Organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos presentaron el 12 de enero una denuncia ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental por el incumplimiento de la resolución que ordena una pausa ecológica para proteger al jaguar y su hábitat en áreas protegidas, entre ellas la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija. La acción también denuncia la persistente criminalización de defensores ambientales.
La denuncia se sustenta en la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, emitida en abril de 2024, que estableció medidas precautorias para la conservación del jaguar, incluyendo la suspensión de actividades extractivas en zonas de incidencia directa e indirecta. Sin embargo, los denunciantes advierten que licencias ambientales posteriores —como la otorgada en julio del mismo año a empresas hidrocarburíferas— habrían sido emitidas sin considerar dicha pausa ecológica.
Daniela Justiniano, representante de la organización Alas Chiquitanas, explicó a Sumando Voces que el Tribunal Agroambiental reconoció a las organizaciones como defensoras medioambientales y que existen registros oficiales que confirman la presencia del jaguar en Tariquía. “Existen registros, incluso de la propia (empresa) YPFB, por lo que no se puede alegar desconocimiento. La información existe y fue generada por el Estado», señaló
Aquí puede leer un estudio completo sobre los registros del jaguar en Tariquía:
Registros-de-Jaguar-Panthera-onca-en-TARIQUIA-el-sur-de-Bolivia-Andes-tropicales-y-Chaco-boreal-Texto-del-articulo-8031-2-10-20250402-1Según Justiniano, el problema no se limita a un solo proyecto. “No estamos hablando de un pozo aislado, sino de varios, dentro de una cadena de irregularidades que se arrastra desde hace más de una década”, afirmó. Recordó además que el propio Estado reconoció que el pozo Artilleros no debió contar con licencia ambiental, al estar ubicado en una zona de uso moderado no extractivo.
La denuncia presentada ante el Tribunal Agroambiental plantea, entre otros puntos, la suspensión inmediata de toda actividad extractiva en áreas protegidas y en las Unidades de Conservación del Jaguar, la imposición de sanciones económicas a Petrobras Bolivia S.A. por ejecutar actividades dentro de estas zonas y la realización de auditorías técnicas, jurídicas y financieras al cambio del Plan de Manejo de Tariquía y al uso de recursos de compensación ambiental transferidos por YPFB al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
El reclamo se suma a las demandas expresadas por la ciudadanía durante la Audiencia Pública realizada el viernes en Tarija, donde se exigió de manera unánime una auditoría integral de todo el proceso vinculado a las actividades petroleras en la reserva. La consigna fue clara: no basta con revisar una sola licencia ambiental, sino todo el entramado administrativo y legal que permitió la intervención en el área protegida.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares ambientales para suspender temporalmente el proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, en el Bloque San Telmo Norte, operado por Petrobras. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la acción busca evitar daños irreversibles mientras se revisa el cumplimiento de la normativa ambiental y de derechos humanos, priorizando la protección del medio ambiente y de las comunidades campesinas de Chiquiacá.
Justiniano advirtió que la continuidad de estas acciones podría comprometer la responsabilidad del actual gobierno. “Seguir avalando irregularidades anteriores convierte al Estado en corresponsable. Hoy está en sus manos rectificar lo ocurrido o profundizar las vulneraciones”, afirmó.
Los defensores también esperan que el Tribunal Agroambiental reconozca formalmente a los defensores de Tariquía como defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, conforme al Acuerdo de Escazú, y disponga el cese inmediato del amedrentamiento y la judicialización de la protesta ambiental.
Respecto a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Agroambiental, en conferencia de prensa y a la cabeza de su presidenta Roxana Chávez, informó que la demanda de medida precautoria en favor de la reserva de Tariquía recibirá la prioridad necesaria y se garantizará transparencia e imparcialidad.
“La defensa del agua, de la vida y del futuro de Tarija no puede ser criminalizada”, subrayó Justiniano. “Este no es solo un conflicto por un pozo, sino por un modelo que pone en riesgo un ecosistema estratégico y el derecho de la población a un medio ambiente sano”.
Mientras se aproxima la audiencia fijada para este jueves 15 de enero y la Asamblea convocada por el Comité Cívico de Tarija, organizaciones y ciudadanía anunciaron que se mantendrán en vigilia. “Defender el medio ambiente no es un delito, es un deber”, reiteraron.
Jorge Campanini, investigador del CEDIB, contextualizó el conflicto de Tariquía en el programa Mañana es mejor: “Este conflicto que estamos viendo es el resultado de una aplicación de políticas que se han dado hace ya muchos años; el conflicto de Tariquía tiene ya en resistencia cerca de 10 años”. Según Campanini, la tensión actual no surge de manera espontánea, sino como consecuencia de decisiones políticas y administrativas que han marcado el rumbo de la reserva a lo largo del tiempo.
El experto añadió que el conflicto se intensificó tras la emisión del Decreto Supremo 2366 en 2015, que permitió la exploración de hidrocarburos dentro de áreas protegidas. “En el caso concreto de Tariquía —explica— han modificado su plan de manejo en 2014 para que, curiosamente, calcen los proyectos hidrocarburíferos dentro de la reserva. Es decir, se ha cambiado la zonificación interna del Plan de Manejo de Tariquía para que coincidan con estos proyectos petroleros, algo que llama mucho la atención y que ha sumado nuevos elementos al conflicto”.
También le puede interesar:
