El mercurio contamina los ríos de donde los indígenas se proveen de pescado.
La contaminación por mercurio derivada de la minería de oro se ha convertido en uno de los problemas sanitarios y ambientales más graves de la Amazonía, afectando a comunidades indígenas y ecosistemas de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Surinam.
El informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA) advierte que la expansión de la minería aluvial, en gran medida ilegal o semilegal, está incrementando los niveles de exposición al metal tóxico en una escala sin precedentes.
El documento señala que el mercurio utilizado para separar el oro contamina ríos, peces y suelos, y termina acumulándose en los cuerpos de las personas que dependen de estos recursos para su alimentación. Los pueblos indígenas enfrentan los mayores riesgos debido a su estrecha relación con los ríos y la pesca.
En Bolivia, comunidades ese ejja, tacanas, mosetenes y lecos presentan signos de exposición crónica, mientras que en Brasil los yanomami registran niveles considerados de emergencia sanitaria. En Colombia y Perú, la contaminación afecta a pueblos asentados en las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Madre de Dios; y en Venezuela y Surinam, el problema se agrava por la presencia de organizaciones mineras y criminales que operan sin ningún control ambiental.
Los impactos sobre la salud son severos. El informe recuerda que el mercurio afecta el sistema nervioso, provoca daños irreversibles en el desarrollo cognitivo de niños y genera problemas cardiovasculares y reproductivos en adultos. A nivel ecológico, el metal se acumula en peces depredadores, altera cadenas alimentarias, reduce poblaciones de fauna acuática y deteriora la calidad del agua en zonas donde los ríos son la única fuente de consumo.
En Bolivia los daños no son solamente ocasionados por el mercurio. El informe alerta sobre débil control estatal y expansión en áreas protegidas, con riesgos crecientes para la Amazonía.
La CMIA subraya que, pese a los compromisos ambientales firmados por los países amazónicos, los controles siguen siendo insuficientes, y la minería ilegal continúa expandiéndose incluso dentro de áreas protegidas.
Con miras a la COP30 en Belém en 2025, las organizaciones consideran que existe una “oportunidad histórica” para que los gobiernos asuman compromisos coordinados que articulen justicia climática, control de la minería ilegal, protección de la biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas. Entre las recomendaciones se incluyen marcos regulatorios para la cadena global del oro, cooperación regional en el combate a ilícitos, financiamiento para prácticas agroforestales sostenibles y mecanismos internacionales de vigilancia y rendición de cuentas.
El documento concluye que la crisis del mercurio es regional y requiere una respuesta coordinada. Propone reforzar el monitoreo transfronterizo, regular estrictamente la cadena del oro, aumentar la vigilancia en zonas remotas y garantizar la protección sanitaria de las comunidades indígenas afectadas. Sin estas medidas, advierte la coalición, la Amazonía podría enfrentar daños irreversibles tanto para sus pueblos como para su biodiversidad.
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