Defensores de derechos. Foto: Yolanda Salazar
En Bolivia, quienes protegen el territorio, los derechos de las mujeres, las infancias, el medio ambiente, la libertad de prensa, la identidad de género u otras causas trabajan en condiciones de inseguridad, hostigamiento, amenazas, persecución y criminalización que forman parte de su rutina, mientras el país carece de una política pública efectiva que garantice su integridad. A pesar de ello, los defensores mantienen su voz activa y firme, aunque con una sensación creciente de vulnerabilidad y desamparo.
En un estudio del Comité Nacional de Defensores de Derechos Humanos, publicado este año, se advierte de este “profundo sentimiento de indefensión”, derivado de la ausencia de mecanismos reales de protección. Según una encuesta incluida en ese informe, el 68% de las y los defensores se siente “altamente inseguro” debido a la hostilidad de autoridades estatales.
El Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS confirma la tendencia: las vulneraciones pasaron de 59 casos en 2022 a 93 en 2024, con 32 nuevos hechos solo entre enero y agosto de este año. Los índices de vulneración a las mujeres defensoras se acrecientan cada año y quienes más vulneran a este sector son la Policía, el Ministerio Público, autoridades estatales y también personas particulares.
A la falta de protección se suma la normalización del riesgo. “En los últimos años los defensores estuvimos en situación de vulnerabilidad; no ha habido un entorno protector, no hay una norma que se encargue de defender a los defensores de derechos humanos y esto debe cambiar”, señala Sonia Martínez, integrante de la Alianza de Defensores de Derechos en Tarija.
Sin respaldo institucional, los defensores han tenido que recurrir a mecanismos propios para reducir su exposición: pronunciamientos, denuncias públicas, uso estratégico de redes sociales y protestas para visibilizar vulneraciones.
“Al no tener dónde recurrir, creo que a veces simplemente te la tragas y piensas ‘bueno, ya pasó’ y esto hace que normalicemos mucho la violencia, en especial en la defensa ambiental, se convierte en algo cotidiano y no está bien que se normalice la violencia”, relata la defensora ambiental Daniela O., quien admite que el desgaste emocional se ha convertido en parte del trabajo cotidiano.
Daniela cuenta que defender los derechos ambientales de territorios indígenas es “un camino duro” porque hay mucha represión en las protestas pacíficas cuando alzan su voz en contra de la minería, por ejemplo, y que la Policía es el principal represor “¿cómo se puede confiar en instituciones que también son parte de la vulneración?”, cuestiona.
Ella y su colectivo decidieron utilizar máscaras de animales en las protestas que realizaron en Cochabamba en 2019 en defensa del medioambiente rechazando el extractivismo, y usaron estas caretas como “un mecanismo de protección” para no ser reconocidas, para que no haya represalias, para no recibir amenazas y para que el temor no las calle.
Daniela se siente desprotegida por el Estado, que a su juicio, no está garantizando los derechos de los defensores, y que se está “normalizando” la violencia hacia quienes alzan la voz por otros.
Un decreto cuestionado
La respuesta estatal tampoco genera confianza, enfatiza el Coordinador de la Fundación Veeduría Ciudadana de los Derechos Humanos, Miguel Ángel Tapia. En octubre, el gobierno de Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 5478 que crea el Comité de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, dependiente del extinto Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, cartera que fue disuelta. Para Tapia, el mecanismo no tiene “pies ni cabeza”, por lo que no es efectivo.
Los defensores también observaron que esta norma se elaboró “sin consulta” a ellos, “sin un presupuesto” claro, “sin independencia” y sin diálogo, por lo que no representa las necesidades reales de los defensores.
Por ello exigen su abrogación y trabajar en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, propuesta construida en varios encuentros departamentales y consolidada por más de medio centenar de defensores durante un encuentro nacional realizado en Cochabamba en noviembre de este año, organizado por UNITAS. La propuesta de normativa, en coherencia con los estándares de derechos humanos, establece que una obligación del Estado es “crear condiciones reales para prevenir ataques y brindar apoyo” cuando ocurran riesgos físicos, legales, digitales, que haya protocolos claros para denunciar y crear un “mecanismo nacional de protección” que reaccione ante casos de emergencia, analice los riesgos y decida medidas.
“La normativa para los defensores debe permitir condiciones de trabajo autónomas, sin injerencia política, y cumplir con la celeridad, la oportunidad y la legitimidad necesarias”, recalca Martínez. Mientras tanto, muchos se amparan únicamente en el Acuerdo de Escazú, que incluye disposiciones para proteger a quienes defienden el medioambiente y permitirles el acceso a información pública.
Para Tapia esta propuesta de ley es importante porque es el resultado de un trabajo largo y de construcción colectiva con los propios defensores que plantearon “sus vivencias (y) sus necesidades” para generar un mecanismo de resguardo y protección.
La Defensoría del Pueblo alertó en su informe de 2024 que Bolivia no cuenta con una política integral para proteger la vida, integridad y labor de los defensores. Organismos de Naciones Unidas han expresado preocupación por las denuncias de violencia, intimidación, represalias y uso indebido de procesos judiciales contra quienes defienden derechos y quienes ejercen el periodismo.
En 2014 el Estado de Chequia en el marco del Examen Periódico Universal recomendó a Bolivia “garantizar la protección de defensores de derechos humanos”, lo mismo sucedió en 2019 para que exista un “entorno seguro y propicio”, este año nueve países recomendaron al país formular una política pública integral o un “marco jurídico de protección”
En un país donde defender derechos implica exponerse a amenazas, desgaste emocional y represalias, la ausencia de un sistema de protección integral profundiza la crisis. La exigencia de los defensores es concreta: una normativa legítima, participativa y eficaz que garantice su seguridad y les permita continuar con su labor sin miedo.
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