Organizaciones y familiares hicieron vigilancia para la aprobación de la norma. Foto: Comunidad de Derechos Humanos
En tiempo récord, el proyecto de ley de “Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidios” fue sancionado este miércoles en la Cámara de Senadores y se dispuso su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En menos de una hora y luego de aprobarse en la sesión su tratamiento por dispensación de trámite, la norma fue aprobada en sus estaciones grande y detalle. No hubo ninguna observación entre los senadores presentes.
Los 21 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición final y una disposición derogatoria recibieron el apoyo mayoritario de los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición.
“No podemos dejar en la intemperie a familias o víctimas por hechos de feminicidio, es importante, fundamental y vital que el Estado se encargue y, por tanto, a partir de la sanción, corresponde la promulgación de manera inmediata”, dijo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
La Comunidad de Derechos Humanos, que agrupa a las instituciones y organizaciones que impulsaron su aprobación, mediante sus redes sociales, exigió «su pronta promulgación para hacer efectiva la protección integral y la reparación que estos niños, niñas y adolescentes merecen» y aseguró que «esta norma representa un paso fundamental en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por la violencia feminicida».
La norma apunta establecer medidas de atención integral y protección social, por parte del Estado, dirigidas a las hijas e hijos que quedan huérfanos como consecuencia de los delitos de feminicidio, asesinato del varón y en casos de homicidio-suicidio de una persona que atravesó una situación de violencia.
Entre las medidas se destaca la creación de un bono económico mensual, no inferior al 20% del salario mínimo nacional vigente, lo que en la actualidad equivale a Bs 550.
Además, garantiza la provisión de paquetes alimentarios, atención psicológica y legal gratuita y especializada, y el acceso prioritario al Sistema Único de Salud (SUS) con cobertura total. Asimismo, se garantiza su permanencia en el sistema educativo y la priorización en programas de vivienda social para los tutores a cargo.
La legislación establece que los beneficios se aplican a las hijas e hijos menores de 18 años y extiende el apoyo hasta los 25 años, si se encuentran cursando estudios superiores.
La aprobación es fruto del trabajo de la Alianza Nacional por los Huérfanos de Feminicidios en Bolivia, integrada por la Fundación Voces Libres, la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, Periódico Digital Erbol, el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, la UMSA, familiares de víctimas, activistas y otras organizaciones comprometidas con la justicia y la protección de la niñez.
«Destacamos, particularmente, el compromiso y trabajo de las proyectistas las diputadas Pamela Alurralde y Betty Yañiquez con quines trabajomos estrechamente», señala la publicación de la comunidad de Derechos Humanos.
La directora de ERBOL, Inés Gonzáles, recordó que el trabajo para impulsar la ley fue conjunto con otras organizaciones aliadas y legisladores que decidieron apoyar la ley y llegar hasta su promulgación, trabajo que incluye a unas 60 organizaciones.
“Ha sido un esfuerzo de dos años y creo que es la prueba más fehaciente de que si hacemos alianzas como sociedad civil y nos organizamos como sociedad civil, podemos lograr cosas interesantes como la de hoy en favor de huérfanos y huérfanas víctimas de feminicidio”, añadió.
El documento será enviado el Ejecutivo para su respectiva promulgación.
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