Carla Ayaviri cuenta la pesadilla que vivió en la cárcel como detenida preventiva hasta que fue sobreseída. Foto: Sumando Voces
“Esta noche van a venir y te van a pegar”, era la amenaza constante que la doctora Carla Ayaviri escuchaba de boca de las propias policías las dos primeras noches que pasó en la cárcel La Merced de Oruro, donde estuvo detenida tres meses. Hasta que las reclusas vinieron, le propinaron una golpiza acusándola de ser la asesina de su propia sobrina, algo que era falso, pero no había poder humano que les hiciera entender tal cosa.
No sólo eso, también le ofrecieron un plato de comida supuestamente envenenada y prohibieron que le dieran agua. Durante 25 días estuvo viviendo en una pequeña celda insalubre “de contención”, donde el baño de pozo ciego y el espacio para dormir estaban separados por una media pared, celda que además llegó a compartir con otras siete detenidas.
La niña Luz, su sobrina, fue asesinada por su tía abuela el 21 de junio de este año, pero fue Carla la acusada de haber ejercido violencia contra la pequeña antes del infanticidio; sin embargo, fue sobreseída recientemente luego de que el juez, fiscal, abogados, policías y ella misma pudieron escuchar la voz de la pequeña que, cuando estaba con vida había sido entrevistada y había señalado que no sufría maltrato de parte de su tía.
Carla es médica y trabajaba en el departamento de hemodiálisis del hospital General de Oruro. Desde enero, cuando murió su hermana y madre de Luz, fue sometida a todo tipo de pruebas para determinar si era la persona idónea para quedarse con la custodia de la niña de siete años.
La niña Luz ya estaba viviendo con Carla unos 3 meses, pero, por disposición del juez, visitaba a su tía abuela los fines de semana. Cuando faltaban unos 15 días para la audiencia definitiva sobre la custodia, la tía abuela asesinó a la niña, según su propia confesión dejada en una carta póstuma, que no fue póstuma porque ella sobrevivió a la ingesta de órganos fosforados.
Enmanillada en la Fiscalía
Pese a todo, la Fiscalía se centró en Carla. Apenas terminó el sepelio, fue detenida y enmanillada en un sillón de la oficina del fiscal Jorge Yucra. Incluso, cuando el fiscal y sus dependientes se fueron a almorzar la sacaron a la portería para dejarla enmanillada. “Yo estaba secuestrada en oficinas de la Fiscalía. A mí no me llevaron a una carceleta, no me llevaron primero a una audiencia, me secuestraron en oficinas de la Fiscalía”, rememora Carla ese episodio.
La denuncia de violencia le había interpuesto la tía abuela de Luz, con unas fotos tomadas meses antes a unos moretes que tenía de las rodillas para abajo, producto de caídas que había sufrido en las gradas. Carla asegura que la niña tenía exceso de peso y displasia de cadera por lo que se caía frecuentemente y se dejaba esas marcas.
Por más que Carla le explicó al fiscal el caso y le dijo que las pruebas estaban en un juzgado de la niñez, no hubo razones que le hicieran cambiar de opinión. Por la noche, Carla fue remitida a una carceleta del juzgado. Al día siguiente el juez dispuso su encarcelamiento en la cárcel de Patacamaya, para que no se cruzara en La Merced con la asesina de la niña. Ella protestó hasta que le hicieron otra audiencia en la misma carceleta y dispusieron su envío a La Merced.
“Te van a pegar”
Era viernes 27 de junio en la mañana cuando Carla fue trasladada a la cárcel, coincidiendo con el cumpleaños de su hija menor. Despojada de todas sus cosas porque iba enmanillada, la llevaron a la celda de aislamiento. Entre tanto, la autora del crimen permaneció dos semanas fuera de la cárcel con el argumento de que estaba recuperándose de su intento de suicidio.
La celda estaba completamente cerrada, pero tenía un rectángulo en la parte inferior por donde le pasaban comida y agua “como a un perro”.
Tras la llegada de “la nueva”, las policías indagaron por qué caso estaba presa. Pese a que ella les dijo que era por un caso de violencia, la guardia que la custodiaba llegó a una temeraria conclusión: “Tú estás por el infanticidio”. Le advirtió que “adentro” ya se enteraron y “te van a pegar, ellas se van a encargar de hacerte pagar lo que has hecho”. Carla intentó hablarles de derechos, de leyes y de reglas, pero la Policía respondió: “aquí adentro las internas tienen sus propias reglas”.
Y, sí, Carla luego se daría cuenta que la carcelera (encargada del control del lugar), era una presa colombiana y que las venezolanas también tenían poder.
La primera noche, estas mujeres asediaron la celda, golpeaban el lugar, le gritaban que era una “asesina” o que había “matado a esa niña”. Pese a todo, sus dos compañeras de celda la tranquilizaron indicando que no había forma de que abrieran el calabozo.
Hasta entonces, Carla no había tenido ningún contacto con su familia ni sus abogados porque no tenía idea que entre sus derechos estaban llamar por teléfono o tomar el sol. Cuando una policía le contó que podía hacer eso, se abalanzó al teléfono para hablar con su hermano. “Marcelo, por favor, tienes que venir mañana domingo y averiguar cómo estoy. Hazme sacar, hasta que tú me veas, no te vayas, porque esta noche me van a hacer algo», le dijo.
Esa noche, las detenidas cumplieron con la amenaza. Según recuerda Carla, la sargento Luna le dio la orden a la sargento Mamani para que abriera la celda y las internas que querían cobrar venganza se abalanzaron sobre ella y la golpearon, mientras la amenazaban con que la iban a matar.
“Yo solo miraba sus manos para ver si tenía algún arma punzocortante, ya me habían amenazado con que iban a utilizar estiletes y cosas así”, cuenta Carla a Sumando Voces.
Esa misma noche sus familiares, acompañados de algunos periodistas, pidieron garantías para Carla en el penal, por lo que al día siguiente, cuando las superioras se ocuparon del caso al menos indagaron por qué habían abierto la celda. Ellas dijeron que era necesario para pasarle agua, aunque el agua se la pasaba por la rendija de abajo.
La comida y el agua
Al día siguiente, le permitieron salir al patio del área de contención, donde apareció una interna ofreciéndole “un platito de comida” porque se habían enterado que fue agredida la noche anterior. Ella no quiso recibir la ofrenda y luego se dio la razón a sí misma porque otra interna le dijo que había escuchado que el plato estaba envenenado.
Luego empezaría la extorsión. Había una mujer que supuestamente la defendió la noche de la golpiza, que le empezó a cobrar por todo y por nada. A eso se sumó la presión psicológica, con amenazas, información falsa sobre su caso… Ella confiesa ahora que pensó muchas veces en quitarse la vida.
“Me han agredido físicamente, me han agredido psicológicamente, me han torturado porque esta señora Vanesa, la carcelera, ha prohibido que se nos pase agua a la celda”. Recuerda que estuvo unos cinco días sin agua.
Con el antecedente del plato supuestamente envenenado, Carla no pudo probar bocado en la cárcel, por lo que su mamá, una mujer de la tercera edad, le llevaba la comida todos los días, aunque se la entregaban muchas horas más tarde.
Luego de 25 días, abandonó la celda de castigo, pero fue dejada en el área de contención, que también está separada del resto de la población. Entonces ya pudo recibir visitas, pero ninguna de esas visitas eran sus hijas, a quienes les habían dicho que su madre se fue a trabajar a un pueblito.
Su abogado, lejos de ayudarla, solo le pedía dinero supuestamente para corromper funcionarios y le instaba a declararse culpable sometiéndose a un juicio abreviado. «Yo no puedo echarme la culpa porque voy a tener antecedentes. Yo soy un funcionario público, yo no puedo tener antecedentes”, decía ella. Tampoco aceptaba pagar porque “yo no voy a ser la billetera de nadie”.
La luz al final del túnel
Las cosas empezaron a cambiar dos meses después, cuando un juez y un vocal llegaron en visita carcelaria. Ahí supo que su abogado le estaba ocultando información y recibió el consejo de cambiar de defensor.
Le dijeron que solo había dos aspectos por desvirtuar y que no ameritaba su detención preventiva. El primero es que Carla representaba un peligro para la víctima, sin embargo, la supuesta víctima estaba muerta; y el segundo, que habría riesgo de fuga, pese a que Carla tenía su trabajo en el hospital, vivía en casa propia, y cuidaba de su madre de la tercera edad y de sus niñas.
Su nueva abogada se encargó de recolectar las pruebas que le faltaban y que estaban en un juzgado de la niñez en el caso por la custodia de Luz. Peritos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, una serie de profesionales habían evaluado y afirmado que Carla era la persona adecuada para cuidar de Luz y no así la tía abuela, que también quería la custodia, pero se la negaban porque era una mujer de la tercera edad, vive en silla de ruedas y tiene problemas de audición.
Según la carta de confesión del asesinato y las investigaciones, la tía abuela tomó la decisión de acabar con la vida de la niña para evitarle sufrimiento junto a su tía Carla y para evitar que ésta se quedara con la casa que heredaría Luz, algo que Carla niega asegurando que la casa estaba en custodia judicial hasta que la niña cumpliera la mayoría de edad.
Un mes antes del crimen, profesionales del Sedeges, de la Defensoría de la Niñez (más conocida como DIO) y del Juzgado de la Niñez habían entrevistado a la niña, quien había declarado que no recibió ningún maltrato. Ese audio fue escuchado en la audiencia por todos los presentes y Carla pudo recuperar su libertad, pero además, logró probar que era inocente.
Busca recuperar su empleo
No obstante, esta historia tuvo otras consecuencias. Estando Carla todavía detenida, llegaron funcionarios del Ministerio de Salud para exigirle que devolviera el sueldo de junio porque solo había trabajado hasta el 25 de ese mes, es decir, casi todo el mes. Cuando ella les preguntó que pasaría con su ítem, le dijeron que a partir del tercer día de ausencia en su fuente laboral, “había sido destituida automáticamente” de su trabajo.
Carla estudió medicina en la UDABOL, recibió capacitación en hemodiálisis, por lo que trabajaba en el hospital general de Oruro primero como contratada y luego con un ítem que logró en 2019.
Luego de haber vivido una pesadilla en la cárcel como detenida preventiva, ahora hace gestiones para tratar de recuperar su trabajo, porque con eso mantenía a sus dos hijas y a su madre, pero no ha logrado que las autoridades la reciban y solo ha podido dejar una carta para la Ministra a través de un enlace virtual.
“Los funcionarios me han dicho que no puedo tener contacto ni siquiera con el jefe de recursos humanos”, señala con pesar.
Mientras hace trámites y viaja a La Paz para tratar de recuperar su fuente laboral, también se ocupa de sanar a su familia. De hecho, una de sus hijas se enfermó, terminó internada tras haber vivido tres meses con depresión.
La historia de Carla puede ser la de cualquier otro boliviano o boliviana, porque actualmente, en las cárceles existen más de 19 mil encarcelados con “detención preventiva”, un mecanismo del que las autoridades hacen uso y abuso, según diversos informes sobre la situación de la justicia en Bolivia.
Pero, en el caso de Carla, no solamente hay vulneraciones de parte del sistema judicial, sino que una vez comprobada su inocencia ahora el mismo Estado se niega a escucharla para recuperar su fuente laboral.
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