Chumacero, director de Fundación Tierra. Foto: Captura de pantalla
Aunque Bolivia ha logrado sanear y titular el 94% de su superficie agraria en los últimos 25 años, el ejercicio real de los derechos territoriales —especialmente de pueblos indígenas y comunidades campesinas— continúa enfrentando obstáculos estructurales, en un contexto marcado por la persistencia del modelo extractivista y la ausencia de políticas públicas orientadas a la gestión sostenible de los territorios.
Los derechos territoriales son el conjunto de derechos que tienen pueblos, comunidades o colectivos sobre un territorio determinado, no solo como espacio físico, sino como un lugar vinculado a su identidad, cultura, formas de vida y subsistencia.
Esta fue una de las principales conclusiones expuestas durante el conversatorio virtual “Perspectivas y desafíos para el ejercicio de los derechos territoriales”, organizado por la Coalición Nacional por la Tierra (CNT), una plataforma interinstitucional conformada por organizaciones como Fundación Tierra, CERDET, CEJIS, CENDA e IPDRS, que promueve un enfoque de derechos en el debate agrario y territorial.
Durante el encuentro, el director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, señaló que el proceso de saneamiento ha permitido regularizar cerca de 96 millones de hectáreas y emitir más de 1,5 millones de títulos agrarios, beneficiando a más de tres millones de personas, lo que resolvió en gran medida la histórica inseguridad jurídica sobre la tierra. Sin embargo, advirtió que el principal desafío ya no es la titulación, sino lo que ocurre después.
Uno de los avances más relevantes del proceso agrario ha sido el reconocimiento de la propiedad colectiva. En Bolivia se han titulado más de 26 millones de hectáreas como territorios indígenas originarios campesinos (TIOC), distribuidos entre tierras bajas y tierras altas, beneficiando a cerca de 400 territorios. No obstante, Chumacero alertó que este reconocimiento ha quedado, en muchos casos, en el plano formal, sin políticas estatales que fortalezcan la gestión territorial, productiva y ambiental de estos espacios.
«El problema es que este reconocimiento se ha quedado en el título, pero no se ha trabajado contundentemente en crear las capacidades para hacer una gestión sostenible de los territorios y que los propietarios de estos puedan emplear los recursos del bosque, de la tierra, para satisfacer sus necesidades en un mundo cada vez más moderno y globalizado», señaló el expositor, al aletar que actividades mineras, hidrocarburíferas y agroindustriales representan una amenaza constante para los territorios colectivos.
El conversatorio también puso en evidencia que, más allá del actual contexto político, persiste una matriz de desarrollo centrada en el extractivismo y en la disputa por los recursos naturales, particularmente la tierra y el agua. Esta continuidad, señaló Ruth Bautista, integrante del IPDRS, limita el ejercicio pleno de derechos territoriales conquistados tras décadas de lucha social y política.
A ello se suman problemas estructurales no resueltos, como el minifundio en valles y altiplano, que debilita la sostenibilidad del agro familiar y empuja la migración del campo a la ciudad; así como la falta de una articulación entre la política agraria, la normativa ambiental y la gestión forestal, lo que dificulta avanzar hacia modelos productivos sostenibles.
Desde la CNT se remarcó que garantizar los derechos territoriales no puede reducirse a la entrega de títulos de propiedad, sino que implica asegurar condiciones reales para el ejercicio de derechos colectivos, como la autodeterminación, la consulta previa libre e informada, y el acceso a políticas de desarrollo que respeten la vocación del suelo y la sostenibilidad ambiental.
La exposición de Chumacero concluyó con un llamado a reorientar la agenda agraria del país hacia una nueva etapa, en la que el Estado fortalezca la institucionalidad, promueva la participación social y deje de concebir los territorios únicamente como espacios de disputa económica para reconocerlos como base de derechos, vida y futuro para las poblaciones rurales e indígenas.
Aquí puede ver el conversatorio:
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