Imagen usada por el IPDRS para ilustrar la portada referida a Bolivia. Foto: CIPCA Santa Cruz.
Según el Décimo Informe Anual del IPDRS sobre el Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica, el agotamiento de los yacimientos de gas y petróleo ha provocado un giro drástico en las estrategias del Estado y el sector privado, quienes ahora ven en la minería, la agroindustria y los polémicos mercados de carbono una “salida económica” urgente, aunque carente de consenso social.
De acuerdo con dos de los autores del análisis para el capítulo de Bolivia, “tanto el Estado como el sector privado, frente al agotamiento de los yacimientos de gas y petróleo, identificaron en la expansión de la actividad minera y agroindustrial una posible salida económica”.
Los investigadores Juan Pablo Marca y Micaela Noriega señalan que esta transición se está gestando “en la sombra”, saltándose el debate democrático. “Estas iniciativas se impulsaron sin abrir un debate nacional y estructural sobre sus consecuencias sociales y ambientales”, sostiene el informe, subrayando que la urgencia de contar con recursos fiscales está primando sobre la sostenibilidad.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) también fue parte del análisis y el informe para Bolivia.
El fin de la era del gas
El análisis, elaborado con datos al cierre de la gestión pasada, sostiene que la crisis de suministro de dólares y combustibles en 2024 y 2025 ha servido para acelerar y profundizar un modelo que el informe denomina “alianza entre Estado, agroindustria y sectores interculturales”.
“Tanto el Estado como el sector privado, frente al agotamiento de los yacimientos de gas y petróleo, identificaron en la expansión de la actividad minera y agroindustrial una posible salida económica”, se lee en el documento.
Este avance —añade— se traduce en normas que contradicen la narrativa ambiental del Gobierno. Mientras se declaraba una “pausa ambiental” por los incendios, el Legislativo aprobaba leyes para facilitar la conversión de pequeñas propiedades en empresariales, lo que el IPDRS califica como una “expansión de la frontera agrícola que contradice la política ambiental”.
Sobre los bonos de carbono
Otra de las consideraciones es el giro de Bolivia hacia los mercados de carbono, rompiendo con su histórica postura diplomática de defensa de la Madre Tierra. El informe revela que el país ha pasado a “un posible debilitamiento del orden unipolar” para buscar financiamiento en un orden multipolar donde actores privados y estatales “compiten por el control y la explotación de recursos naturales y tierras raras… especialmente en territorios indígenas”.
El documento denuncia que muchos de estos contratos de carbono se firmaron bajo “condiciones poco transparentes, sustentadas en promesas engañosas”, lo que debilita la justicia indígena.
El informe del IPDRS establece que Bolivia empeña su futuro territorial para cubrir los baches de una crisis energética mal gestionada. La falta de consulta previa y la “ausencia de una política clara y transparente” sitúan a los pueblos indígenas y a las áreas protegidas en la primera línea de vulnerabilidad de esta nueva geopolítica extractiva.
Para ver el informe completo, puedes ingresar aquí:
