de narcotráfico”.
La urgencia de esta ley se respalda en cifras preocupantes: entre abril de 2023 y diciembre de 2024, las investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas aumentaron en 69.9% en comparación con periodos anteriores. «Dada la evolución de los fenómenos criminales, es necesario contar con mayores técnicas de investigación, ya que estas conductas suelen ser cometidas por organizaciones complejas», señala el documento aprobado.
Antecedentes del proyecto
Aunque la aprobación de la propuesta avanza con la nueva gestión legislativa, la intención de implementar agentes encubiertos para estos delitos data de gestiones anteriores. Ya en junio de 2025, el Gobierno había propuesto formalmente incluir estas figuras legales ante la presión de organismos internacionales como el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que exige a Bolivia estandarizar sus normativas para salir de «listas grises» y asegurar un sistema financiero transparente.
El nuevo enfoque de la Ley 243 se centra estrictamente en la operatividad procesal penal, asegurando que el agente encubierto no esté exento de responsabilidad si comete excesos fuera de su misión encomendada.
El proyecto de ley pasó a la Cámara de Senadores para su revisión y de ser sancionado en esta instancia será enviado al Ejecutivo para su posterior promulgación.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, siendo la Cámara de Diputados de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló la presidenta en ejercicio de la Cámara Baja, Daniela Cabrera (Unidad).
