Diálogo entre la COB y el Gobierno. Foto cortesía
Mientras el conflicto social en torno al Decreto Supremo 5503 sigue abierto, el debate se traslada también al ámbito judicial. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió una acción popular contra esta norma y programó audiencia pública para el viernes 9 de enero a las 13:00, en medio de movilizaciones y negociaciones aún inconclusas entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).
La acción fue presentada por el abogado Wilmer Vásquez, quien cuestiona la constitucionalidad del decreto vigente desde el 17 de diciembre. Según el recurso, varios artículos vulneran principios establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), además de afectar la seguridad jurídica. La resolución judicial señala que la audiencia fue fijada considerando la necesidad de diligenciar comisiones instruidas en las ciudades de Sucre y La Paz.
El recurso no solo apunta al presidente Rodrigo Paz, sino también a otras instancias del Estado, entre ellas la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, ampliando el alcance institucional del proceso.
El Decreto 5503 contempla, entre otras disposiciones, la eliminación de la subvención a los combustibles y ajustes económicos que generaron un fuerte rechazo de sectores afiliados a la COB, los cuales activaron protestas y medidas de presión en demanda de su abrogación. Pese a ello, este miércoles el ente matriz de los trabajadores decidió reinstalar el diálogo con el Ejecutivo.
En ese contexto, reapareció públicamente el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, tras un día de ausencia luego de un operativo policial en instalaciones donde se encontraba alojado. A su llegada a la Casa Grande del Pueblo, Argollo afirmó que el objetivo del diálogo es destrabar el conflicto y alcanzar una salida consensuada. “Tiene que ganar Bolivia”, sostuvo, al señalar la necesidad de lograr acuerdos.
Aunque la COB mantiene su rechazo al Decreto 5503, planteó la posibilidad de que el Gobierno emita una nueva norma para tratar específicamente la eliminación de la subvención y los bonos sociales, dejando el resto de las medidas económicas para su tratamiento legislativo en la Asamblea.
Al momento, el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana continua, mientras el futuro del decreto se define tanto en la mesa de negociación como en los tribunales.
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