Familia trabaja en agricultura. Foto: Adolfo Mendoza
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, destacó la aprobación del Proyecto de Ley 157/2023-2024 que permitirá a los pequeños productores solicitar de manera voluntaria al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el cambio de categoría de pequeña a mediana propiedad, lo que les abrirá el acceso a créditos bancarios con tasas más bajas.
De acuerdo con la autoridad, esta modificación permitirá que los productores utilicen sus tierras como garantía para acceder a financiamiento formal, en condiciones similares a las de medianos y grandes productores, quienes actualmente obtienen créditos con tasas de entre 6% y 6,5%.
«Esto significa que el productor va a poder ir al banco, poner su bien como parte de la garantía y por supuesto va a poder acceder a créditos súper baratos», expresó Justiniano.
Además, el Ministro cuestionó que, durante años, los pequeños productores hayan enfrentado condiciones desiguales en el acceso al crédito, con tasas que oscilaban entre el 12% y hasta el 28%, al depender principalmente de casas comerciales para financiar sus actividades. “Era algo que no se entendía, porque era tan discriminatorio”, afirmó.
Justiniano sostuvo que la norma representa un avance en la calidad de vida del sector productivo, ya que permitirá reducir los costos de financiamiento y, en consecuencia, abaratar la adquisición de insumos agrícolas como semillas y otros productos necesarios para la producción.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Desarrollo Productivo acompañará este proceso para fortalecer al sector en todo el país, incluyendo regiones del norte, sur, oriente y occidente.
Finalmente, destacó que la medida busca priorizar al sector productivo dentro del sistema financiero y facilitar condiciones más equitativas, de modo que los pequeños productores dejen de asumir costos elevados para sostener sus actividades.
Cuestionamientos por falta de socialización
La aprobación de la ley generó críticas por la ausencia de un debate amplio con sectores directamente involucrados. La Fundación Tierra expresó su preocupación por que la norma fue sancionada sin escuchar a organizaciones representativas.
“Nos preocupa de sobremanera que un proyecto de ley que puede afectar directamente a comunidades indígena campesinas se apruebe sin escuchar sus voces”, afirmó su director, Juan Pablo Chumacero, quien advirtió que la norma podría beneficiar a un grupo reducido y generar tensiones en comunidades del valle y el altiplano.
De acuerdo con el análisis de Fundación Tierra, el principal argumento del proyecto —facilitar el acceso a crédito para pequeños productores— no tendría efectos reales para la mayoría. La organización señala que el 74% de las pequeñas propiedades en Bolivia son minifundios de menos de dos hectáreas, cuyo valor no resulta atractivo para el sistema financiero.
En ese contexto, advierte que los principales beneficiarios serían productores agroindustriales de tierras bajas y propietarios que registraron predios como pequeñas propiedades para evitar controles, quienes ahora podrían ampliar sus márgenes de operación.
Desde el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) se cuestionó la constitucionalidad de la norma, al considerar que promueve la mercantilización de la tierra y debilita los mecanismos de control social.
La institución advirtió que la suspensión de la verificación de la FES podría favorecer la consolidación de formas de latifundio encubierto y procesos de especulación, por lo que instó a abrir un debate nacional amplio y transparente.
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