Al menos 52 organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales se han registrado para participar en la construcción de un proyecto de ley que garantice el derecho a circular y a protestar de manera lícita y pacífica. El objetivo es reunir insumos legales que aseguren el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales sin poner en riesgo otros derechos de la población.
Durante su participación en el programa Sumando Voces en Directo, el diputado y presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas (PDC), informó que las organizaciones, instituciones y sectores interesados en participar deben acreditarse mediante una nota que debe ser enviada hasta este viernes 6 de febrero.
“Se ha declarado un cuarto intermedio (en el análisis de los proyectos de ley presentados al Legislativo para regular las protestas) con la finalidad de abrir mesas de diálogo. El 6 de febrero concluye el plazo de registro. Hasta la fecha se han inscrito más de 52 organizaciones e instituciones de distintos sectores; además de adhesiones a las mesas de trabajo, muchos han enviado sus posturas por escrito”, dijo Rojas.
El abogado experto en Derechos Humanos Franco Albarracín valoró que toda iniciativa de regular el derecho a la protesta se traduzca en un diálogo abierto que permita llegar a consensos con la premisa de proteger los derechos humanos.
“Considero que estos son procesos de reflexión muy importantes y me alegra el anuncio del diputado, porque esto evidencia una apertura interesante de la Asamblea Legislativa para que distintos actores puedan dialogar al respecto. De este modo se podría establecer una norma que no sea contraria al estándar internacional”, afirmó.
Albarracín alertó sobre el riesgo de que se apruebe una ley que no cumpla con la Constitución Política del Estado, los pactos y tratados internacionales que Bolivia ha suscrito.
Convocarán a expertos para reglamentar
Rojas también anunció que se convocará a especialistas en derechos humanos para la reglamentación de la norma en caso de que esta sea aprobada.
“Será muy importante que puedan ilustrar la reglamentación. Profesionales destacados, como los que participan en este programa, serán invitados a proponer una norma viable”, adelantó.
El legislador explicó que las protestas difieren unas de otras según su finalidad, temporalidad y contexto, y que será el reglamento el que especifique en qué casos corresponde imponer sanciones a quienes causen perjuicios.
¿Qué motivó los proyectos de ley?
Los proyectos de ley para regular y sancionar las protestas fueron presentados a la luz de las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503, emitido a principios de enero de 2026. Al menos dos iniciativas fueron presentadas al Legislativo, una de las cuales plantea sanciones de hasta 20 años de cárcel a quien cause perjuicios de gravedad por el bloqueo de caminos.
La Central Obrera Boliviana (COB) y diversos sectores sociales que rechazaron las medidas de ajuste económico y la eliminación del subsidio a los combustibles convocaron a un paro nacional indefinido desde el martes 6 de enero, incluyendo bloqueos de carreteras en múltiples departamentos.
Las protestas se masificaron en puntos estratégicos de La Paz, Cochabamba y otras regiones. Algunos días se reportaron hasta 70 puntos de bloqueo, con interrupciones que afectaron el transporte, el suministro de alimentos y la circulación en rutas nacionales.
Las movilizaciones provocaron pérdidas económicas que fluctúan entre 10 y 20 millones de dólares por día de bloqueo, afectando al sector productivo y al turismo del país, según estimaciones del Gobierno y los sectores productivos.
El conflicto social se extendió por varios días hasta que el Ejecutivo y los sectores movilizados llegaron a un acuerdo el 11 de enero, que incluyó la abrogación del Decreto Supremo 5503.
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