Editorial Sumando Voces
La sequía que golpea a gran parte del país no es solamente un fenómeno natural, es también el efecto de la irresponsable depredación del medio ambiente que corre por cuenta de toda la humanidad y particularmente de modelos de desarrollo basados en el extractivismo, la agroindustria a gran escala, la deforestación, la degradación de los suelos y el consumismo.
Bolivia es un caso paradigmático, en el sentido de que existe un gobierno que dice estar consciente sobre las causas de la sequía, pero que no hace mayor esfuerzo por cambiar el modelo de desarrollo ni por prevenir los efectos devastadores del cambio climático.
El presidente Luis Arce y sus ministros recorren foros internacionales predicando en favor de la preservación del medio ambiente, pero internamente promueven el extractivismo en parques nacionales, permiten que los mineros cooperativistas contaminen los ríos con mercurio, hacen muy poco por evitar los incendios forestales y alientan la deforestación con autorizaciones para grupos de poder y sectores sociales fieles al denominado proceso de cambio.
Existe una relación obvia entre la deforestación de la Amazonía, a través de chaqueos y quemas descontroladas, y la falta de lluvias en el país, pero, tal parece que las autoridades se tapan los ojos ante esa realidad.
Por eso, no deja de ser una hipocresía que luego lamenten los efectos de la sequía, como lo ha venido haciendo el ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez. “A veces nos sentimos impotentes frente a esta crisis, ojalá nosotros hubiéramos ocasionado este problema, este problema fue ocasionado por este sistema liberal, sistema capitalista, extracción de recursos naturales”, señaló la autoridad evadiendo la responsabilidad del Estado.
Y frente a la emergencia no se le ocurrió mejor idea que lanzar una campaña de ahorro del agua porque, según dijo, la gente en la zona Sur de La Paz sigue regando sus jardines y lavando sus autos con agua potable. La irresponsabilidad no es únicamente de esos ciudadanos, sino de un gobierno que no asume la defensa del medio ambiente como una política de Estado y que se acuerda del tema del agua cuando las reservas empiezan a declinar.
Si bien existen ciudades en situación crítica por la escasez de agua, como es el caso de Potosí, la mayor afectación está ocurriendo ahora mismo en el área rural. Según datos del ministro Méndez, 39 municipios están afectados por este fenómeno, con un total de 27.808 familias y una superficie de 5.958 hectáreas.
Sin embargo, sus datos no coinciden con los del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, quien dio cuenta de 290 municipios que se declararon en emergencia o en desastre por la sequía.
Más allá de la gran diferencia entre 39 y 290 municipios, lo importante es que miles de personas están sufriendo por la sequía, fenómeno que se agrava por los incendios forestales, que ponen en riesgo las vertientes de agua y los arroyos, de donde consumen seres humanos y animales.
Somos conscientes de que el régimen de lluvias está cambiando, pero lo que no cambian son las políticas de prevención de desastres naturales y mitigación de los efectos del cambio climático en nuestro país.
