Foto referencial de la Reserva Pilón Lajas, en Beni. Foto: Samantha Carpio
ANF para Sumando Voces
Las organizaciones de la sociedad civil y defensa del medioambiente ven una incipiente política y estrategia medioambiental del gobierno de Rodrigo Paz; mientras que el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, retruca y asegura que existe una clara visión depositada en el desarrollo sostenible.
El presidente Rodrigo Paz en su discurso de posesión (8.11.2025) planteó que “no más un divorcio entre crecimiento y naturaleza”, sino un enfoque del “Gobierno del futuro verde”. Mientras asumía su mandato, los Estados se alistaban para participar de la Conferencia de las Partes COP 30, un órgano que toma las decisiones para la lucha contra la crisis climática.
Para la activista del Colectivo Lucha por la Amazonía Boliviana, Daniela Arratia, la política gubernamental contra los grandes problemas medioambientales producto del extractivismo aún es incierta, está clara la opción del Gobierno y se resume en que “hay Ministerio de Minería, pero no hay Ministerio de Medio Ambiente”.
Cree que no es relevante la preservación del medio ambiente y que esto se refleja en la decisión de lograr una mayor exportación de carne, lo que derivaría en más incendios, de promover la explotación de litio, lo que representa la disminución de agua en los Lipez; y la negativa de reunirse con los movimientos medioambientales.
“Jamás le ha importado la vida porque nunca se ha reunido con los movimientos ambientales y ningún candidato ha participado de los varios foros de la ciudadanía (en la campaña electoral). Nunca han asistido (…) Tampoco se reúne con los pueblos indígenas”, reclamó.
El viceministro Ávila retruca y sostiene que el Gobierno tiene una política clara que se basa en tres pilares y una visión orientada al desarrollo sostenible. “Sí, va a haber un profundo cambio, especialmente de comprensión, de entendimiento y de proyección de la variable medioambiental”.
Explica que la disolución del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas responde al criterio de recuperar la esencia medioambiental con la que nació en los años 90, cuando el tema era parte del Ministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible.
Cristian Flores, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), sumó otra preocupación, sobre cómo se va a estructurar el nuevo plan de desarrollo, “se genera otra estructura o mantiene la anterior del plan de desarrollo económico y social, la prioridad que se va a tener en el sector ambiental”.
El Gobierno ha anunciado que el Plan de Desarrollo va a marcar un nuevo modelo económico y que según su promesa electoral no tendrá como base el extractivismo. Ávila sostiene que medio ambiente será un “generador de desarrollo”, además de ser proactivo en toda la cadena medioambiental.
El Movimiento Ecologista Boliviano, conformado por varias instituciones, al cuestionar la designación de autoridades vinculadas al agronegocio, mencionó varios problemas que enfrenta el país: deterioro ambiental acelerado como la pérdida de bosques, contaminación por agroquímicos y mercurio, reducción de fuentes de agua y afectaciones a la salud pública.
Una de las principales alertas es la estrecha relación del gobierno con uno de los sectores económicos más poderos del país, como es el agronegocio, lo que se refleja en el nombramiento de Óscar Justiniano como ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua; del empresario agroindustrial Fernando Romero como titular del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, lo que significa un conflicto de intereses.
“En un anterior gobierno teníamos un doble discurso. Ahora, en este gobierno ya se llega a cogobernar con la agroindustria, clara muestra de esto es el hecho que tenemos en la Cámara de Senadores en la Comisión de Tierras a Branco Marinkovic. Tenemos a Óscar justiniano, expresidente de la CAO como ministro”, cuestionó Flores.
Ante la designación de Justiniano como ministro, el movimiento ciudadano “Todos Somos Jaguar” presentó un recurso de revocatoria contra la autoridad. El recurso se amparó en el artículo 64 de la Ley 2341, el artículo 34 de la Constitución Política del Estado y el Acuerdo de Escazú, los cuales garantizan la participación ciudadana en temas ambientales.
Flores también cuestionó que se haya priorizado los acercamientos con los empresarios, agroindustriales y no con aquellos sectores que defienden el medioambiente. Detalló que enviaron cartas solicitando una reunión, pero no tuvieron respuesta.
“Es de conocimiento público los acuerdos, acercamientos con sectores del agronegocio, cámaras agropecuarias. Mientras que nosotros hemos enviado notas haciendo solicitudes para una reunión, a la fecha no hemos tenido respuesta. Entonces, eso saca a relucir que hay ciertos intereses para dar mayor cabida a ciertos sectores”, manifestó.
En relación al tema, el viceministro negó que exista una intención de favorecer a ciertos sectores, dijo que esa lógica responde al pasado, cuando la política medioambiental servía como castigo, pero solo para algunos.
“Aquí no vamos a diferenciar por actores ni favorecer por actores, la norma se tiene que aplicar para todos, absolutamente para todos”, aseguró la autoridad en entrevista con la ANF.
Desmembramiento institucional
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua se ha eliminado. El componente medio ambiental que respondía a un viceministerio ahora es parte de la estructura del Ministerio de Planificación del Desarrollo; mientras que Agua ahora es parte del Ministerio de Desarrollo Productivo Rural.
Ambos activistas coincidieron que se produjo un “desmembramiento institucional” cuando se decidió el cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. “Esto es un retroceso a nuestros derechos humanos, es una vulneración al principio de no regresión porque el Ministerio de Medio Ambiente era un avance a la protección de nuestro medioambiente sano, tan importante en este momento que estamos viviendo una crisis múltiple. Es así de simple”, manifestó Arratia.
Flores comenta que es evidente que el gobierno ha optado por estar más cerca de los agroindustriales que de los defensores del medio ambiente. “Es la percepción que nos deja de momento”, dice, al recordar que durante la campaña electoral se hicieron acuerdos y ahora se deja “relucir de que sí hay ciertos intereses para ciertos sectores”.
Ávila dijo que no se trata de un desmembramiento ni una disolución, ya que todas las competencias se mantienen, pero ahora desde dos viceministerios que son parte de dos estructuras ministeriales.
“La estamos llevando a cabo desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medioambiente y en el tema específico de aguas a través del Viceministerio de Agua y Servicios Básicos que hoy depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ninguna de las atribuciones que tenía el ministerio respecto a la regulación ambiental ha desaparecido, ninguna. Todas han sido traspasadas y se tienen que cumplir”, afirmó el viceministro.
COP 30 y sus resultados
Con relación a los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP), Arratia advirtió que ninguno de los gobiernos de turno cumplió con los compromisos que se asumieron en ese encuentro internacional, porque no existe voluntad política ni interés por parte de los gobernantes.
“Por más que quieran mostrar que Bolivia tiene rostro de protección ambiental, tanto el anterior gobierno con un doble discurso jamás lo ha cumplido. Mientras que con este gobierno existe un retroceso, prueba de ello es que incluso el Tribunal Agroambiental no tiene una base procedimental, a eso se suma el cierre del Ministerio de Medio Ambiente”, añadió.
Al respecto, Flores recordó que en la COP 29 que se realizó en Nueva York, en 2024, se acordaron 32 puntos y el gobierno de Luis Arce solo cumplió con dos. Mientras que el actual mandato no tuvo tiempo para planificar su participación en ese encuentro.
“En esta COP que se realizó en Brasil, hay que recordar que el actual gobierno se posesionó el 8 de noviembre y el encuentro comenzó el 11. Entonces, en esos tres días no han tenido un tiempo oportuno de planificación, no se asumió una posición sobre ese aspecto en el proceso de transición, ellos sabían que eran gobierno y las tareas que estaban pendientes”, indicó.
El vicepresidente Edmand Lara viajó a Belém do Pará, en Brasil, para asistir en la COP-30, donde ratificó su disposición de apostar por el desarrollo sostenible y fortalecer las leyes de protección de la biodiversidad.
“Los incendios destruyen 2,6 millones de hectáreas cada año. El gobierno anterior no impulsó normas ambientales reales; nosotros tenemos una visión clara y firme: establecer una agenda de cooperación seria, fortalecer nuestras leyes y proteger nuestros bosques y biodiversidad”, afirmó.
¿Los bonos de carbono, una solución ficticia?
Los bonos de carbono son un certificado o método de compensación de emisiones de dióxido de carbono (CO2), que permiten tanto a empresas como a personas reducir el impacto de su huella de carbono, a través de proyectos sostenibles de reforestación, energías renovables, entre otros, para compensar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Ahora es común hablar de los mercados de bonos de carbono a los que acceden empresas y países desarrollados que son contaminantes del planeta y que financian estas iniciativas para cumplir sus metas ambientales, incentivando la conservación y desarrollo sostenible.
La activista Daniela Arratia resume que los “bonos de carbono prácticamente es ver a la naturaleza como mercancía, como una moneda de cambio”. Es decir “vender la protección de este bosquecito, mientras estoy quemando hectáreas y hectáreas de bosque”.
“Es una lavada de cara. Eso es lo que nosotros llamamos green washing, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno? ¿Por qué, por ejemplo, nos hablan de un gobierno verde, de un gobierno green?”, cuestionó.
El Gobierno cree que es necesario preservar los bosques y las áreas protegidas como un patrimonio natural que permitirá acceder a “financiamiento climático o el tema de los bonos de carbono, bonos de biodiversidad, canje de deuda por naturaleza, en fin, todos esos esquemas que la comunidad internacional, que el derecho internacional público tiene ya regulado para poder usarlo”.
También te puede interesar:
